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El pasado de su papá parece volver a complicar a la argentina Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda. El ex presidente de la Sociedad Rural y ex presidente de la Cámara de la Industria Azucarera Jorge Zorreguieta, de 83 años, fue denunciado penalmente en la Justicia de los Países Bajos por el secuestro y la desaparición de un médico sanitarista en 1977, cuando se desempeñaba como un alto funcionario de la dictadura. La querella fue presentada por los familiares de la víctima en ese país porque Zorreguieta se encuentra regularmente allí. En la Argentina está acusado por otro caso, pero el expediente judicial no tuvo avances.

El vocero de la fiscalía holandesa, Ernst Koelman, confirmó que “fue presentada una demanda contra Jorge Zorreguieta y estamos examinándola”, a la vez que anticipó que “el examen de la demanda durará varias semanas”. Quienes decidieron acusar al ex funcionario de la dictadura y padre de la princesa Máxima son los familiares del médico Samuel Leonardo Slutzky, quien fue coordinador de las Unidades Sanitarias de la Municipalidad de La Plata, secuestrado en su casa la noche del 21 de junio de 1977 por una “patota” de quince personas vestidas de civil. Tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos. Trabajó en leprosarios y militó en el peronismo revolucionario durante los ’60. En 1968 participó como auxilio sanitario del foco de guerrilla peronista Taco Ralo, en la provincia de Tucumán, por lo cual estuvo preso entre 1968 y 1973.

En 1977, la revista Somos divulgó su nombre en un artículo sobre “Taco Ralo” y poco días después fue secuestrado, aunque en ese momento no tenía militancia política y sólo se dedicaba a su tarea profesional, según relatan los familiares y organismos de derechos humanos. Los sobrevivientes del campo de concentración La Cacha Silvia Bucci y Héctor Javier Quintero sostuvieron que Slutzky estuvo prisionero en ese centro clandestino y que no sobrevivió a los tormentos a los que fue sometido por los torturadores identificados por los apodos de “el Oso” –era un agente penitenciario– y “el Pelado”.

El abogado holandés Goran Sluiter, representante de la familia Slutzky, declaró que Zorreguieta “estaba al tanto de todos esos crímenes, pero pese a ello siguió aportando una contribución política al régimen” y, agregó, “tampoco abrió ninguna investigación en su ministerio”. Lo mismo piensa Jan Thielen, el periodista holandés que logró entrevistar a Zorreguieta en 2001. “El propio Zorreguieta cuenta casos concretos de familiares que acudieron a él y él sabía dónde encontrar exactamente a los desaparecidos”, afirmó Thielen en una nota publicada por Página/12 en enero de 2002, en momentos en que la boda de Máxima provocaba una invasión de merchandising en las calles de Amsterdam.

Ya hace once años la Justicia holandesa había rechazado encausar a Zorreguieta por los mismos hechos, cuando se declaró incompetente para juzgarlos, pero según Sluiter una reciente modificación de la ley penal haría posible tal proceso judicial. “Para crímenes graves como los señalados aquí, el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad del autor no tienen importancia: si el autor se encuentra en el territorio de un país, ese país puede juzgarlo”, sostuvo el letrado. “Según nuestras informaciones (Jorge Zorreguieta) se encuentra regularmente en Holanda”, agregó. Según pudo saber este diario, la nueva denuncia es impulsada también por un grupo holandés que se opone a la monarquía.

La complicidad de civiles como Zorreguieta en los crímenes de la dictadura era un tema conocido en Holanda cuando, en 2002, se preparaba la boda de Máxima con el príncipe heredero Guillermo de Orange. Fue así que la Casa Real de Holanda se hizo eco de la opinión mayoritaria de la clase política del país y le impidió asistir a la ceremonia.

En 2005, en Argentina, Zorreguieta fue denunciado por el secuestro y desaparición de la bióloga Marta Sierra, una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dependía de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conducida durante la dictadura por el padre de la ahora princesa. Pero no llegó a ser imputado porque la Justicia federal consideró que no tuvo responsabilidad en ese hecho, que se produjo el 30 de marzo de 1976, cuando él aún no había asumido como funcionario. Ricardo Monner Sans, quien fue abogado del caso, recordó que “a pesar de los esfuerzos que hicimos no daban las fechas”; de todos modos, destacó que “cuando asumió no promovió ninguna investigación para determinar qué había sucedido con una de sus empleadas”.