Luego de resistirse durante más de un año, Mauricio Macri tendrá que informar los días de vacaciones que se tomó desde que asumió como jefe de Gobierno. Los abogados del líder de PRO habían argumentado que el funcionario público no tenía la obligación de informar los días de licencia de los que gozó. El juez en primera instancia había rechazado ese planteo, pero el gobierno porteño apeló con los mismos argumentos. La Cámara en lo Contencioso Administrativo advirtió que la apelación no cumplía con los requisitos mínimos de argumentación y, por lo tanto, confirmó el fallo. Ahora Macri tiene cinco días para entregar la información a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Macri hizo lo imposible por que no se sepa cuánto tiempo se va de vacaciones, dado que carga con el estigma de ser uno de los diputados menos productivos: en 2006 faltó a 277 votaciones y pidió la palabra en contadas ocasiones. Página/12 reveló en 2008 que se había tomado 33 días de descanso con miniviajes al exterior en su jet privado, lo que motivó una respuesta furibunda por carta del entonces secretario de Comunicación Social porteño, que desmintió cuatro de esos días (e, involuntariamente, confirmó el resto de lo publicado).

La asociación ACIJ solicitó al gobierno porteño que informara los días de licencia del jefe de Gobierno el 2 de mayo de 2010. Como les negaron esta información pública, debieron iniciar una causa judicial en base a la ley de acceso a la información y de hábeas data. Desde la gestión PRO argumentaron que no era un acto de gobierno y que no estaban obligados a informarlo, algo que rechazó en su sentencia el juez en lo contencioso administrativo Hugo Zuleta. El magistrado destacó que “sólo con carácter excepcional puede denegarse” información. “Es evidente que la información acerca de los días de licencia que haya tomado es atinente a la gestión y al desempeño del funcionario, por lo que tiene carácter público”, advirtió el juez, quien le ordenó al gobierno porteño dar a conocer las vacaciones de Macri en un plazo de cinco días.

Desde el macrismo apelaron la decisión, pero no presentaron nuevos argumentos. En su fallo, la Cámara de Apelaciones se lo hizo notar: advirtieron que si todos apelaran por las dudas o para ver si se revierte el fallo, “la segunda instancia quedaría convertida en un mero anhelo de cualquiera de las partes que instare su intervención, daría con la suerte de encontrar una posición subjetiva distinta” en la Cámara. Además del reto por no respetar las mínimas formas de argumentación, los magistrados también advirtieron que, con el criterio que planteaba el macrismo, sólo sería público lo que se notifica en el Boletín Oficial, es decir, lo que “no precisa un pedido expreso de información”. “La concesión de una licencia importa un acto administrativo de alcance particular, en el caso de cualquier empleado o funcionario del Estado, incluso de quien ocupa la máxima jerarquía gubernamental”, le dieron una lección a Macri.

La Cámara dispuso, entonces, declarar desierto el recurso de amparo y confirmar, por lo tanto, el fallo en primera instancia que obligaba a Macri a brindar la información en un plazo de cinco días. Además, le impuso a la gestión PRO el pago de las costas del año de procedimientos judiciales que se perdió para no informar los días de vacaciones. La reticencia de Macri será costeada con dinero del Estado porteño.

“Lo que quedó claro es que esta información es pública. El gobierno porteño había dicho que sólo eran públicos los actos de gobierno. La Cámara ratificó un principio amplio de lo que es un acto de gobierno. Esperemos que ahora el jefe de Gobierno se digne a cumplir la sentencia. La información debería ser remitida a la mayor brevedad posible”, advirtió Luis Villanueva, coordinador del programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ. “Macri tiene un discurso muy institucionalista y también los diputados nacionales del PRO en la Cámara de Diputados –contrastó Villanueva–. Esto se da de bruces con esta actitud, que nos obligó a llevar adelante un juicio del que tendrán que pagar las costas.”