Parecía todo listo para que hoy después del mediodía empezara el juicio por los sobornos en el Senado, pero una resolución del Tribunal Oral 3 (TOF 3), que llevará adelante las audiencias, paró todo de golpe. El detonante fue la decisión de la Defensoría General de la Nación de retirarle el viernes a última hora la asistencia legal al arrepentido Mario Pontaquarto en dos causas por malversación de fondos y falsedad de documento que se van a juzgar junto con el caso principal de las coimas, en el cual el ex secretario parlamentario tiene abogados particulares. Lo que sucede es que según la defensora general Stella Maris Martínez, ningún acusado puede tener defensa pública y privada a la vez en un mismo juicio. En respuesta, los jueces firmaron una resolución donde la acusan de dejar a Pontaquarto en estado de “absoluta indefensión”, ponen el juicio en suspenso sin nueva fecha y le piden a la Corte Suprema que intervenga para “que dirima el conflicto suscitado”.

En el juicio de las coimas que se sospecha pagó el gobierno de la Alianza para conseguir la aprobación de la reforma laboral, la figura de Pontaquarto es clave, ya que reveló cómo fue la trastienda y el reparto de cinco millones de pesos, del que dijo que se ocupó en persona. Ese relato fue el que en definitiva permitió que avanzara la investigación judicial. Lo que él decía se fue corroborando por otros medios a punto tal de llevar al banquillo al propio ex presidente Fernando de la Rúa, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y a los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda. Pontaquarto también es uno de los acusados, pero su situación tiene dos aristas que lo diferencian: como arrepentido, aspira a una pena atenuada; a la vez carga con otras dos acusaciones que el TOF 3 resolvió incorporar al juicio más grande. Esa unificación generó un gran cortocircuito en los últimos días que ayer desembarcó en la Corte Suprema. Pero nadie imaginaba que el inicio del proceso se postergaría. Incluso algunos de los acusados que viven en otras provincias alquilaron departamentos y ayer ya estaban en Capital, como Flamarique.

Además de ir a juicio como valijero de los sobornos, el ex secretario parlamentario está sospechado de haberse quedado o desviar viáticos por unos 6000 pesos-dólares; también se le atribuye la falsedad de un memorándum que entregó como rendición de cuentas. Pontaquarto se quejó por la unión de las causas, su defensa pidió que se haga un juicio aparte por la cuestión de los viáticos y la fiscal Sabrina Namer apoyó ese planteo. Suponen que introducir más cargos sería utilizado para hacer tambalear la credibilidad de la confesión. Hasta el viernes, para los dos casos de los viáticos, Pontaquarto tenía un defensor oficial, Juan Manuel Mendilaharzu. Otros previos se excusaron, ya sea por estar en otros juicios o por ver una “incompatibilidad”.

Ante la decisión del TOF 3 de mantenerse firme en hacer todos los juicios juntos, la defensora general apartó a Mendilaharzu. A su entender “la conexidad” entre los casos “hace imposible que coexistan” las dos defensas, privada y pública. Según las normas del organismo que dirige, sostuvo Martínez, “la defensa pública tiene carácter subsidiario”. El tribunal oral –que integran Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Larrambebere– firmó una resolución muy crítica, donde dice que “intempestivamente” dejó a Pontaquarto indefenso y le ordena que mantenga la defensa hasta que se resuelva lo que describe como un “conflicto” institucional entre el TOF y la Defensoría. Para eso pide la intervención de la Corte Suprema, donde fue enviada buena parte de la causa, que tiene 140 cuerpos. Mientras tanto, el juicio quedó en suspenso hasta nuevo aviso.

Los abogados privados de Pontaquarto –Hugo Wortman Jofré y Juan Manuel Alemán– no quieren asumir su defensa más allá del caso de los sobornos propiamente dichos, por diversas razones. Una es que ellos lo representan en un caso en que su confesión implica un apoyo a la acusación de la fiscalía; pero en el mismo juicio, en relación con el asunto de los viáticos, tendría que cuestionarla. Pero hay otro asunto medular: ellos defienden a Pontaquarto a raíz de un acuerdo que él firmó luego de dar como nota exclusiva a una revista su primera confesión, que recién después reproduciría en la Justicia. Parte de ese pacto incluía su asistencia jurídica para el caso puntual de las coimas y ayuda económica para sacar a su familia del país.

Ahora hay que ver si la Corte acepta meterse en el conflicto. Entre los abogados que rodean la causa, están los que piensan que no tiene nada que hacer y están los que dicen que puede intervenir por haber “posible privación de justicia”. Algunas de las posibles salidas serían: que la Defensoría revea su decisión; que de alguna manera los juicios lleguen finalmente a hacerse por separado o en forma sucesiva; o que Pontaquarto contrate abogados privados.

Pontaquarto, cuentan cerca de él, estaba amargado ayer, aunque finalmente podría salir favorecido. Otros defensores se quejaban porque quieren empezar. Entre ellos, curiosamente, una defensora oficial, Fabiana León, que asiste a Tell, Alasino y Costanzo. “Acuerdo con la resolución de la defensora, pero llega tardíamente, horas antes del juicio, lo que perjudica los intereses de mis defendidos. Pero es un problema que han generado los abogados particulares de Pontaquarto”, dijo a Página/12. Wortman Jofré dijo que la Justicia argentina “no está preparada para investigar y juzgar casos con arrepentidos”.