Como cierre de su visita, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, sostuvo ayer que en Argentina existe una “estrategia integral gubernamental para controlar a los medios independientes” y expresó su “profunda preocupación por el estado de la libertad de expresión”. Poco antes, la delegación había recibido una denuncia, avalada por más de mil periodistas, contra los grupos monopólicos que “desconocen la nueva ley de medios, ejercen censura, atentan contra la libertad de expresión y vulneran los derechos sindicales de sus trabajadores”. Marroquín también se reunió con un grupo de periodistas que le entregó el dictamen de la fiscalía que estableció que la apropiación de Papel Prensa por parte de los dueños de los grupos Clarín y La Nación debía considerarse un delito de lesa humanidad.

Tras su visita, durante la cual se reunió con funcionarios del gobierno nacional, legisladores, ministros de la Corte Suprema, políticos de la oposición, empresarios de medios, periodistas, gremialistas y ONG de derechos humanos, la SIP –que agrupa a los dueños de medios del continente– no modificó su habitual mirada.

El copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa, el uruguayo Claudio Paolillo, afirmó: “Defendemos el principio de libertad de expresión, no hemos venido aquí a defender empresas”. En una conferencia de prensa con la cual la SIP cerró su misión, Marroquín acusó al Gobierno de utilizar “la publicidad oficial para castigar o premiar a los medios según su línea editorial, y el uso de medios públicos para hacer propaganda gubernamental”. También mencionó “la creación de legislación que busca la desarticulación de medios independientes para generar un aparato oficial de comunicación, el incumplimiento de decisiones judiciales para el otorgamiento de publicidad oficial o para impedir el bloqueo de la circulación de los medios de comunicación”. Y afirmó que a la SIP “le preocupa una intervención que podría derivar en la nacionalización o estatización de la distribución del papel”.

Al ser consultado sobre la situación de Marcelo Almada –periodista de Misiones que denunció que su programa fue censurado por Cablevisión–, como sobre la no inclusión de la señal infantil estatal Pakapaka, Marroquín respondió que la SIP “no interviene en la línea editorial” de cada medio, sino que “está vigilante sobre lo que el Estado está haciendo en contra de la libertad de expresión”. El presidente de la SIP –que representa al diario Siglo XXI de Guatemala– opinó que la nueva ley de medios “es nefasta totalmente para el control de la información, la decisión de los contenidos editoriales, al extremo que tendríamos que reconocer que la decisión de qué ve en la televisión y qué escucha en la radio el pueblo argentino dependerá del Gobierno”. Y se permitió advertir que “si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no revierte esta situación de ataques permanentes contra los medios, el pueblo argentino perderá otra vez, como en épocas oscuras, la verdadera libertad de expresión”.

Sobre la presunta apropiación de hijos de desaparecidos por parte de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Marroquín afirmó que “hay cosas en las que no se puede opinar, casos que están en tribunales, que son cosas de familia”. La solicitada que se llevó la SIP tiene la firma de Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina, Juan Gelman, Horacio González, Estela Calloni, Norberto Galasso, autoridades de universidades nacionales y de medios regionales, entre otros.