Sergio Schoklender se presentó en el juzgado de Norberto Oyarbide para descargar las culpas sobre el manejo del dinero del proyecto Sueños Compartidos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El ex apoderado llevó copias del estatuto de la organización y del balance del año 2009, para demostrar que no integraba el Consejo de Administración, es decir que no tomaba las decisiones y además que “todas sus gestiones” fueron aprobadas por las autoridades de la Fundación. Así, traspasó la responsabilidad sobre las presuntas irregularidades en el uso de los fondos que recibieron las Madres para la construcción de viviendas a Hebe de Bonafini.

Schoklender llegó cerca de las 11 de la mañana a los tribunales, junto a sus abogados, y no hizo declaraciones. En cambio sí lo hizo Adrián Tecnam, uno de los letrados.

Tecnam planteó que “el Consejo de Administración” de la Fundación “está integrado por Bonafini y tres personas más” y que ellos “gestionaron, auditaron y aprobaron todos los mandatos, entre ellos los de Sergio”.

De este modo, agregó, su cliente busca dejar demostrado que “no se le puede imputar una administración fraudulenta”. “Schoklender no va a ir preso”, señaló además su defensor. “En el balance aparece la deuda con AFIP, igual no significa que alguien se haya quedado con la plata.”

El tema volvió a ocupar un primer plano cuando, el jueves, un grupo de ex trabajadores fueron a la Plaza de Mayo y confrontaron a Bonafini durante la marcha de las Madres. Le reclamaron haber sido despedidos y que la Fundación les quedó debiendo parte de sus salarios. “Reclamen a Sergio Schoklender, que fue quien los echó y nos robó”, les replicó Bonafini. La presentación que ayer hizo Schoklender en el juzgado apuntó a devolverle a ella la pelota.

“En el tema de los reclamos de los obreros, Schoklender no tiene nada que ver. La respuesta de Hebe es poco feliz, además ella firma el balance de la Fundación y es la directora de la Fundación”, criticó Tecnam sobre la respuesta de la presidenta de la Asociación.

Otro aspecto del tema es el de los aportes jubilatorios. El fiscal Jorge Di Lello pidió que la Anses informe en un máximo de 72 horas cuál es la situación en cuanto al pago de cargas sociales de la Misión Sueños Compartidos, ya que la sospecha es que existen deudas impositivas y previsionales. Este diario informó que la propia Fundación de las Madres, en una auditoría interna, había advertido la existencia de esas posibles deudas. Ese fue uno de los argumentos por los que Hebe de Bonafini pidió ser querellante: sostuvo que sus ex apoderados Sergio y Pablo Schoklender defraudaron y endeudaron a la entidad.