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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, celebró la confirmación de los once juicios por delitos de lesa humanidad que comenzarán en la primera mitad del 2012. En democracia, “es impensable que genocidas y asesinos no estén en la cárcel”, sostuvo el ministro, y agregó: “A poco más de 28 años del restablecimiento de la democracia, podemos estar orgullosos de los resultados parciales de una tarea que ha convertido a la Argentina en referencia mundial en materia de derechos humanos”. El ex dictador Jorge Rafael Videla y los represores Luciano Benjamín Menéndez y Albano Harguindeguy son algunos de los militares que serán juzgados este año.

Durante su discurso de asunción el 10 de diciembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso como objetivo para su segundo mandato la finalización de la totalidad de los juicios contra represores de la última dictadura militar. De esta insistencia en materia de derechos humanos se refirió Alak: “Desde la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se promovió un Estado democrático garante de los derechos humanos, capaz de erradicar la impunidad y los efectos perversos que esa ilegalidad tiene sobre la sociedad”, dijo.

En efecto, los debates y condenas por delitos de lesa humanidad aumentaron notablemente durante los últimos tres años. Según un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, desde el regreso de la democracia hasta el momento fueron procesados 802 represores, y condenados otros 243. Pero el dato es que desde diciembre de 2007 a octubre de 2011 el número de condenados aumentó de 41 a 243, y que 84 de esas sentencias fueran realizadas en el 2011.

De los nuevos juicios orales a realizarse este año se descarta el primer proceso por la Masacre de Trelew, ocurrida en agosto de 1972, donde 16 presos políticos fueron fusilados y otros tres resultaron heridos y luego desaparecidos. Seis imputados deberán responder por este hecho. “Los juicios y las condenas por delitos de lesa humanidad reparan una deuda inmensa de la democracia –concluyó el ministro–, porque es impensable que en la Argentina de hoy, los genocidas y asesinos ocupen otro lugar que no sea la cárcel.”