Habla de corrido, erguido, articula cada palabra, mira al público, apenas si lee. Usa ejemplos propios y ajenos. Lo que dice lo afirma con vehemencia. Así son los discursos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Así habló ayer ante jueces, funcionarios y ONG en la apertura del “año judicial”. Con destreza, hizo una exposición capaz de complacer, aunque sea en algo, a cada uno de los que componen su audiencia. Repitió la palabra “tragedia” y no hizo falta que mencionara el accidente de Once para que todo el mundo lo evocara cuando advirtió que “la Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindar un trato digno”, “a cuidar la vida y la salud de los habitantes”. Ahí interpeló a los magistrados: “No sólo tenemos que resolver casos sino evitar que las tragedias ocurran” o que se transformen “en tragedias judiciales”. Lorenzetti postuló un nuevo “modelo de Justicia” que “escuche” a “la sociedad”, “sin demoras injustificadas” y que sea “igual para todos”. Reprochó, pese a avances que alega el Gobierno, que “la trata de personas” sea un “problema que crece”. Recomendó “no censurar la crítica” y señaló al reparto de “publicidad oficial” como otro “mecanismo” que “puede afectar la libertad de expresión”. Ya en sintonía con el Ejecutivo reivindicó el avance en las causas de derechos humanos, pidió continuidad y que “los argentinos tengamos memoria” para enseñar “que no se puede perseguir desde el propio Estado al que piensa diferente”.

A fuerza de repetición, Lorenzetti suele instalar frases como la que dice que en las causas contra represores “no hay marcha atrás”, o la que pide “no judicializar” los conflictos políticos –máxima aplicable a la pelea por el subte– y “disminuir la litigiosidad” en general. Son parte de lo que llama “políticas de Estado” de la Corte, y que retomó en una exhortación a los jueces para que adopten un “nuevo modelo judicial” que incluye “la noción de gobierno abierto”, lo que implica dar “participación”, “llevar la Justicia a la gente” o “hacer hablar a la Constitución con la voz del pueblo”. En ese esquema, dijo, la Justicia debería lograr respuestas rápidas y evitar que “las tragedias colectivas” devengan “tragedias judiciales”. Las “megacausas”, tanto las que investigan crímenes dictatoriales como accidentes a gran escala, traen desafíos novedosos. Si se siguen “los principios tradicionales de derecho” “los juicios durarían más de diez años”, alertó. Pidió a los jueces cambiar de “paradigma” y los invitó a seguir las reglas aprobadas por la Cámara de Casación Penal para evitar dilaciones.

Lorenzetti preside la Corte desde noviembre de 2006 y desde hace tres años le habla a toda la comunidad jurídica al empezar el año, para marcar el rumbo. Ayer habló a sala llena. También estaba repleto, con pantallas, el patio lindero. Había jueces federales, camaristas, los ministros de Justicia de Nación y Ciudad, Julio Alak y Guillermo Montenegro; el titular de la AGN, Leandro Despouy, y organismos de derechos humanos.

“Reprimir la protesta social no es el camino más acertado”, sorprendió a poco de empezar. “Mejor escuchar”, “dar participación”, “por eso aquí en la Corte estuvieron presentes los pobres”, dijo. El ejemplo pretendía ilustrar que para dar “acceso a la Justicia” la Corte convoca a audiencias públicas. Recordó el caso del Riachuelo (luego diría que el tribunal tiene reconocimiento internacional en cuestiones ambientales) y reclamos por la tierra de pueblos originarios. También postuló la “igualdad” porque siempre “es fácil reconocer derechos a los que ya los tienen, el problema es reconocerlos a los que no los tienen”. Repasó fallos sobre libertad sindical, derechos de los jubilados, acceso a prestaciones de salud, la discusión por el derecho a la vivienda y las políticas de “igualdad de género”. Sumó los “derechos del consumidor”. Hizo referencia a los servicios públicos y en forma elíptica al accidente ferroviario de Once. Dejó en claro que en 2008 la Corte falló a favor de una empleada doméstica que reclamaba una indemnización “por un daño sufrido en el subterráneo”. La Constitución “obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que tenemos, la vida y la salud de sus habitantes. Ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes. Todos tienen derecho a la seguridad”.

“Libertad” fue el siguiente postulado. “¿Cómo es posible que a esta altura sigamos hablando de trata de personas y que no la hayamos podido disminuir sino que por el contrario el problema crece?”, regañó Lorenzetti. Se refería a la trata, dijo, por ser una forma de esclavitud. El mismo bloque incluyó “libertad de expresión”. Recordó un fallo a favor del diario La Nación (Patitó), por un artículo que cuestionaban al Poder Judicial. “La crítica es buena, no debemos censurarla”, sostuvo.

En su mensaje a los jueces, Lorenzetti les pidió “no sustituir la gobernabilidad”, pero a su vez “limitar a los otros poderes” para evitar “los abusos de poder”. Un hombre –de un grupo de familiares de represores– intentó escracharlo, como el año pasado en la Facultad de Derecho, pero la voz de la locutora con agradecimientos engolados desdibujó su presencia.