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El Frente para la Victoria (FpV) consiguió con velocidad y holgura la aprobación de la ley que ordena el traspaso de subtes, colectivos y Premetro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los representantes del PRO defendieron, casi en soledad, la postura del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, primero en el plenario de comisiones, luego en el recinto. Federico Pinedo preservó el estilo parlamentario y el buen tono. Paula Bertol y Gabriela Michetti se desbordaron, algo que no es muy PRO.

La disputa estaba resuelta de antemano, con la distribución determinada por el plebiscito electoral del año pasado. Más allá de la cantada posición del macrismo, la gimnasia parlamentaria fue la que se va haciendo tradicional en 2012: un oficialismo sólido y disciplinado, un radicalismo que trata de ser menos binario y antagónico que en los buenos tiempos del Grupo “A”. El Frente Amplio Progresista (FAP) volvió a mostrar diferencias internas, tal como ocurriera en el Senado. Hubo en sus filas abstenciones y votos negativos. La disidencia llegó al interior del socialismo, que es usualmente una fuerza muy orgánica: el diputado porteño Roy Cortina reconoció el hecho, una crisis incipiente en una coalición recién formada. Cualquier especulación sobre su devenir es apresurada, el dato es insoslayable.

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Bertol profetizó que la victoria del oficialismo será “pírrica”. O sea, una derrota. El cronista piensa que la ley es una victoria política aunque, de nuevo, sus proyecciones son por ahora imprecisas. Dependerán de surtidas variables, entre ellas si el macrismo consigue hoy una declaración de rechazo en la Legislatura porteña. Si así fuera, sin duda asomaría un conflicto entre un Estado provincial y el nacional, lo que podría motivar la judicialización. Claro que el PRO debe tabular también cómo ha impactado el debate en la opinión pública. Las encuestas de opinión abundan, buenas noticias para los consultores en un año no electoral. Macri escruta dos horizontes: el más obvio es el porteño, el terruño que tantas satisfacciones le dio. El otro es el nacional, escenario en el que aspira a lanzarse en 2015, tras vacilaciones anteriores. Allende la General Paz, la polémica por subtes y bondis no le hace ningún favor a “Mauricio”, ya que la tirria antiporteña es tradicional y hace estragos. Tal era uno de los objetivos del gobierno nacional al enviar el proyecto de ley al Congreso. En sustancia se logró, aunque la percepción a ojímetro del cronista, confirmada en voz baja por propios legisladores del oficialismo, es que en las provincias el entuerto no es pasión de multitudes, por decirlo con un eufemismo.

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Pase lo que pase hoy en la Legislatura, es imposible que se apruebe el traspaso. Así las cosas, el conflicto interjurisdiccional no queda salvado, quedando abiertas las vías evidentes: la judicial y las tratativas entre los dos gobiernos.

En materia legal, el macrismo está muy flojo de papeles. En el Acta Acuerdo, claramente, aceptó el traspaso. Y el subsiguiente aumento del boleto fue un principio de ejecución, que hubiera resultado infundado e inexplicable sin que mediara la voluntad de tomar el control de los subtes.

Las gentes del PRO saben que van a una derrota si persisten en la vía judicial, pero pueden especular con la duración de esa instancia que, si se estira hasta una sentencia, sería muy larga.

Las palabras clave que usó Pinedo en su discurso y en su periplo ante los medios audiovisuales fueron “negociación” y “seguridad”. Se aspira a insinuar que se quiere articular con el Estado nacional pero se niega lo ya firmado. La alusión a la “seguridad” (un lugar común de toda la oposición en el recinto) busca abrir una brecha en la credibilidad del gobierno nacional, a partir de la tragedia de Once.

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Tanto el Acta Acuerdo como la ley que la homologa y añade el traspaso de los colectivos son llamativamente escuetas. En ellos no se menciona a la responsabilidad por la seguridad en los subtes, un punto que ya ha causado escozor. El gobierno nacional, se recordará, anunció que la retiraba y luego revisó su actitud, manteniendo la custodia hasta el 30 de marzo. El plazo, pues, está por vencer.

Para decidir sus pasos futuros la Casa Rosada deberá tabular esa ausencia de mención o sea de consenso firmado. También los términos de la Ley Cafiero, sumados al malestar de los pasajeros y a las proyecciones del estrago de Once.

La decisión es inminente, tal vez una prórroga sería lo más sensato, promediando la defensa de las posiciones con lo más relevante que es el interés de los ciudadanos usuarios

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En suma, el FpV consigue básicamente lo que buscaba, que es mejorar la ecuación política y demostrar cuán aislada está en el contexto nacional la posición de Macri. El peso que tenga ese hecho en las conductas ulteriores del macrismo está por verse.

La perspectiva de que el entuerto llegue a la Corte Suprema no les causa ninguna gracia a sus integrantes, poco proclives a resolverles a los dirigentes políticos problemas que (entienden Sus Señorías) le son propios. Si les llega el expediente buscarán la mediación y jamás se apurarán por dictar sentencia.

La salida por Tribunales también le haría flaco favor a “la política”.

La historia continuará.

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