El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, definió al sector cooperativo rural como “aliado estratégico” del Estado nacional. Dicha alianza ya había quedado proyectada en el rol que le otorga a ese sector el Plan Estratégico Agroalimentario, tanto en su participación en la producción como en los distintos eslabones de la cadena de agregación de valor. Pero también en la comercialización externa, buscando achicar la brecha existente entre el productor y el comprador del exterior, para así volcar una mayor porción de la renta a favor de quienes trabajan la tierra. Hoy la mayor parte de esa renta queda en manos de exportadores extranjeros. El proyecto elaborado por la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), con el consenso de la mayoría de integrantes de la actividad, apunta justamente a un cambio en el sistema de comercialización de granos que posibilite la mayor participación de los productores. El Gobierno espera la presentación de dicha iniciativa privada cooperativa para después de las elecciones presidenciales.

La alianza estratégica entre cooperativismo y Estado nacional no se hace por mera enunciación ni por generación espontánea, como bien lo sabe el ministro Domínguez, que trabaja desde su arribo al cargo (hace ya casi dos años) para cerrar heridas y construir puentes en la relación Gobierno-sector rural. Uno de esos puentes pasa por la comercialización de granos, quizás el espacio de mayor rentabilidad, pero a la vez el más oscuro del negocio agropecuario. De mayor rentabilidad, porque por allí pasan las exportaciones del complejo sojero y maicero, en los que Argentina ocupa los primeros lugares en el ranking de exportación mundial, y triguero, que le otorga a la Argentina un lugar muy variable en el ranking de año en año. El más oscuro, porque las ganancias en esa franja del negocio nunca quedan del todo claras, por diferencias de liquidación de retenciones y maniobras de triangulación de operaciones (extensamente denunciadas por la AFIP), que dejan buena parte de las ganancias fuera del país y de los libros contables de las filiales locales.

Los niveles alcanzados por los precios internacionales de las materias primas hicieron su parte para que, junto a los crecientes niveles de producción, la renta agraria tenga en la exportación su porción más nutritiva, aunque no muy bien repartida.

El proyecto en el que trabajó AFA sustituye el régimen vigente de cupos de exportación para trigo y maíz por otro de emisión de certificados de acuerdo con las estimaciones de producción de cada cosecha. Los cupos de exportación se asignan una vez que la producción cubrió las necesidades del consumo interno y son distribuidos entre los exportadores de acuerdo con las proporciones históricas, es decir que preserva los niveles de concentración previamente existentes. Podrá decirse que formalmente no es así, que la Secretaría de Comercio es la que decide cómo asignar los cupos, pero la realidad es que quien define el reparto es la Cámara de Exportadores de Cereales.

El precio que los exportadores les pagan a los productores es otro nudo de conflicto en el régimen actual. Aunque el Ministerio de Agricultura fija diariamente una especie de precio testigo o sostén, el denominado FAS teórico (en proporción al precio internacional), lo que abonan exportadores y molineros (mercado interno o para harina de exportación) suele estar por debajo de aquel valor de referencia. Es una consecuencia de la condición de monopolio que ejerce el exportador y la escasa capacidad de control del Estado con los instrumentos actualmente vigentes. El cambio de sistema de comercialización que impulsa AFA –y que Agricultura ve con buenos ojos– podría resolver varios de estos problemas en favor del productor. En vez de cupos, establece un régimen de certificados de venta, uno para mercado interno y otro de libre disponibilidad. Para defender el precio, en vez de un valor “oficial” de referencia se propone un fideicomiso financiero, bajo control público, que actuará como un operador más, comprando y vendiendo, fijando así un “precio testigo” para el mercado. Si se desea “subsidiar” a algún rubro de consumo interno (por ejemplo, la elaboración de pan), el fideicomiso será el que le venda más barato a la molinería, reemplazando así el cuestionado régimen de compensaciones actual.

Con este régimen en marcha, se produciría un vuelco en el equilibrio de poder en el mercado a favor de productores y cooperativas. Sería un paso significativo hacia la anunciada, y ansiada, “alianza estratégica” entre Gobierno y productores asociados.