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El comisario inspector Jorge Luis Tejerina no asumirá frente a la Dirección de Antecedentes de la Policía Bonaerense. Sus propios antecedentes hicieron que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo apartara del cargo y esté evaluando su retiro del servicio activo. Luego de que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata denunciara que el hombre se había desempeñado durante cuatro años en la comisaría quinta de La Plata, donde funcionó un centro clandestino de detención, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, pidió un informe a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Jorge Taiana. El documento confirmará lo expuesto por los organismos de derechos humanos y publicado ayer por Página/12.
El pasado de Tejerina comenzó a salir a la luz luego de que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos lo incluyera en un trabajo sobre el funcionamiento de la comisaría quinta durante la última dictadura militar. Allí figuraba su nombre, junto con otros 61 represores. Estos datos sirvieron para fundamentar la denuncia penal que hizo en diciembre el fiscal Félix Crous, pero antes Tejerina fue citado a declarar en el Juicio por la Verdad de La Plata y allí se mostró muy reticente a reconocer que en los fondos de la comisaría había detenidos ilegales. La negación de hechos que ya están comprobados por numerosos testimonios fue sopesada por funcionarios provinciales que evaluaban ayer los antecedentes de Tejerina. Según decían, esta actitud contrastó, incluso, con la de otros policías que aceptaron que en la comisaría había desaparecidos y que tenían contacto con todos los oficiales de la repartición. De hecho, en el Ministerio de Seguridad evaluaban hacer una “recomendación” a los policías que son citados a declarar para que, de una vez por todas, digan la verdad.
El gobierno de Felipe Solá anunció ayer por la tarde oficialmente que suspendió la asunción de Tejerina hasta recibir el informe de la Secretaría de Derechos Humanos. Por la noche se esperaba el documento que confirmará las denuncias de la APDH La Plata, la Asociación de Ex Detenidos y Crous. Pero la decisión de apartar al represor del cargo ya está tomada, falta definir qué pasará con su futuro en la policía. Las opciones que se evaluaban eran desde el “congelamiento” hasta pasarlo a disponibilidad. Otro elemento que se tuvo en cuenta ayer era qué hacer con los otros doce efectivos que siguen en actividad y también fueron denunciados por los organismos de derechos humanos por su comportamiento durante la última dictadura. Cerca del gobernador señalaban que estos efectivos no están procesados por la Justicia y que esto es un impedimento para sancionarlos. En realidad, muchos están en la misma situación de Tejerina: figuran como imputados en la causa en la que Crous pidió la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para juzgar a los ex miembros de la comisaría quinta.
Después de que se hicieran públicos los antecedentes de Tejerina, Solá estaba molesto, casi ofendido. “Hubiera preferido que la Asamblea de La Plata, en lugar de hacer una denuncia pública contra un gobierno que defiende los derechos humanos, se hubiera entrevistado con el ministro Cafiero y en el caso en que no hubiera obtenido una respuesta satisfactoria, recién entonces denunciarlo públicamente”, dijo el gobernador, quien acusó al organismo de derechos humanos de “buscar prensa”.
“Solá falta a la verdad porque no es cierto que no le hayamos avisado al gobierno. El ministro Cafiero tiene los datos desde julio del año pasado. Es nuestro mecanismo habitual, siempre decimos las cosas primero al funcionario, y en este caso fue igual. Es ofensivo que nos diga que sólo queríamos prensa”, respondió Marta Vedio, secretaria jurídica de la APDH La Plata.
En la provincia comentaban que el fastidio de Solá obedecía, entre otras cosas, a que consideraba que se había hecho hincapié en la designación deTejerina y no se tuvo en cuenta que, al mismo tiempo, había sido desplazado el cuestionado jefe de la Departamental de San Nicolás, José Ferrari (ver aparte). Pero ese tema ya había sido tratado por este y otros medios gráficos.
Hace ocho meses, la APDH entregó a Cafiero los antecedentes de Tejerina, junto con los de otros 79 policías que habían sido citados al Juicio por la Verdad y estaban involucrados en violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, había 14 efectivos en actividad. Dos –Mario Mijin y Mario Alberto Jaime– ya fueron pasados a disponibilidad. El resto sigue en su puesto, como hasta ayer Tejerina. “Cafiero dice que está maniatado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero nosotros consideramos que tiene facultades administrativas, independientemente de una Justicia que no dijo nada en 25 años, para tomar decisiones respecto de estas personas”, aseguró Vedio.