Dos funcionarios porteños tendrán que pagar mil pesos diarios de multa por no resolver el problema de la recolección de residuos y la limpieza en las calles de la Villa 20. Se trata del ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y el titular de la Corporación Buenos Aires Sur, Humberto Schiavoni, quienes no cumplieron con una sentencia de octubre de 2007, en la que se les ordenó “efectuar una limpieza completa de las calles interiores” de la villa, ubicada sobre la avenida Escalada, junto a un cementerio de automóviles, en Villa Lugano. La orden disponía prestar especial atención a la calle Albariño, en particular “la cuadra donde se encuentra el comedor La Escuelita”. Como esa orden, a criterio de los vecinos, nunca se cumplió, solicitaron la aplicación de la sanción, que el juez Roberto Gallardo aceptó y ordenó aplicar. Consultado por este diario, Santilli dijo que apelará la medida, ya que “a pesar de que no es mi jurisdicción, hemos cumplido con la medida cautelar el día 6 de junio”.

La demanda fue iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización que patrocina demandas de habitantes de algunas villas porteñas que reclaman por el cumplimiento de los derechos ciudadanos. El reclamo tenía relación con “la escasa instalación de contenedores en el barrio, por lo cual los vecinos se ven obligados a depositar las bolsas de basura en una suerte de piletones, y a la presencia de numerosas familias de cartoneros que hacen su trabajo en la calle Albariño, la principal de la villa”, dijo a Página/12 Mariel Acosta, del equipo de abogados de ACIJ.

En una presentación posterior, la organización solicitó que se disponga un lugar con el fin de “trasladar los cartones acopiados en el ingreso (al comedor), para salvaguardar el derecho al trabajo de quien sindicara el cartoneo como única actividad laboral”.

Gallardo, antes de resolver si aplicaba o no sanciones a los funcionarios por el incumplimiento, dispuso una “constatación judicial” frente al comedor La Escuelita, en la que pudo verificar que “tanto el acceso como las inmediaciones se encontraban obstruidos por enormes cantidades de carros que contenían cartones y demás materiales recolectados” por los cartoneros.

Según explicó Santilli a Página/12, la recolección en la villa es realizada por la UGIS (Unidad de Gestión e Intervención Social), que depende del Ministerio de Desarrollo Económico. “Nos pidieron a nosotros porque somos los que tenemos camiones, que no pueden entrar en la villa, hacen el recorrido perimetral, pero no es nuestra competencia”, dijo.

El problema de la falta de higiene es tal que en la organización social que gestiona el comedor están pensando en cerrarlo, para evitar riesgos mayores. “Hay muy pocos contenedores, por lo que la gente tira las bolsas en unos piletones, de donde los recogen los camiones, de domingo a viernes, por la mañana. Pero el lugar nunca llega a estar limpio. Lo que pedimos no es mucho: un contenedor por cuadra”, sintetizó la abogada Acosta.

El 31 de mayo último, el juez intimó a Schiavoni y a Santilli, bajo apercibimiento de aplicar “una multa de mil pesos por cada día de retardo” a cumplir con la desocupación y limpieza total de la calle Albariño, sobre la que se encuentra emplazado el comedor”, y disponer de un predio para que los cartoneros “puedan utilizar como depósito seguro y apto para los materiales recolectados”. Según Gallardo, tras ser notificados de la resolución, el ministerio, la corporación y la Procuración General de la Ciudad –que los representa legalmente– “no efectuaron presentación alguna tendiente a dar cumplimiento con alguno de los puntos que les fueran ordenados”, o que le permitieran al tribunal “inferir una mínima voluntad” de hacer efectiva la medida.

“Si bien el Gobierno de la Ciudad efectuó sendas presentaciones con miras a acreditar su cumplimiento, de la videofilmación producto de la diligencia realizada el 19 de mayo de 2011 surge que lo expresado por los representantes de la administración local no guarda un mínimo correlato con la realidad”, expresa Gallardo en su resolución.

Lejos de cumplir con la medida, o de solicitar una extensión del plazo para hacerla efectiva, el Gobierno de la Ciudad apeló la resolución del 31 de mayo, con efectos suspensivos de la medida, lo cual, según el juez, “da sobrada cuenta de que no existe voluntad alguna de acatar la obligación judicial impuesta”.

Santilli aclaró que “el 6 de junio hicimos la limpieza de Albariño y presentamos las fotos en el juzgado”. Pero no dispusieron de un lugar para los cartoneros, ni colocaron más contenedores, por lo que el lugar se volvió a contaminar.

“Transcurridos casi cuatro años desde el dictado de la medida cautelar, la situación de los habitantes de la Villa 20 sigue sin resolverse”, dice el juez en su resolución, firmada el martes último. Tras insistir en que “el deficiente sistema de recolección de residuos que tiene lugar en la Villa 20 pone en severo peligro la vida y la salud de sus habitantes”, dispuso hacer efectiva la sanción que consiste en aplicar una multa de mil pesos diarios.