El abogado de la embajada argentina en Chile, Sebastián Del Pizzo, solicitó ayer a la Sala Penal de la Corte Suprema que decrete prisión preventiva total contra el ex juez mendocino Otilio Romano, acusado de complicidad con la dictadura militar y de 103 delitos de lesa humanidad. La petición fue despachada en nombre del gobierno de la Argentina, con el objetivo de que se prohíba que el ex magistrado pueda acceder a asilo político en Chile. El 24 de febrero, el ministro de la Corte Suprema chilena, Sergio Muñoz, decretó arresto domiciliario nocturno hasta que concluya el proceso de extradición de Romano y, desde entonces, la defensa del ex juez ha solicitado la libertad bajo fianza. Romano fue destituido de su cargo el 15 de diciembre de 2011 por un jurado de enjuiciamiento que lo encontró partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la dictadura. Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, por lo que el juez Walter Bento pidió su captura internacional.