Este año están previstos una docena de juicios por causas de la represión ilegal.
Imagen: DyN.

A tono con la decisión de la Cámara de Casación de hacer un reglamento para acelerar las causas de lesa humanidad, la fiscalía del máximo tribunal penal presentó una “propuesta” en la que considera los puntos más apremiantes. El fiscal Javier de Luca explicó a Página/12 la urgente necesidad de responder a esos asuntos: “El espíritu de la presentación no es confrontar, sino enumerar los problemas de estas causas muy complejas que nos han tocado juzgar a nuestra generación, porque no hubiésemos tenido esto si se hubiesen juzgado en los ochenta, y esto es un presente griego a esta altura de las circunstancias”.

De Luca presentó “el pedido de reglas prácticas de actuación”, especialmente, “en causas por delitos de lesa humanidad” la semana pasada. Se sabe que Casación trabaja en un borrador. Uno de los ejes es evitar someter a sobrevivientes y familiares a la revictimización con la repetición de los testimonios cada año. Un reclamo imperioso sobre todo ante el comienzo de las segundas partes de los juicios orales pendientes, como el llamado “ABO bis” sobre los crímenes del Atlético-Banco-Olimpo con la primera audiencia prevista para abril. O el inicio del próximo tramo de ESMA. También propone cómo acelerar la presentación de pruebas o de los fundamentos históricos de los alegatos. Pide poder incorporar nueva prueba en el juicio oral y ampliar acusaciones, un tema siempre complicado que impidió por ejemplo acusar por homicidios a los condenados del Posadas. También pide revisar las reglas para acusar por homicidio en ciertos casos de desaparecidos. O exige resolver una afición de ciertos magistrados, como el caso paradigmático del juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor, que rechaza uno tras otro los pedidos de indagatorias, y consigue dilatar durante meses o años los procesos. Finalmente, haciéndose eco del diagnóstico que difundió a fin del año pasado la Unidad de Coordinación de las causas recuerda que uno de los cuellos de botellas aún está en Casación. Sitúa problemas producidos por un exceso de formalismo de los jueces federales que dan aire una y otra vez a pedidos incidentales que llegan hasta la Cámara. Y características de la propia Cámara que pese a la renovación de los integrantes todavía arrastra expedientes que estuvieron parados durante cuatro años, como la causa Losito de Corrientes, con audiencia prevista para el 22 de febrero.

- Revictimización: “Que se admita la incorporación de los testimonios grabados y filmados en otros debates y, si la parte correspondiente desea repreguntar (en ejercicio de su derecho constitucional al control de la prueba de testigos), puede satisfacerlo mediante la presentación de un pliego de preguntas”. La fiscalía dice que “al oponerse sistemáticamente las defensas a la incorporación de testimonios” tomados en otras audiencias y filmados “desconocen palmariamente los derechos de la víctimas y deudos a no sufrir una revictimización”.

- Documentos: Sugiere que “la prueba documental, instrumental y demás producida en otros juicios, especialmente de hechos notorios y públicos probados hasta el cansancio” se incorporen en un cd. Se refiere por ejemplo “a que hubo un golpe de Estado; que hubo un plan sistemático de eliminación de opositores políticos o tales y cuales centros clandestinos de detención”. O a las torturas. Puntos que a veces llevan semanas de lecturas en los juicios.

- Barreras: “Debe propiciarse que en la etapa de instrucción se resuelvan en el plazo legal (tres días) los pedidos de indagatorias y de procesamientos”, dice. Si esos pedidos son rechazados, los jueces deberían dictar inmediatamente sobreseimientos y no como hacen muchos, que dictan “téngase presente” o “faltas de mérito”. Eso paraliza las causas contra quienes deberían ser acusados porque el procedimiento no prevé que pueda ser apelado. Un ejemplo del uso abusivo de esas figuras es el de Carlos Olivera Pastor, denunciado por la Procuración porque deniega las indagatorias como un método para no avanzar con las causas.

- Conexidad: “Deben unificarse los criterios de acumulación y conexidad de casos y causas”, dice el pedido. “Está claro que en determinados megacasos no será posible. No se pretende que todo lo ocurrido en la ESMA o en Campo de Mayo sea ventilado en un único juicio oral, pero ‘debería tenderse a la investigación y elevación a juicio de la mayor cantidad de casos posibles y contra la mayor cantidad de imputados’. Sobre este punto, uno de los ejemplos es Campo de Mayo. Hay varias causas elevadas a juicio en pequeños tramos, pero contra Omar Riveros como único imputado. Riveros ya tiene varias condenas. Y De Luca cree que, antes de elevar las causas, los jueces y fiscales deberían avanzar en lo que está pendiente: segundas y terceras líneas de mando. O, aunque no lo dice el fiscal, en todas las imputaciones sobre la presunta responsabilidad civil de los empresarios, denunciadas por los querellantes en expedientes como Astilleros Astarsa, Mercedes-Benz o Ford y hasta ahora nunca convocados.

- Homicidios: Este punto parece tener como trasfondo lo que sucedió en el juicio del Posadas con dos desaparecidos, sobre los que durante años existió suficiente prueba de sus homicidios. En la audiencia oral, la fiscalía no pudo acusar a nadie por esos crímenes porque ni el juez de instrucción ni la fiscalía los habían elevado así. Por eso, De Luca dice “que los jueces de la instrucción actúen como verdaderos jueces de garantía y que se abstengan de impedir el progreso de las causas en el debate oral” por “sus exclusivas interpretaciones del derecho y de los hechos, contrarias a la jurisprudencia de tribunales superiores”. Hay magistrados que impiden la indagatoria, el procesamiento y la elevación a juicio por determinados hechos y calificaciones, como el homicidio, dice, “porque no están de acuerdo con la teoría jurídica que lo sustenta”. La fiscalía cree que si un juez considera que para imputar por homicidio a alguien “debe contar con el cadáver y otras pruebas por ejemplo, porque sigue la teoría formal objetiva de la autoría, eso será muy respetable, pero no es el lugar para imponer su opinión”.

- La oralidad: “Debe esclarecerse que el fiscal de juicio y las querellas tienen potestades para ampliar las acusaciones contenidas en los requerimientos de elevación a juicio durante el debate”, dice. “Es decir, aunque los hechos fuesen conocidos o previsibles ya en instrucción y no integraron el requerimiento de elevación a juicio por cualquier razón”.