Recuperaron las historias de sus padres desde la militancia. Son hijos de trabajadores del Estado desaparecidos o asesinados, unidos por una infancia de ausencias y familias diezmadas. Cuando se juntaron, comprobaron que había vida en los números de legajo de sus seres queridos. Esa información, que se salvó de las empresas desguazadas durante el gobierno de Carlos Menem, ahora les permite completar una porción de su pasado. Adriana Reydó, Gerardo Salcedo, Diego Rodríguez y Javier Juárez heredaron de la generación del ’70 el compromiso y la visión de una salida colectiva. Por eso apuntalan el trabajo de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad que nació en el Ministerio de Planificación Federal.

“Todos los datos que los milicos tenían sobre nuestros viejos, el domicilio, el teléfono o en qué dependencia trabajaban, fueron usados para perseguirlos y hoy los estamos usando para recordarlos y reivindicarlos como militantes. Estos legajos están cumpliendo un ciclo completo”, cuenta Salcedo, hijo de Edgardo (empleado de la ex Entel) y de Esperanza Cacabelos, quienes murieron en un enfrentamiento con una de las patotas de la ESMA el 12 de julio de 1976. Otro de los objetivos que se plantean es recuperar los puestos que ocupaban los desaparecidos para sus hijos. Juárez lo hizo hace 27 años. Su padre, Ernesto, era un trabajador de Segba que militaba en la JTP y que realizó en la clandestinidad el documental de cine político Ya es tiempo de violencia. “La reglamentación interna dice que el hijo mayor hereda el lugar del padre. El mío trabajó en la Central Puerto Nuevo y en el edificio San Lorenzo, y antes mi abuelo había sido capataz de Segba. Ahora soy supervisor de Edenor y estoy en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía.”

Reydó es periodista y licenciada en Comunicación. Su padre, Raúl, era delegado del SUPE y había ingresado a YPF a los 20 años. Integrante del Peronismo de las Bases y del Grupo Mosconi, desapareció el 20 de mayo de 1977. “Que puedan acceder los hijos a los puestos de trabajo de sus padres me parece maravilloso. Tal vez a mí no me serviría, pero yo sé que la mayoría de los que quedaron al cuidado de sus abuelos tuvieron un destino muy difícil. Los marginaron por ser hijos de desaparecidos.”

Rodríguez tenía once meses cuando secuestraron a su padre, Angel Alberto, un delegado de Obras Sanitarias. “Mi viejo entraba a laburar a las 7 de la mañana, cumplía su jornada, pero seguía relacionado más horas con los compañeros en esa cuestión de mantener la solidaridad de clase. Había militado en la JTP, pero cuando Montoneros rompió con Perón, entró al PRT. Se lo llevaron de mi casa catorce tipos con ropa de fajina y armas largas el 4 de agosto de 1976.”

La tarde en el Archivo Nacional de la Memoria transcurre entre recuerdos y un dolor que se transforma en energía para continuar las luchas de sus padres. Reydó y Juárez iban a la escuela primaria cuando se los llevaron, Salcedo tenía dos años y Rodríguez era apenas un bebé. La única mujer del grupo menciona que conserva la libreta de afiliado al PJ que su padre había recibido a los 18 años. “Fue muchas veces detenido por llevarla encima. Estudió ingeniería en la Universidad Obrera que ahora es la Tecnológica y estaba muy cerca de la destilería de YPF. En mi casa se sentía la pasión por el sindicalismo. De los once años y medio que compartí junto a él recuerdo que llevaron adelante el Plan de Saneamiento Obrero que consistía, por ejemplo, en traer desde el exterior los trajes antiflama para que no se quemaran en un accidente. O que lograron las seis horas de trabajo y la coparticipación en las ganancias.”

La historia de Salcedo, de 37 años, es la de una familia devastada por la represión. Además de Edgardo y Esperanza, militantes montoneros que cayeron en el barrio de Palermo, el pequeño Gerardo (que fue hallado en la bañadera tapado con un colchón), perdió a sus tíos Juan Gregorio Salcedo, y a Cecilia y José Antonio Cacabelos, todos desaparecidos. “Mi papá tuvo una militancia temprana en Tacuara y después se incorporó a Montoneros. Sus últimos años fueron en la Juventud Trabajadora Peronista de Entel. Era uno de los referentes de Foetra”, cuenta este empleado bancario que fue criado por sus abuelos maternos, José y Esperanza de la Flor.

“Los 30 mil desaparecidos tenían una visión colectiva de la sociedad en la que no había soluciones individuales. Nosotros somos lo que somos porque nuestros viejos nos dejaron, además de la militancia, un proyecto de vida. Quizá no es el mismo camino que ellos tomaron, pero sigue siendo la misma utopía”, dice Rodríguez, asesor en derechos humanos de la Legislatura porteña. Juárez, el único de los cuatro que trabaja en el Estado nacional, tiene dos recuerdos muy vivos de su padre desaparecido el 10 de diciembre de 1976, un trabajador y militante de Luz y Fuerza. “Uno es del 1º de mayo de 1974, cuando fuimos a la Plaza de Mayo con mi viejo. Tenía siete años e hicimos una bandera de Estados Unidos. La quemaron en la Plaza y me puse mal porque yo había ayudado a pegarle las 50 estrellas. También me acuerdo cuando habló en el acto de Atlanta en representación de la JTP.”

Todos resaltan la tarea que desarrolla la Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que intenta recobrar las historias de los trabajadores estatales desaparecidos como sus padres y ya recuperó más de 155 legajos. “¿Qué mejor lugar para mantener vivo su recuerdo que el Archivo Nacional de la Memoria?”, se pregunta Salcedo. Y allí están, rodeados de fotos y otros documentos que demuestran cómo la dictadura se ensañó con los empleados del Estado de los que sabía todos sus datos; esos mismos datos que hoy sirven de huellas para seguir buscándolos.