“Nos están faltando el respeto y seguimos siendo torturados.” Pedro y Norma Domínguez, los padres de Christian Domínguez (30), definieron de esa manera lo que están viviendo desde que fue asesinado el joven, el 5 de febrero de 2005, en la Comisaría 1ª de Berisso. El lunes debía haber comenzado el juicio oral contra los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez, acusados por el delito de “torturas seguidas de muerte”, pero fue suspendido sin fecha y sin aviso previo a la familia, porque una jueza que integra el Tribunal Oral 2 de La Plata extendió su licencia médica y el magistrado designado para reemplazarla se excusó de asumir esa responsabilidad. Ernesto Martín, abogado de la familia, recordó a Página/12 que la elevación a juicio data del año 2010 y que ante la “inexcusable mora” en el inicio de la audiencia, los policías imputados, que están presos desde hace cuatro años y medio, podrían solicitar la prisión preventiva morigerada y cumplir detención domiciliaria, “lo que hace pensar en la posibilidad de fuga o en que interfieran en la causa”, dado que ya se han producido amenazas a testigos.

En diálogo con este diario, Pedro Domínguez sostuvo que “la policía ha perseguido a testigos del juicio y los ha amenazado”. Precisó que “un ex compañero de los policías que están detenidos interceptó hace unos días a uno de los testigos y le advirtió: ‘Ojo con lo que vas a decir’”, en alusión al proceso oral y público. El 5 de febrero de 2005, Christian Domínguez se presentó en la Comisaría 1ª de Berisso para denunciar el robo de una campera. Desde ese momento “se produjeron una serie de cuestiones irregulares, porque le quisieron abrir una causa por supuesta ebriedad hasta que quedó detenido en esa comisaría”.

Domínguez apareció muerto en la celda y se dijo que se había suicidado ahorcándose con su cinturón, al que habría atado a la reja. La perito policial Marcela Lotito confirmó la versión oficial, pero luego fue apartada del caso y encarcelada, aunque finalmente recuperó su libertad. Una segunda autopsia realizada por peritos judiciales y de la Asociación Miguel Bru, que patrocina a la familia, determinó que Christian falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”.

“Varios testigos acreditaron las torturas, el hostigamiento y el sufrimiento psicológico que sufrió Christian, mientras rogaba que lo dejaran realizar un llamado para que lo liberaran, ya que no había hecho nada que justificara su detención. Mi hijo no tenía ningún antecedente penal ni contravencional y jamás había pisado una comisaría”, aseguró Norma Domínguez. A pesar de la existencia de pruebas importantes, la causa tardó en avanzar, por lo que fueron recusados y apartados del proceso tres fiscales: Leandro Heredia, Ana Medina y Tomás Morán.

Los testigos, muchos de ellos detenidos que estaban en la Comisaría 1ª de Berisso cuando ingresó Christian, aportaron datos que llevaron a la detención de los tres policías. En el caso también está imputado, pero por el delito de encubrimiento, el entonces ayudante de guardia de la seccional, Leandro Antonelli. El comienzo del juicio fue suspendido porque la jueza Patricia de la Serna, integrante del Tribunal Oral 2, renovó hace unos días su pedido de licencia médica, que comenzó el año pasado. En su reemplazo fue designado por sorteo el juez Claudio Bernard, quien se excusó de hacerse cargo porque tiene otro juicio oral en trámite.

“Hoy (por ayer) recorrimos varios lugares para reclamar que el juicio comience de una vez. Esto es un ejercicio desgastador”, dijo Pedro Domínguez. La familia pidió audiencias en la Suprema Corte provincial, al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y en las subsecretarías de Seguridad y de Justicia. “Creímos que esta lucha de siete años llegaba a su fin porque desde diciembre venían asegurando que el 5 de marzo iba a comenzar el juicio. Esto es una falta de respeto, una piedra más en esta lucha que parece que no va a terminar nunca”, denunció el padre de la víctima.