El comienzo del juicio oral por los crímenes del Vesubio se demoró porque los Tribunales de Retiro no tenían sala. Si no se hubiese postergado, el jefe del centro clandestino, Pedro Durán Sáenz, podría haber sido condenado antes de morir. A lo largo de este año, hubo otros comienzos de juicios de lesa humanidad demorados. Uno de los lugares con más cantidad de juicios elevados pero que no empiezan es la jurisdicción de San Martín, sede de la megacausa de Campo de Mayo. La fiscalía federal tiene cinco causas a las que sólo les falta la fecha del debate. Aunque no es la única razón, porque querellas y actores señalan que hay problemas con la falta de jueces y la estructuración de las causas, hay un problema casi doméstico que vuelve a repetirse ahora como sucede desde hace años: la falta de salas, un problema que debería resolver el Consejo de la Magistratura –a cargo de proveerlas–, pero no lo hace.

Hasta ahora se hicieron tres grandes juicios orales por delitos de lesa humanidad en San Martín pero todos, en algún momento, se toparon con el problema del espacio. Pese a que en principio parece un tema menor, la repetición lo convirtió en un problema casi político. El primer juicio fue el del secuestro y desaparición del “Negrito” Floreal Avellaneda, que se hizo en una sala prestada por los tribunales provinciales sólo porque medió la buena voluntad de un integrante de la Cámara penal, hijo de desaparecidos.

Concluido el debate, el problema se repitió con el segundo juicio, esta vez por 56 víctimas, para el cual el Tribunal intentó articular la búsqueda con alguna de las intendencias de la zona. El jefe comunal de Vicente López, Enrique “El Japonés” García, primero ofreció un teatro en pleno centro de Munro, pero los comerciantes protestaron y dio marcha atrás. Finalmente, el juicio se hizo en una cancha de un centro cultural de esa misma localidad. Un espacio que sacó del claustro judicial a las audiencias y cuyo costo no sólo fue la demora, sino acondicionar un lugar para el funcionamiento de un juicio oral.

Para el juicio al represor Luis Abelardo Patti, el Tribunal Oral Federal 1 volvió a golpear puertas por el espacio. Dicen que los jueces hicieron hasta de operadores inmobiliarios en la búsqueda. Consiguieron esa vez el auditorio municipal de José León Suárez con un acuerdo con el jefe comunal de San Martín. Pero en medio de la búsqueda, la presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart, intentó hasta comunicarse –sin éxito– con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque no conseguía resolver el problema.

En los papeles, la responsabilidad del espacio aparece en manos de un área del Consejo de la Magistratura de la que depende lo que se llama Infraestructura de los Juicios. En diciembre del año pasado, la Comisión de víctimas y familiares de Campo de Mayo zona norte inició un trámite en el Consejo por el espacio definitivo y para que las respuestas queden escritas. Adriana Taboada es integrante de la comisión y empezó el expediente el 28 de diciembre. “Desde diciembre todo siguió un camino administrativo enorme y larguísimo”, dice. Según supo a través de llamadas que repitió sin falta semana a semana, el Consejo terminó encontrando un lugar adecuado en San Martín. El espacio iba a servir para las causas de lesa humanidad y para otras causas que tampoco tienen espacio. La superintendencia de la Cámara de San Martín lo revisó, dice Taboada. Dio el visto bueno. Se dijo que a la planta baja irían los juicios y a la planta alta, el juzgado que lleva las causas de lesa humanidad. El contrato finalmente volvió al Consejo y cuando todo debía terminar, volvió a pararse: la inmobiliaria aumentó el alquiler y hace dos semanas, la comisión supo que el presupuesto debe volver a ser chequeado por el Consejo.

“Yo valoro el expediente porque ahora se va a tener que solucionar la situación realmente –dice Taboada–, pero esto de que lo pasen de oficina en oficina termina dejando un camino de incertidumbre. Todo el tiempo hay obstáculos, nosotros calculábamos que a mitad de año iba empezar otro juicio, pero ahora no tenemos ni fecha para empezar. Con el agravante de que Riveros y Bignone consiguieron domiciliarias y otros están por hacerlo: es decir que por falta de espacio se va a terminar concretando la impunidad biológica.”

Pero, si hubiese espacio, ¿los juicios empezarían? Los querellantes y la fiscalía de Marcelo García Berro agregan un nuevo problema: la falta de jueces. El TOF 1 está a cargo de los juicios. Hay una jueza con licencia por enfermedad, jueces que como ya acusaron deben excusarse en algún tramo y dificultad para encontrar reemplazantes porque existen lugares vacantes. Pablo Llonto, que representa a una parte de las querellas de la megacausa, destaca la falta de jueces y la fragmentación de las causas. “Problemas con los jueces, pero además está el diseño de cómo se fragmentaron las causas, que obliga a juzgar caso por caso y no en una forma colectiva. La causa Campo de Mayo abarca once partidos del Gran Buenos Aires, es difícil ordenar los casos y fijar un criterio... Y ahora es difícil dar marcha atrás.” En ese sentido, dice que se necesita una propuesta para generar un nuevo orden para abordar lo que aún falta investigar: hasta ahora, dice, sólo se avanzó en un 10 o 15 por ciento.

Las causas que la fiscalía federal de San Martín considera en condiciones de iniciar el debate son las siguientes: (1) la causa conocida como Embarazadas, un grupo de 14 víctimas entre las cuales hubo mujeres que dieron a luz en Campo de Mayo, fue elevada a juicio oral hace un año y medio, está terminada, con pruebas presentadas y aprobadas; (2) la causa 2128 tiene entre las víctimas a Santina Mastinú y Mario Marras, obrero de los astilleros Astarsa; (3) la 2203 son dos víctimas de la fábrica Ford por la que están imputados Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Juan Demetrio Luna, ex comisario de Tigre; (4) la causa 2248, donde las víctimas son siete trabajadores de los astilleros de Astarsa y Mestrina; (5) la 2257, por la desaparición de Beatriz Recchia. Fuera de esa lista, la causa 2285 está elevada pero aún abierta a prueba. El expediente juzga a Riveros y a Luna por los ocho víctimas de los astilleros de Astarsa. Por otra parte, el TOF 5 recibió un tramo de más de veinte de víctimas de Zárate Campana, la mayoría de las cuales fue secuestrada en las primeras horas del golpe. Pasaron por Escobar, Del Viso, Zárate y Campana y muchos quedaron a disposición del PEN. La causa está abierta a prueba.