Después de haber sido postergado sorpresivamente en noviembre del año pasado, el juicio por los sobornos en el Senado tiene nueva fecha de inicio para el 14 de agosto. El ex presidente Fernando de la Rúa estará en el banquillo junto con otros siete acusados del pago de coimas por cinco millones de pesos, en abril de 2000, para lograr que el bloque justicialista apoyara la Ley de Reforma Laboral. El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) los juzgará por el delito de cohecho (dar o recibir coimas) y malversación de fondos públicos. El arrepentido Mario Pontaquarto –quien dijo que el dinero había salido de la ex SIDE– llegará algo debilitado, ya que fue condenado en un juicio abreviado a dos años y un mes de prisión en suspenso por no haber rendido viáticos, aunque su relato sigue siendo clave.

Junto con De la Rúa y el ex secretario parlamentario Pontaquarto serán juzgados el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda. Dos figuras que fueron centrales y no estarán: el senador José Genoud, entonces jefe del bloque radical y muy cercano de De la Rúa, se suicidó hace más de tres años, y el ex senador justicialista Emilio Cantarero, declarado inimputable porque padece Alzheimer.

Cantarero había sido uno de los primeros en reconocer que el anónimo que circulaba en un comienzo y hablaba de coimas podía tener relación con la realidad. Tres años más tarde, Pontaquarto reveló que fue a su departamento en la avenida Callao donde llevó, el 26 de abril, 4,3 millones de pesos para repartir en compensación por apoyar la ley que pedía el Fondo Monetario (FMI). Los 700 mil restantes dijo que se los dio a Genoud un día después en su despacho.

Todo indica que Pontaquarto reiterará su confesión y apoyará la acusación de la fiscalía, a cargo de Sabrina Namer, con la esperanza de que, si le toca una condena, sea atenuada. La Oficina Anticorrupción (OA) es querellante. El “valijero” había relatado también una reunión en la Casa Rosada, donde participaban Alasino y Tell, en la que Genoud le decía a De la Rúa que el justicialismo necesitaba “otras cosas” para aprobar la reforma laboral. “Eso arréglenlo con De Santibañes”, fue la respuesta del ex jefe de Estado. Buena parte de la prueba que cotejó la versión de Pontaquarto fue realizada durante la investigación en primera instancia, a cargo del juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado. Los entrecruzamientos telefónicos y ubicación de los teléfonos celulares sirvieron para cotejar la descripción de Pontaquarto.

La lista de testigos supera los 300 e incluye hasta a la presidenta Cristina Kirchner (que puede declarar por escrito), quien como legisladora se oponía a la ley, al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, cuya salida del gobierno de la Alianza evidenció la crisis institucional, Hugo Moyano (quien denunció que Flamarique le dijo la famosa frase “para los senadores tengo la Banelco”), Antonio Cafiero, Julio Piumato, el diputado Héctor Recalde, Rodolfo Terragno, Luis Barrionuevo, Sergio Acevedo, Elisa Carrió, Carlos Corach, Ricardo Gil Lavedra, el ex ministro de Economía José Luis Machinea, Héctor Maya, Carlos Menem, Alberto Rodríguez Saá, Carlos Ruckauf, Jorge Yoma y hasta Eduardo Duhalde, entre muchos otros.