El vicepresidente del Subcomité de prevención de la tortura de las Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Rescia, se encuentra de visita en el país acompañado de una comisión del mismo subcomité. La visita no tiene que ver con ninguna de las atracciones turísticas que se visibilizan como créditos del país sino todo lo contrario: con situaciones que se intentan ocultar. Rescia y el comité de expertos recorrerá desde este jueves cárceles argentinas, por pedido del Cels y de la Comisión Provincial por la Memoria. El recorrido es secreto por aquello de no ser guiado por habitaciones desodorizadas y con ventanas cruzadas por cortinas. No por casualidad, antes de iniciar la recorrida, se reunió con representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, que le entregaron un informe sobre la situación en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Entre los datos más destacados surge que durante todo el año pasado, la CPM recibió testimonio de 235 personas detenidas que denunciaron tortura. Según los registros de la CPM, los denunciantes representan el 9 por ciento del total de 235 casos, lo que deja en evidencia que el universo de silencio es ampliamente superior.

Según el informe, los casos registrados tuvieron lugar en 24 lugares de detención, 21 unidades penales y 3 institutos de menores, lo que viene a ser casi la mitad de los centros de detención (excluyendo las comisarías) bonaerenses. La cifra de establecimientos (no la de denunciantes) de alguna manera viene a subrayar la idea de que la tortura no es aplicada por una manzana podrida, sino que lo podrido tomó las nervaduras centrales del manzano.

Como señaló al término de la reunión Hugo Cañón, co-presidente de la CPM, “Nuestro diagnóstico es sistemático. Año a año vemos que hay una forma, un patrón sistemático que se mantiene y entonces planteamos que es una matriz de un régimen autoritario, que tiene secuelas de la época de la dictadura y antes también, con amplios anclajes del sistema corporativo, tanto de las policías como del servicio penitenciario. Creemos que lo importante es no abordar solamente los casos puntuales o individuales que hemos canalizado a través de la Justicia, con hábeas corpus, sino ver un panorama muy superior para poder hacer una interrelación entre la normativa jurídica y la metodología práctica”.

Lo que también confirma que el problema es estructural y no de casos individuales es que de los 235 testimonios recibidos sólo el 9 por ciento se animó a presentar denuncia. La conjetura está a la vista: si 235 se animaron a testimoniar, pero sólo 21 se animaron a presentar denuncia, la cantidad de casos reales de tortura en los que la víctima no quiere siquiera testimoniar su caso para no sufrir consecuencias es una cifra negra inconmensurable. Mucho más si se entiende que algunos tipos de tortura como las palizas son tan habituales y están tan incorporadas a la vida cotidiana que ni siquiera surgen como motivo a denunciar para la propia víctima que no los interpreta como tal.

El Comité Contra la Tortura que integra la CPM identificó de los 235 testimonios 11 tipos diferentes de torturas y malos tratos que se presentan en forma combinada como “agresiones físicas y aislamiento”; “malas condiciones materiales y falta de acceso a la alimentación”; “aislamiento y malas condiciones materiales”; y “falta de atención a la salud y malas condiciones materiales”.

Según el registro, además, cada víctima en promedio fue torturada y/o maltratada físicamente, provocándole sufrimiento, 1,3 veces en los últimos dos meses. El 54,8 por ciento de las agresiones físicas fueron golpes y/o golpizas. Un dato revelador es que los jóvenes de 18 y 21 años son el grupo de edad más agredido físicamente: el 69,2 por ciento. Las principales circunstancias de las agresiones tuvieron lugar durante sanciones de aislamiento, ingreso a la unidad y luego de riñas o reclamos.

El 83,4 por ciento de los casos –casi la totalidad– fue víctima de la práctica del aislamiento en los últimos dos meses del informe. En 9 de cada 10 casos, el aislamiento implica el encierro en la celda las 24 horas del día. En el 57,8 por ciento de los casos de aislamiento fue aplicado como sanción, de las cuales, al menos el 20 por ciento fue una sanción informal, inexistente en los registros y los libros. En otro 26 por ciento de los casos, no se trata de un castigo ni de una medida de seguridad sino simplemente de un régimen habitual del pabellón, es decir que el encierro de 24 horas es costumbre y excede en promedio el mes.

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