“Relanzar la relación bilateral” es la consigna con la que el canciller Héctor Timerman llevó a cabo ayer la primera visita oficial de un funcionario argentino a Honduras luego del golpe de Estado que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. La visita se da en el marco de una gira por Centroamérica en la que el ministro de Relaciones Exteriores procura ahondar lazos con esa región y, a la vez, recolectar apoyos en el reclamo al Reino Unido de abrir negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas. Además del “respaldo irrestricto” por parte del gobierno hondureño a la postura de Buenos Aires sobre ese punto, ayer se sumaron nuevas declaraciones de apoyo por parte de Ecuador y de Panamá en un tema que ya se ha ganado un lugar de importancia en la agenda latinoamericana (ver aparte).

“Esta visita tiene por objeto reiterar la importancia que la República Argentina da a la región centroamericana, y en el caso de Honduras significa el relanzamiento de la relación bilateral mediante una comunicación más estrecha que permitirá profundizar el diálogo en los ámbitos político, económico-comercial y de cooperación”, destacó ayer la Cancillería a través de un comunicado. La agenda oficial incluyó una reunión de cancilleres y otra de Timerman con el presidente Porfirio Lobo. También incluyó negociaciones y acuerdos a distintos niveles con la intención de avanzar sobre aspectos de la relación largamente postergados, además de profundizar el comercio bilateral.

Así, entre otros tópicos, los cancilleres de ambos países acordaron convocar en el curso de este año la primera reunión de una Comisión Mixta según lo establece el “Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica” entre Argentina y Honduras que se firmó en Buenos Aires el 20 de agosto de 1981 y que hasta ahora no había prosperado. En este marco, la Argentina expresó su disposición a ofrecer cooperación en ámbitos como la gobernabilidad, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, los derechos humanos, el desarrollo social, el desarrollo agrícola, irrigación y energía.

También se convocará a una reunión entre la Comisión de Cascos Blancos y la Comisión Permanente de Contingencias para continuar con la entrega de materiales de asistencia a la población hondureña afectada por emergencias y desastres naturales, y se renovarán los programas de cooperación e intercambio entre la Academia Diplomática hondureña y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, mediante la participación de funcionarios diplomáticos hondureños en los programas de estudio argentinos.

Según informaron desde el Palacio San Martín, Timerman y su par Arturo Corrales también analizaron la difícil situación de violencia que atraviesa la región, provocada por el crimen organizado transnacional y el narcotráfico internacional. En ese sentido, hay un compromiso de someter a revisión el “Acuerdo de Cooperación para la Lucha contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” que Honduras y la Argentina suscribieron en 1996. Por lo visto, el retraso en las relaciones entre ambos países es anterior a la interrupción de la institucionalidad hondureña en 2009.

En esa ocasión, hace tres años, la Argentina y Brasil encabezaron los esfuerzos por parte de Unasur para sostener en el poder al presidente Zelaya, derrocado por un golpe cívico-militar (la embajada brasileña en Tegucigalpa sirvió incluso de refugio para el mandatario depuesto). Tras el fracaso de esa estrategia y la consagración de Porfirio Lobo como nuevo presidente en comicios democráticos, Honduras fue reincorporada primero a la OEA, luego participó en la fundación de la Celac y, a través de la designación de embajadores, restableció relaciones con los países de la región.

Con respecto al plano multilateral, las discusiones no se limitaron al apoyo “irrestricto” de Honduras al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, sino que además encontraron coincidencia en otro tema que formará parte de la agenda latinoamericana de cara al mundo: la necesidad de una reforma sustancial del Consejo de Seguridad de la ONU, tal como fuera aclamado por los 193 Estados miembros en el marco de la 66ª Asamblea General de septiembre 2011.