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Antoni Brufau, el mandamás de Repsol YPF, asumió el riesgo de pasteurizarse: se subió al avión y pasó del gélido invierno europeo al candente verano argentino. Buscó dialogar con el máximo nivel del gobierno nacional, mientras las acciones de la empresa caían a niveles mayores al promedio deprimente de las Bolsas europeas. Lo recibieron, con rostro y discurso hoscos, los ministros Julio De Vido y Hernán Lorenzino. La discusión, cuentan desde los dos lados del mostrador, fue áspera. El ejecutivo le recrimina a la multinacional no invertir ni explorar lo necesario y remesar divisas a lo pavote. Adecuado a los modismos locales, Brufau optó por la payada: sus versos se expresaron en una solicitada y en un informe en los que controvertía los argumentos oficiales.

La réplica política fue rotunda, sin precedentes en los últimos años. Como Martín Fierro, el Gobierno pasó de la payada a la vía de los hechos. Los gobernadores de las provincias petroleras se reunieron el jueves, bajo la batuta del ministro de Planificación, y le exigieron el incremento de la producción. En quince días los gobernadores pautarán, en conjunto, cuáles son las metas que deben cumplir las petroleras en sus provincias. La falta de cumplimiento puede significar la caída de las concesiones, redondearon. El plural “petroleras” es casi singular: las campanas doblan por todos pero Repsol es el principal destinatario.

La perspectiva de revocar las concesiones había sido mencionada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner unos días atrás. Pero la decisión soberana compete a las provincias, titulares del dominio originario de sus recursos por imperio del artículo 124 de la Constitución de 1994. Claro que, cada una por su lado, es escaso su poder frente a multinacionales de porte descomunal. La novedad de la movida es “la unidad en la acción”, promovida y sustentada desde el Estado nacional. Es un medio para reparar la debilidad estructural que genera una falaz visión de federalismo, que acunó el menemismo y tuvo consagración en la Carta Magna. La fragmentación fue una consecuencia y también un objetivo de las políticas noventistas. Fragmentación de la estructura social, del Estado nacional, de las organizaciones sociales y sindicales, de la clase trabajadora. Revertir esa nefasta tendencia, que tiene firmes raíces legales, es parte de los deberes del actual gobierno.

Las concesiones son siempre precarias, sujetas al comportamiento del concesionario. Enunciar su potencial revocación sería una redundancia o una obviedad si no estuviera acompañado (como está) por la trayectoria del gobierno nacional, que no es remilgado en el ejercicio del poder. Dos gobernadores flamantes, el mendocino Francisco “Paco” Pérez y el chubutense Martín Buzzi, se dejan ver como los referentes de la movida. Pero su matriz está en la Casa de Gobierno. El desenlace de la pulseada es impredecible, es más fácil presumir que será firme.

La reestatización forma parte del menú virtual, la memoria indica que esa hipótesis se analizó ya durante la presidencia de Néstor Kirchner y uno de los disuasivos fue el costo de la recuperación. En una etapa en la que la “caja” es menos floreciente, ese factor puede incidir.

El kirchnerismo revisa y readecua sus herramientas, su tacticismo es proverbial. Para conseguir estabilidad política y sustentabilidad económica, los gobiernos precisan sostener su legitimidad. Sin ella, no hay propuesta (ni presidente) que dure. El crecimiento del Producto Bruto Interno debe acollararse con el de la aceptación popular. Néstor Kirchner entendió eso desde el vamos, cuando tenía poca plata en caja y poco poder. Los gurúes de la economía, de ordinario, nada saben de política democrática. Teóricos de los bienes escasos, ignoran que el poder está entre ellos.

En los primeros años del kirchnerismo la energía barata fue insumo del despegue económico, de la reactivación del aparato productivo, de la generación de millones de puestos de trabajo. La ecuación virtuosa se fue trabando en el tránsito del infierno al Purgatorio. El Gobierno ensayó cambios, el más ambicioso fue la creación de la empresa Enarsa que, mirada en prospectiva, no concretó los objetivos que se imaginaron.

La incorporación de la “burguesía nacional” (título enfático que se corporiza en protagonistas casi siempre mediocres) a Repsol en años más cercanos tampoco rindió frutos valorables. En la práctica, que no en el discurso, el Gobierno “recalcula” como un GPS y rectifica.

Julio De Vido condujo las movidas, justo cuando narradores de Palacio hablan de su definitivo ocaso, de su desplazamiento a manos de Guillermo Moreno. Tal vez la cuestión no sea tan simple. Siempre hubo rispideces, disputas de espacios entre el ministro y el Megasecretario. Hay tensiones y malas ondas, eventualmente. Al unísono, hay competencias distintas. Moreno (y sus adversarios) han construido un personaje de opereta, que se realza en centenares de anécdotas. En funcionamiento es un funcionario cuya hiperquinesis expresa a un gobierno vivaz y reactivo que está al frente de un Estado que fue desbaratado con premeditación y alevosía. Y que se reconstruye trabajosamente, a veces del modo más atinado. En el devenir, la “guerrilla” de Moreno forma parte del dispositivo.

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La década fundacional: El kirchnerismo se propone fundacional, sus antagonistas concuerdan aunque con valoración diferente. Sin meterse en una discusión semántica, el cronista percibe que desde 2003 se atraviesa una etapa reformista y reparadora, revisionista de condicionamientos muy firmes cimentados en los ’90. El menemismo conjugó con los vientos históricos y los llevó al extremo. Las privatizaciones salvajes (la de YPF no tiene tal vez parangón en el mundo, sin duda no la hay en el vecindario de este sur), el desguace del Estado. Las regalías a las provincias “pagaron” el apoyo a las políticas antinacionales y a la reforma que prohijaba, entre otras cosas, el voto directo a presidente. La vida es compleja: ese cambio mejora la calidad de la representación. Nada es monocolor en democracia.

La disgregación de los sistemas educativos y de salud tenía como primera finalidad alivio para las arcas nacionales. Como aditamento, el acentuar la debilidad de las provincias. Como “beneficio colateral” impactó sobre el poder del sindicalismo docente, cuya “Marcha Blanca” había puesto en jaque a la gestión del presidente Raúl Alfonsín. La Ley de Financiamiento Educativo y la Paritaria nacional docente son reparaciones institucionales al desaguisado previo. No restituyen a la situación previa y cargan con sus bemoles. Los funcionarios de Educación y de Trabajo sudan la tinta gorda en cada paritaria nacional, exigente y con muchos actores. Es el precio de conferir poder a los gremios, una iniciativa valorable en lo estratégico que genera jaquecas tácticas.

Cuando se observa el panorama energético, es un interesante ejercicio recordar los discursos de los ministros menemistas José Luis Manzano y Roberto Dromi. Manzano se exaltaba anunciando que “YPF cotizaría en Bolsa” y prometiendo que millones de dólares derivarían a los jubilados. Dromi apodaba “modernización” a concesiones sin contrapartidas, sin contralor estatal. En la entrega de la petrolera estatal (y luego de la acción de oro) a precio de rifa.

Ya que del pasado cercano e influyente hablamos: los ex Secretarios de Energía que refutan la política oficial no tienen grandes pergaminos de gestión pública para mostrar. Fueron sujetos activos de esa etapa ominosa, convalidada por los dos grandes partidos nacionales. En el área privada les va mejor, todos son consultores de grandes empresas... lo que habla de sus destrezas tanto como de la neutralidad de sus asertos.

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Sintonía fina y algo más: La riqueza minera fue otra joya de la abuela empeñada en los ’90. En pleno siglo XXI, las formas de explotación, a cargo de las provincias, son rechazadas por activas protestas populares. En la semana que pasó hubo una brutal represión en Tinogasta, que pone de nuevo en la mira la incompetencia de las fuerzas de seguridad y el riesgo de apelar a ellas. En Perú, casi en simultáneo, el presidente Ollanta Humala topa con manifestaciones de parecidos signos y argumentos.

Todo indica que esas controversias seguirán. Serán peliagudas porque oponen a gobiernos elegidos (o revalidados) hace un par de meses con sectores populares muy embravecidos y convencidos. El cronista sigue pensando que una parte de la solución es acentuar las formas de participación democrática. La cultura política argentina conjuga elecciones libres con alto nivel de implicación popular y una sociedad muy resistente, entrenada en la acción directa. Son, en promedio, características virtuosas que podrían realzarse con otras de participación institucional: consultas vinculantes o no, referéndums, plebiscitos. La inteligente politóloga María Esperanza Casullo aborda el tema en el blog La Barbarie y se pregunta cuál método sería el adecuado. También lo hace, en una nota publicada ayer en Clarín, el geógrafo Carlos Reboratti. Sin aspirar a una respuesta cerrada, el cronista entiende que, en virtud de la legalidad federal, las votaciones deberían realizarse en las provincias, sujetas a sus distintas constituciones.

Sacar del desván a herramientas democráticas poco usadas no cortaría el nudo gordiano así como así, pero serviría como recurso, que siempre tiene su encanto.

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Petróleo y algo más: La sociedad (disciplinada cruelmente por la dictadura, las hiperinflaciones y la astucia menemista) se ha recobrado y puesto de pie. Es un logro de todos, también un desafío. La existencia de estabilidad política es sustrato de esa situación.

En la madrugada de su gobierno, Néstor Kirchner explicaba que para instalar un modelo alternativo eran menester, cuanto menos, diez años consecutivos al frente de un gobierno. Aun para quienes valoraban o admiraban sus primeros pasos, el cálculo sonaba a quimera. El Gobierno polarizaba en “n” frentes, parecía imposible que se mantuviera en pie. En esa porfía, el kirchnerismo tuvo más razón que sus críticos.

Para lograrlo, viró el timón en numerosas oportunidades. En parte, por cambios de contexto, en parte por reconocimiento de falencias o insuficiencias propias. La Asignación Universal por hijo (AUH) es el ejemplo más acabado de una política resistida durante años y luego adoptada como pilar del “modelo”.

En materia petrolera, las demasías de las empresas privatizadas no sucedieron ayer y el agotamiento del inteligente criterio de los años iniciales no fue sucedido por aciertos similares. De cualquier modo, el Gobierno ejercita su propio revisionismo, con el grado de decisión que le es proverbial. El resultado de la brega está en veremos, claro. La intención de exigir un New Deal a las empresas, como piso, ya es un dato de la agenda del segundo mandato de la presidenta Cristina.

Las lluvias alivian la sequía, el Banco Central (como al desgaire) sigue recuperando divisas. Las profecías bíblicas de hace un mes o dos desaparecen de los medios dominantes, también las noticias al respecto.

El tiempo dirá si funciona la “sintonía fina”. Es sensato anticipar que no será como el ajuste del menemismo o de la Alianza, aunque así lo vaticinen (en asombrosa yunta) las grandes corporaciones mediáticas y Hugo Moyano. El simplismo, esa enfermedad infantil del periodismo, es mal consejero para leer la coyuntura nacional y encasillar a su gobierno.

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