Markus Löning se preguntó por qué podía creerse que el gobierno alemán podía tener interés en apoyar una actividad en derechos humanos en el Cono Sur. En ese contexto, situó entre las razones al pasado alemán, su historia de la “dictadura nacional socialista y más tarde la dictadura del Partido Comunista en Alemania oriental”. Y luego dejó claro que el interés también era pragmático: “Tenemos un interés político y económico en la estabilización de las regiones, es decir que no es el puro altruismo el que nos obliga a estar aquí, sino que tiene sus razones concretas”. Lo mejor, sin embargo, fue el momento en el que se detuvo en los juicios en Nuremberg: “En la retrospectiva es fácil de glorificar, pero en aquel momento en Alemania no tuvo una buena resonancia. La población no lo vivió como positivo sino como una interferencia del exterior”. Pasaron dos décadas, dijo, hasta que la Justicia alemana estuvo en condiciones de juzgar y “fue una experiencia muy dolorosa, hasta que se plasmó en la realidad social. Se necesitó mucho tiempo, aunque no fue algo que ocurrió fácilmente”. Es decir, dijo, en algunos casos los juicios llevaron a una sentencia, en otros casos no. “Eso es una especie de frustración que muestra las dificultades que tuvieron los tribunales para elaborar de forma adecuada los crímenes cometidos y sentenciar a quienes eran responsables.”