El ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala le contará hoy al juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros, la historia que llevó atragantada más de 30 años y que la semana pasada hizo pública por primera vez: una mañana de mayo de 1977, mientras cumplía una tarea enmarcada en su servicio militar obligatorio, vio cómo un grupo de entre diez y doce personas con los ojos vendados y las manos atadas fue conducido por soldados del Ejército hacia lo profundo del monte, en las afueras de la ciudad formoseña de Clorinda, desde donde nunca más los vio regresar. Entre esas personas logró reconocer al dirigente peronista Francisco “Pancho” Bogarín y al referente campesino Cantalicio Mazacotte, ambos conocidos en el pueblo, desaparecidos hasta hoy. Su secuestro y desaparición, que a partir de este testimonio podrían convertirse en asesinatos, integran la Causa Carrillo, que abraza a más de 30 crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia norteña y que cuenta con un solo condenado, el ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo, quien en enero pasado fue denunciado por violar la prisión domiciliaria.

“Es valioso su testimonio, teniendo en cuenta lo difícil que es en Formosa, y más en un pueblo chico como Clorinda, romper el silencio sobre estos crímenes –consideró la cantante Charo Bogarín, hija de Pancho–. Hay mucha gente involucrada que está cerca.” El miércoles pasado, Ayala recibió una amenaza.

La primera vez que rompió el silencio, Ayala, de alrededor de 60 años y en delicado estado de salud, fue el miércoles pasado, frente a las cámaras de televisión de una señal cooperativa de Clorinda, su ciudad natal y en donde vive junto a su esposa. Dos días después, ella encontró un papel que alguien había empujado por debajo de la puerta de entrada de su casa: “Se ve que vos no querés a tus hijos. Ayala, entregaste la cabeza de tu hijo, cuidate. Dejá de hablar, asesino”. Entonces, el ex conscripto decidió hacer una denuncia formal: se acercó al Escuadrón nº 16 de Gendarmería Nacional de Clorinda, el mismo día, acompañado por las hermanas de Bogarín y Mazaco-tte, y uno de los abogados querellantes en la causa Carrillo, Pedro Velásquez Ibarra.

“Al principio (los gendarmes) no le quisieron tomar la denuncia, pero luego accedieron. También se negaron a ofrecerle una copia de su declaración, pero finalmente se la dieron”, comentó Bogarín, la hija del dirigente peronista desaparecido.

Ante los gendarmes contó que un día de mediados de mayo de 1977, a las 9.30, mientras hacía el servicio militar obligatorio, fue ordenado por las autoridades del Regimiento de Infantería Monte Nº 29 a “trasladar a una misión al personal de Ejército argentino (...) con destino a la localidad de Clorinda”. Ayala recordó que detuvo el camión “al ingreso a la estancia Monte Agudo”, en donde después de 20 minutos “arriba al lugar un vehículo destinado al servicio de ambulancia (del que) fueron obligados a descender entre 10 y 12 personas de sexo masculino, vestidos de civil, con los ojos vendados, atados de manos y unidos todos por intermedio de una soga”. Luego mencionó que esos hombres, entre los que reconoció a Bogarín y Mazacotte, fueron “internados por la gente del ejército hacia la espesura de los montes”. Comentó que “transcurridos unos 45 minutos, escuchó varios disparos de arma de fuego en dirección donde fueron conducidas las personas maniatadas” y que los soldados “volvieron luego de una hora y media aproximadamente sin ninguna” de ellas. Ante la situación, Ayala apuntó que estuvo “a punto de caer en llanto”. Se le acercó “un subteniente (a quien no pudo reconocer), quien le dijo que las personas llevadas eran subversivos”.

El abogado Velásquez Ibarra solicitará al juez un reconocimiento del lugar indicado por el ex soldado, “para intentar localizar la posible existencia de fosas” en las que habrían sido depositados los cuerpos tras su fusilamiento. El abogado, que reemplaza a una de las tres querellas particulares, consideró fundamental la declaración de Ayala para “una causa en la que la Fiscalía cometió deficiencias monumentales”. Antes de apartarse de la investigación, el fiscal federal subrogante Luis Benítez –cuyo tío integra un estudio jurídico que defiende a represores–subdividió toda la causa, con lo cual, apuntó Velásquez Ibarra, “los acusados sólo son acusados por pocos delitos y las víctimas deben declarar una y otra vez sus tormentos”.