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La Cámara Federal de Rosario dio un paso clave para esclarecer la responsabilidad de jueces en la apropiación de hijos de desaparecidos. El tribunal revocó el sobreseimiento y ordenó reabrir la investigación contra Juan Carlos Marchetti, juez de Menores durante la última dictadura, y Delfín Castro, entonces juez civil, implicados en el proceso irregular de guarda y adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien recuperó su identidad en 1995. La misma medida se extiende a dos asesores de Menores. El fallo señala que no se realizaron medidas básicas para reconstruir cómo fue entregado Manuel, que era un bebé, a personas conocidas y sin realizar el más mínimo intento por hallar a su familia biológica. Los cuatro funcionarios judiciales habían sido beneficiados en abril de 2010 por el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, quien los sobreseyó con el argumento de que la culpa de la supresión de identidad la había tenido la madre del chico, Ana María Granada, asesinada en la llamada Masacre de Juan B. Justo, meses después de la desaparición de su compañero, Gastón Gonçalvez.

El 19 de noviembre de 1976 un centenar de militares y policías federales y bonaerenses rodearon la casa donde vivía Ana María con Manuel, de seis meses, y con otra pareja, los Amestoy y sus hijitos de 5 y 3 años. Todos fueron asesinados en el sangriento operativo menos Manuel, a quien su mamá había escondido en el placard. Los vecinos advirtieron que no se llevaban al chiquito, que finalmente fue hallado y llevado al hospital de San Nicolás por indicación del coronel Fernando Saint Amat, que dio intervención al Juzgado de Menores. El juez era Marchetti, que terminó dando al bebé en guarda a una pareja conocida, Luis Avelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez.

Los abogados querellantes Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibáñez –que representan a Manuel–, la fiscalía federal de Juan Murray, la Secretaría de Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron numerosas irregularidades en los expedientes de guarda a cargo de Marchetti, de San Nicolás, y en la posterior adopción, consolidada por el juez Castro, del departamento de Lomas de Zamora, y ratificada por los asesores de Menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina. Mostraron que no se había hecho nada por dar con familiares del niño (como publicar solicitadas o fotos de la madre), ni se buscó contactar a los parientes o allegados que retiraron los cuerpos tras la masacre. Los documentos que daban cuenta de citaciones serían fraguados, los adoptantes figuraban como casados –no era cierto– y se eludieron los informes socioambientales de rigor en una adopción.

Marchetti, sostuvo la fiscalía, “evitó voluntariamente la identificación” de la familia. “El juez no pudo desconocer en absoluto la situación de Manuel por el contexto en que lo hallaron y las irregularidades fueron tantas que no se puede hablar de desconocimiento”, le dijo Oberlin a Página/12. El argumento de Villafuerte Ruzo para sobreseer a los cuatro funcionarios judiciales doblaba la apuesta: culpó a la mamá de Manuel, ya que tras el secuestro de su esposo el 24 de marzo de 1976 se había ido a vivir a San Nicolás cambiando su nombre y el de su bebé para protegerse. “Quien suprimió la identidad de Manuel desde el momento de su nacimiento fue su madre”, la culpabilizó el juez. Además sugirió que fueron sus familiares los que no habían buscado al chico. La fiscalía retrucó: “El Poder Judicial debió ser el órgano encargado de tutelar el debido proceso y los derechos de las personas”.

La Cámara de Rosario finalmente les dio la razón a la fiscalía y los querellantes y ordenó reabrir la pesquisa contra los funcionarios judiciales por la supresión de identidad de Manuel.