En los próximos días empiezan otros tres juicios orales por crímenes de lesa humanidad. Por primera vez se desarrollarán juicios en San Juan y Paraná por dos casos de robo de bebés. Y en Mar del Plata empezará el juicio Base Naval II, el tramo más importante de las causas a la Marina considerado histórico porque mostrará el circuito represivo de una fuerza a la que, aún hoy, a los fiscales les cuesta acceder. A diferencia del Ejército, la Marina funcionó en condiciones de mayor clandestinidad, dejó menos sobrevivientes y por los tabicamientos más duros quedaron menos datos sobre condiciones y lugares de represión. Pero además, la estructura demoró y receló la entrega de documentos y de información aún en el presente. El juicio avanza además con un modo de acusación por homicidios más amplio que en otros lugares.

En Mar del Plata se juzgará a 14 represores por 69 víctimas que pasaron por los centros clandestinos en la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la sede de la Prefectura. El debate empezará pasado mañana y se hará en paralelo con el que avanza en esa ciudad contra el Ejército por las víctimas de La Cueva, la Comisaría 4 y el circuito policial de Necochea. Lo que empieza es la segunda parte de Base Naval I, técnicamente el primer juicio a la Marina, pero escaso porque los jueces del Tribunal Oral Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli no aceptaron unificar las causas y sólo juzgaron y condenaron a tres represores, el general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio, por secuestros, torturas, robo y homicidios. Ahora entrará la mayor parte de los marinos de los que existen datos, jefes y subjefes de la base naval entre 1976 y 1978; el director de la Escuela de Suboficiales de la Marina, jefes de la Agrupación Buzos Tácticos y jefes y subjefes de la Prefectura. La mayoría tuvo a cargo las Fuerzas de Tareas de las que dependían a su vez los Grupos Tarea, cuyos integrantes en cambio aún no están identificados y se investigan en instrucción. Entre los imputados, hay dos prefectos, Ariel Macedonio Silva y Juan Ignacio Mosqueda; el jefe de la Agrupación de Buzos Tácticos y jefe de la base que es el único marino de Mar del Plata Rafael Guiñazú; un civil, el abogado auditor que trabajó para las Fuerzas Armadas Juan Carlos Guyot, que estuvo a cargo del blanqueo de detenidos. Dos integrantes de la patota, Julio César Fulgencio Falcke y Narciso Angel Racedo. También los jefes y subjefes Alfredo Arrillaga, Mario José Forice, José Omar Lodigiani, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Aldo Carlos Máspero, Justo Alberto Ortiz, Roberto Pertusio. Arrillaga y Máspero son del Ejército. Arrillaga fue condenado en Base Naval 1 y Máspero fue el jefe de la Subzona después del coronel Pedro Alberto Barda, quien falleció la semana pasada.

María Eugenia Montero es la fiscal que llevará adelante el juicio con Guillermo Friele, ex fiscal del juicio por Orletti. Ella explica los problemas de la investigación y las razones por las que aún no están claros los nombres de todos los integrantes de las patotas: “Para investigar a la Marina tuvimos muchas dificultades porque el circuito era más clandestino que, por ejemplo, el del Ejército”, dice. “Hubo menos personas que sobrevivieron y entonces vieron muchas menos cosas, y reconstruir las historias fue mucho más complejo. El Ejército fue de algún modo más flexible en las condiciones de clandestinidad, tenía cabezas más visibles, los nombres aparecían en todos los diarios, eran más burócratas y fue más fácil investigarlos. La Marina, en cambio, costó mucho por la entidad y el grado de superioridad que suponen que tienen respecto de las otras fuerzas y eso hizo difícil el acceso a la información de registros, legajos personales; fue muy difícil que nos mandaran datos, costó mucho lograr que ubicaran nombres en el organigrama.”

Los acusados serán juzgados por privación ilegal de la libertad, tormentos, pero además los jefes y subjefes llegan acusados como partícipes de homicidio agravado gracias a un criterio de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, más amplio que en otros lugares. La Cámara resolvió hace varios años aceptar como prueba de homicidio no sólo los casos de desaparecidos en los que se recuperaron los cuerpos, sino datos que dan cuenta de que “existe la certeza necesaria”. La suma de pruebas indiciarias permiten así probar el homicidio cuando el cuerpo no está: los indicios son los más de treinta años transcurridos desde la desaparición; las presentaciones de hábeas corpus de los familiares con respuestas negativas; la reparación del Estado y testigos que vieron a las víctimas en un centro clandestino. Esa interpretación permite suponer que los marinos pueden terminar condenados a prisión perpetua, una pena que de otro modo en general no se alcanza.

Otra de las características del juicio es la intervención de las Abuelas de Plaza de Mayo como querellantes junto con las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia y la APDH representada por César Sivo. Las Abuelas intervienen pese a que no hay casos de apropiación porque muchas de las víctimas eran mujeres embarazadas, varias de las cuales terminaron trasladadas a la maternidad clandestina de la ESMA para dar a luz y luego volvieron a Mar del Plata. Ese es el caso de Liliana Pereyra y de Laura Adhelma Godoy. También Delia Garabuzo, aunque aún no está claro si estuvo en la ESMA, y también de Susana Pegoraro, que estuvo en ESMA pero no se sabe aún si volvió a Mar del Plata. “La reconstrucción indica que fueron vistas por otras víctimas en la ESMA y en muchos casos por otros detenidos de nuevo en la Base Naval o sus restos aparecieron en una zona de acá, como sucedió con Liliana Pereyra, cuyos restos se hallaron en Chapadmalal”, dice Montenegro.