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Guillermo Bentancourt pertenece al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), tiene 43 años, tres hijos, y trabaja en el sector de fabricación de cúpulas de Techint. Desde su ingreso a la fábrica, en 1999, fue electo tres veces delegado de su sector. Hace tres años la empresa le inició juicio de desafuero y a los pocos meses la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Campana lo expulsó del sindicato, junto a otros seis trabajadores. Después de ese episodio, fue suspendido dos veces. A instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación intervino su par provincial, que ahora deberá decidir si la empresa violó los derechos sindicales de sus trabajadores.

“La práctica persecutoria de Techint sobre el delegado es ilegal y busca sentar el nefasto precedente de avasallar una conquista de los trabajadores: los fueros y la tutela sindical”, denunció el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), como parte de la campaña de defensa de Bentancourt. “Vienen de 30 años en los que nadie los cuestionó, pero empezamos a marcar su papel durante la dictadura”, dijo el delegado de Tenaris Siderca a Página/12. El Ceprodh denunció al grupo Techint por haber tenido su planta militarizada durante ese período, con un campo de exterminio pegado al predio y 48 trabajadores desaparecidos.

El juicio por desafuero y la expulsión de la UOM se realizó en 2009, durante un conflicto laboral en el que los delegados presionaban para exigir asambleas que continuaran la lucha por el salario. Ante estas expulsiones, se produjo una campaña que reunió las adhesiones de Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Elia Espen y otras personalidades. Pero la expulsión se impuso y Bentancourt no pudo presentarse a la elección de delegados, aunque en su sector 200 de los 220 habilitados para votar lo reconocieron como su representante. La Justicia laboral, además, desechó el pedido de desafuero. La empresa lo suspendió, pero sólo por cinco días y no por 25 como había establecido en un principio.

Ahora la empresa volvió a suspenderlo por siete días por un supuesto incumplimiento de relevo de puesto. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires debe resolver ahora si la empresa violó los derechos sindicales.