A 35 años de los crímenes, 24 de la condena al general Ramón Camps y un lustro desde la última condena al subcomisario Miguel Etchecolatz y la segunda desaparición de Jorge Julio López, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata comenzará a juzgar el 12 de septiembre a un grupo de veintiséis policías y militares por delitos de lesa humanidad en el llamado “Circuito Camps”, como pasó a la historia el conjunto de campos de concentración que comandó durante la dictadura el entonces jefe de la Policía Bonaerense. El proceso oral y público tendrá en el banquillo al interventor militar en la gobernación de la provincia, general Ibérico Saint Jean, y a su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único civil entre los imputados. Entre las 280 víctimas por las que rendirán cuentas, se encuentran los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrados durante la denominada Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y la sobreviviente Adriana Calvo, quien murió en diciembre luego de luchar durante el tercio de siglo posterior a su cautiverio para llevar a los genocidas a la cárcel. También se juzgará la masacre de calle 30 en la que policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros y secuestraron a la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, a quien desde entonces busca incansablemente su abuela María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani.

El 2 de diciembre de 1986, a un año del juicio a los ex comandantes y mientras el presidente Raúl Alfonsín se aprestaba a anunciar la Ley de Punto Final, la Cámara Federal porteña condenó a Camps y a su sucesor, el general Ovidio Ricchieri, a 25 y 14 años de prisión; al ex director de investigaciones Etchecolatz, a 23 años, y a los policías Jorge Antonio Bergés y Norberto Cozzani a seis y cuatro años, en tanto absolvió a los comisarios Luis Vides y Alberto Rousse. Lejos de la interpretación de la obediencia debida que el jefe de Estado radical intentaba imponer por medio de instrucciones a los fiscales, el tribunal destacó que “matar a un enemigo en el campo de batalla y en el fragor de la lucha no es situación que guarde identidad alguna con la de aplicar crueles tormentos a personas inermes en la tranquilidad y seguridad de cuatro paredes”.

No habían pasado seis meses cuando la Corte Suprema de Justicia, con votos de José Severo Caballero, César Augusto Belluscio y Carlos Santiago Fayt, aplicó por primera vez la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín y absolvió por “falta de capacidad decisoria” a Etchecolatz, ex mano derecha de Camps, al médico Jorge Bergés, que controlaba que los secuestrados no murieran durante la tortura, y al resto de los subordinados. Camps y Ricchieri purgaron su condena hasta el 30 de diciembre de 1990, cuando a pesar del “día de protesta y duelo nacional” convocado por los organismos de derechos humanos y en medio de una masiva manifestación de repudio, el presidente Carlos Menem los indultó junto con los ex comandantes condenados y el ex ministro José Martínez de Hoz, entre otros.

La impunidad de los miles de policías bonaerenses que secuestraron y torturaron durante la dictadura tuvo un primer quiebre en 2004, cuando Bergés y Etchecolatz fueron condenados por la apropiación de una menor. Dos años después, tras la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida, el tribunal presidido por Carlos Rozansky comenzó a jugar a Etchecolatz en el primer proceso oral y público a represores del país (luego comenzó en Buenos Aires el de Julio Simón, alias “el Turco Julián”). El 26 de septiembre de 2006, días después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo central del proceso, el tribunal condenó al ex subcomisario a la pena de prisión perpetua, que purga en el penal de Marcos Paz.

En noviembre de 2007, en otro proceso con un solo acusado, el mismo tribunal sentenció a pasar el resto de sus días en la cárcel al capellán Cristian Von Wernich, quien a pesar de tener condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia continúa en actividad como sacerdote de la iglesia Católica. El primer proceso platense con un número significativo de imputados fue recién el año pasado y concluyó con la condena a catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, encabezados por Abel Dupuy, ex director de la Unidad 9, por torturas y asesinatos de presos políticos.

La demora en concretar el primer juicio por el Circuito Camps es consecuencia de la lentitud en las instrucciones a cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, pero también de las internas en el TOF1, cuyo presidente, Carlos Rozansky, afronta un sumario en el Consejo de la Magistratura por el elevado número de causas prescriptas bajo su responsabilidad y por el maltrato a sus empleados, denunciado por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato.

El juicio que arranca el 12 de septiembre se desarrollará en el teatro platense de la AMIA, donde se juzgó a los penitenciarios. Acompañarán a Rozansky los jueces Roberto Falcone y Mario Portela. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina. También participarán como querellantes abogados de Justicia Ya!, la APDH de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Más allá de los 26 imputados que llegan a juicio por secuestros, torturas y asesinatos en la Comisaría 5ª, el Destacamento de Arana, las brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata y los centros clandestinos Puesto Vasco y COT 1 Martínez, hay ya un listado de más de cincuenta procesados del Circuito Camps en condiciones de ser juzgados, pero también de morir si el proceso judicial no se acelera.