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La misma noche en que la Cámara de Diputados aprobó el inicio del proceso de reestatización de Aerolíneas Argentinas (agosto de 2008) mantuve en el recinto un diálogo con un grupo de representantes de los trabajadores de la empresa que venían a agradecer el apoyo recibido. Les dije –palabras más, palabras menos– que debían asumir con responsabilidad el período abierto con la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de recuperar para el Estado nuestra aerolínea de bandera. Les anticipé que la mirada de la sociedad iba a situarse sobre ellos y, tal cual había pasado con el Correo Argentino y AySA, no iban a faltar críticas descalificatorias sobre la nueva gestión estatal. La derecha iba a buscar en las acciones y posicionamientos futuros de los distintos sectores de Aerolíneas Argentinas nuevos argumentos para intentar regresar a viejos caminos privatizadores. Pasaron cuarenta meses y creo no haberme equivocado.

Lejos de contribuir a mejorar la gestión de la empresa, el conflicto desatado en Aerolíneas Argentinas está siendo aprovechado para reinstalar viejos prejuicios sobre la gestión estatal que pueden generar, más temprano que tarde, efectos negativos para los trabajadores que se dice representar. No es lo mismo representar a trabajadores de una empresa privada con una clara actitud de vaciamiento de Aerolíneas (como lo fue el grupo Marsans) que ser dirigente gremial de trabajadores de una empresa gestionada por un Estado que no duda en disponer de recursos para reducir el déficit operativo, mejorar la calidad de las prestaciones y la situación económica de sus empleados. Los dirigentes gremiales deberían percibir la diferencia a la hora de realizar sus planteos laborales.

Vale la pena hacer un poco de memoria. Las privatizaciones llevadas adelante en los ’90 no fueron el resultado de la casualidad. Esos procesos fueron puntillosamente planificados. Primero, criticaron sin piedad aspectos puntuales del funcionamiento de las empresas públicas. Luego, demonizaron la gestión estatal acusándola de corrupta e ineficiente. Finalmente, avanzaron en el desguace del Estado vía las privatizaciones. No fue de un día para el otro: lo inició Martínez de Hoz y se terminó de materializar con aquella máxima de los ’90: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. En estos años dimos pasos muy importantes para modificar este sentido común instalado por años en la mentalidad de los argentinos. Estamos recuperando la idea de que el Estado es parte de la solución y no del problema. Pero la batalla cultural no está ganada del todo.

Por otro lado, no es casual que los medios de comunicación concentrados hagan foco en la figura de Mariano Recalde, gerente general de Aerolíneas Argentinas y Austral. Como manifestar las verdaderas intenciones puede ser “políticamente incorrecto” (hablar de reprivatizar Aerolíneas puede llegar a serlo), se busca descalificar nombres y apellidos concretos, pretendiendo que la condena sobre ellos termine abriendo una grieta en la percepción de la sociedad sobre determinados temas. En otras palabras, se demoniza a Mariano Recalde para descalificar la gestión estatal de Aerolíneas y avanzar hacia nuevos intentos de privatización. Pero además, Recalde reúne dos elementos que para las corporaciones son inaceptables: honestidad y juventud.

Antes de dirigir Aerolíneas, Mariano Recalde fue asesor del bloque de diputados nacionales que presido. En el mismo Congreso donde hace once años se recurría a la Banelco para aprobar una legislación laboral contraria a los intereses de los trabajadores (cuyo juicio oral está pronto a comenzar), Mariano Recalde desbarató con su honestidad un intento por abortar a través de coimas la ley de “Tickets Canasta” sancionada sobre fines de 2007 y promulgada por Cristina Kirchner apenas doce días después de iniciar su presidencia. Estas cosas para algunos son intolerables y hoy van por la revancha. No es casual que el intento de soborno a Mariano Recalde, autor de la iniciativa de ley junto a su padre Héctor, ocupó escasas líneas en la cobertura periodística de los mismos medios que hoy no se cansan de descalificarlo.

Además, los críticos más furibundos saben que atacar a Mariano Recalde implica también pegar por elevación a muchos jóvenes funcionarios –a los que despectivamente se los menciona como integrantes de La Cámpora– comprometidos con la gestión estatal de Aerolíneas. La estigmatización de la participación de jóvenes con formación política y técnica en la administración pública busca interrumpir el lógico proceso de renovación que toda gestión del Estado requiere, facilitando que los resortes de la administración queden en las manos de siempre. Yendo más a fondo, propiciar el fracaso de Recalde y su equipo es un claro intento por denostar el fuerte proceso de participación política de los jóvenes abierto por el kirchnerismo y que se manifiesta en la presencia de militantes sub 35 en concejos municipales, intendencias, legislaturas provinciales y, próximamente, en el mismísimo Congreso. La derecha pretende que los jóvenes regresen a lo privado (familia, trabajo, estudio); la presencia de la juventud en el ámbito público les molesta y muchos desearían que la política vuelva a estar plenamente en manos de los clásicos gerentes que resuelven las cuestiones sentados en la mesa de las corporaciones.

Seguramente, hay muchos desafíos pendientes en Aerolíneas Argentinas y, a pesar de los avances registrados en estos tres años de gestión estatal, tenemos que redoblar esfuerzos para mejorar más aún el funcionamiento de una empresa vaciada durante 18 años de conducción privada (Iberia, SEPI, Marsans). Creo que el momento amerita posiciones más constructivas a la hora del reclamo evitando caer en permanentes boicots al normal funcionamiento de Aerolíneas que terminan siendo funcionales a los intereses que desearían ver a la empresa en manos privadas y sin ningún tipo de vestigio de honestidad y juventud en sus cuadros gerenciales.

* Jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria.