Ricardo Jaime está muy cerca de tener que sentarse en un juicio oral por haber recibido dádivas de empresarios de transporte a quienes debía controlar, que le pagaron viajes de placer y de fin de semana –en aviones privados– a Brasil, Uruguay y el interior del país. La Sala I de la Cámara Federal rechazó ayer el planteo de los abogados del ex funcionario, que estuvo al frente de la Secretaría de Transporte desde 2003 hasta mediados de 2009, quienes reclamaban la producción de medidas de prueba y la nulidad de la elevación a juicio que hizo el fiscal Guillermo Marijuán en diciembre último. Se supone que esta decisión precipitará su llegada al banquillo.

El fallo dice que la propia Cámara ya había concluido que “existen elementos de convicción suficientes para estimar que los hechos fueron delictivos” y que Jaime es “prima facie penalmente responsable” con el nivel de certeza que requiere la etapa de instrucción de una investigación penal, que no es total. La producción de determinadas pruebas se puede reclamar durante las audiencias orales, explicaron los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Jaime fue procesado hace un año por el delito de “dádivas” cuando el juez federal Claudio Bonadío consideró probado que había hecho por lo menos catorce viajes, la mayoría en 2007, solventados casi todos por Consorcio Metropolitano de Transporte (Cometrans), Trenes de Buenos Aires (TBA), Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y Ayres del Sur, todos vinculados con el Grupo Cirigliano. En algunos de los taxis aéreos también viajaron su esposa, Silvia Reyss, y sus hijas Julieta y Jimena. La denuncia original la hizo el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido en 2009. Y según los cálculos que se fueron ajustando en la causa el costo de la sumatoria de los vuelos habría superado los 400 mil pesos.

La explicación que dio Jaime en su indagatoria fue que buena parte de los viajes los pagaba su hermano Daniel, que vive en Brasil. Pero el juez, al procesarlo, afirmó que los papeles dicen otra cosa.

Como el delito de recibir dádivas prevé una pena de un mes a dos años de cárcel, se hará un juicio correccional, es decir que no lo sustanciará un tribunal oral sino un solo juez a designar y el fiscal seguirá siendo el mismo de la instrucción de la causa, Marijuán. En su momento también fueron procesados los empresarios que le dieron el beneficio a Jaime, pero es poco probable que lleguen a juicio oral porque la pena máxima es de un año y, por ejemplo, en el caso de Claudio Cirigliano (del Grupo Plaza, que maneja líneas de colectivo, y también está vinculado a TBA), obtuvo la semana pasada un sobreseimiento por prescripción.

También habían quedado implicados Juan Lluch y Gonzalo Patoqui, cercanos a Cirigliano; Gustavo Carmona, de Air Jet; Carlos Colunga, de Mac Air, la empresa de aviones privadas de Franco Macri, entre otros. Bonadío procesó incluso al ex asesor y presunto testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, quien pagó dos viajes dudosos, igual que su hijo Julián Vázquez, a quien se le atribuye el pago de uno. El ex gerente de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas Jorge Oscar Molina se lo imputó por haberle dado un pasaje de gentileza al ex titular de Transporte.

Jaime tiene otro expediente por dádivas. El juez Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo determinaron que ejecutivos de la empresa TEBA, que explota la Terminal de Retiro (a los que Jaime también debía fiscalizar), le pagaron durante varios años el alquiler de dos departamentos que utilizó como vivienda en Retiro. En la causa por presunto enriquecimiento ilícito Rívolo le imputó un incremento de su fortuna cercano a los 6,6 millones de pesos y por eso Oyarbide lo intimó a que justificara cómo hizo para multiplicar sus bienes si cuando ingresó a la función pública declaraba 271 mil pesos. Ahora tendría ocho inmuebles, más de una decena de autos, tres motos, un hotel y lotes, que fue poniendo a nombre de familiares y otras personas y de sociedades dudosas. El fiscal deslizó sospechas de que le pertenecerían también un avión de cuatro millones de dólares y un yate de un millón. Jaime aún no dio explicaciones.

En el expediente de los taxis aéreos el próximo paso es que el juez Bonadío haga una resolución de elevación a juicio y luego se sorteará otro magistrado para que quede a cargo del juicio oral, un pequeño laberinto burocrático que no debería prolongarse demasiado si la intención es evitar que el caso prescriba.