El gobierno nacional respondió con una presentación judicial a la que habían hecho desde la gestión PRO por el subte. En el escrito –al que tuvo acceso Página/12– solicitaron que la Justicia haga lugar a una medida cautelar y “ordene al gobierno porteño para que en forma inmediata proceda a cumplir su obligación como concedente del servicio público del subterráneo, debiendo a tal efecto controlar y fiscalizar el contrato de concesión en su totalidad”, como dispuso el acta firmada entre los dos gobiernos el 3 de enero. Como medida de fondo, reclamaron que la Justicia disponga que el gobierno porteño se haga cargo del contrato en forma definitiva. Al igual que en el escrito que presentaron los macristas un día antes, se reservaron la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema, donde ambas gestiones creen que se dirimirá la disputa.

La escalada comenzó la semana pasada, cuando Macri anunció que suspendía la negociación por el traspaso del subte. También aseguró que devolvía las potestades ya transferidas por el acta acuerdo: el control, la fiscalización y la tarifa, que el jefe de Gobierno aumentó en un 127 por ciento. Al día siguiente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le contestó en su discurso inaugural en el Congreso. Prorrogó por un mes la presencia de la Policía Federal en los subtes, un hecho que Macri había utilizado como pretexto para terminar las negociaciones. El líder del PRO contestó con otra conferencia de prensa en la que exigió “mil millones de dólares” en inversiones en los subtes para aceptar el traspaso.

El lunes –primer día hábil–, el ministro de Planificación, Julio De Vido, le envió una intimación a Macri. En respuesta, la gestión PRO se presentó ante el fuero contencioso administrativo federal con un pedido de “no innovar” para que el gobierno nacional opere los subtes. También exigieron que la Justicia ordene que no retiren a la Federal.

Ayer De Vido presentó su propia demanda. Lo hizo por la tarde, aunque se difundió a última hora de la noche. “No tuvimos la suerte de Macri, de que rápidamente nos sortearan el juzgado”, ironizaron en Balcarce 50. En el escrito, reclamó que se condene a la gestión PRO “a cumplimentar las obligaciones emergentes del acta acuerdo y garantizar la prestación sin condicionamientos del servicio” del subte. Advierten que Macri se dedicó a “eludir e incumplir su obligación de actual concedente de la red de subterráneos, omitiendo efectuar el control y fiscalización del contrato de concesión a su cargo”.

Para esto, citaron la conferencia de prensa de Macri y la calificaron de “intempestiva y unilateral” y “que conllevó que al día siguiente no hubiera prestación de servicios públicos de subterráneo”. También remarcaron que con el acta firmada ya se dio la transferencia, que “se ha perfeccionado, mediante una decisión del jefe de Gobierno”: el aumento de tarifas que Macri hizo en “el ejercicio de sus potestades como concedente”. Para el gobierno nacional, la transferencia ya se dio y no hay ningún acto administrativo pendiente. En su favor, citan la ley 373 de la Legislatura, el decreto de 1999 con el que Fernando de la Rúa ordenó transferir los subtes, la reforma constitucional de 1994 y hasta el dictamen del procurador adjunto porteño, que contradijo a Macri al afirmar que “la Ciudad asumió el control y fiscalización del contrato”.

Como cuestión de fondo, el Gobierno presentó una demanda para que Macri cumpla el contrato entre las dos partes, firmado el 3 de enero, en el que aceptó el subte “en forma lisa y llana y sin condicionamiento alguno”. En el texto, consideraron que al intentar devolver la potestad tarifaria, Macri “también infringe obligaciones constitucionales y legales a su cargo”. “Es por lo menos improcedente que el poder concedente de un servicio público intente su devolución”, indicaron en el escrito.

“Legalmente sigue siendo responsabilidad del gobierno nacional porque el contrato de la empresa que opera el servicio es con el gobierno nacional. Metrovías hoy habla con el gobierno nacional tanto como para recibir el subsidio como para operar el servicio”, aseguró más temprano la vicefeja de Gobierno, María Eugenia Vidal, la elegida por el equipo de comunicación PRO para dar la cara en el día a día. Vidal admitió que “puede ser” que el conflicto llegue hasta la Corte Suprema, como había planteado el primer día el vicepresidente Amado Boudou. “Esperemos que no, esperemos que se resuelva antes. Creemos que tenemos todos los elementos como para que podamos volver a la mesa de negociación”, consideró.

En el gobierno porteño dicen que no bien se suspendieron las reuniones de negociación, no hubo más llamados de un lado al otro de la Plaza de Mayo.

“El Gobierno de la Ciudad siempre tiene una excusa. Tienen que hacerse cargo de los problemas de la ciudad”. reclamó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien consideró que “Macri tiene actitud infantil, irresponsable y caprichosa”. El senador Aníbal Fernández interpretó que “si persiste en esta actitud vergonzante y sin sentido, deberá enviarse el tema a la Corte, y ésta resolverá en consecuencia”.