Desde la mañana y hasta el anochecer, cuatro hombres, ancianos, estuvieron instalados primero en un pasillo y luego en oficinas del Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5), en el sexto piso de Comodoro Py. Habían sido jefes de área durante la última dictadura y después de enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad en 2009 salieron caminando libremente: tres de ellos absueltos, el cuarto condenado pero excarcelado. Ayer, sin embargo, ya no pudieron volver a sus casas y terminaron presos en el penal de Ezeiza. Lo dispuso el mismo tribunal que los había juzgado –con otra composición–, aunque fue como consecuencia casi inevitable de un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que esta semana revocó sus absoluciones. A los ex jefes del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, Teófilo Saa y Felipe José Alespeite les impuso hasta 25 años de prisión y confirmó la prisión perpetua para Bernardo Menéndez, ex jefe del Grupo Artillería de Defensa Aérea 101. También ratificó la condena del general Jorge Olivera Róvere, detenido por otra causa. Apenas notificado de este cambio de escenario, el fiscal Félix Crous pidió las capturas.

Los militares condenados intentaron impedir lo que parecía el de-senlace más probable con planteos de recusación, que no tuvieron eco. Dos de los jueces del TOF5, Adriana Paliotti y Oscar Hergott, hicieron lugar al pedido del fiscal Crous y revocaron la libertad que beneficiaba a los ex jefes que actuaron en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. Evaluaron que existe “riesgo procesal”, como la posibilidad de fuga, más aún tratándose de personas que tuvieron mucho poder durante la última dictadura. Se apoyaron, además, en antecedentes de otros juicios (como el de los crímenes en el centro clandestino El Vesubio, que llevó adelante el TOF4) y en los lineamientos de la Corte Suprema que apuntan a restringir las excarcelaciones en casos de delitos de lesa humanidad. El tercer juez, Daniel Obligado, votó en disidencia, a favor de dejar a los represores libres hasta que haya sentencia firme. Es el único de los integrantes actuales del tribunal que participó en el juicio de 2009, que culminó con más absueltos que condenados.

Aquel juicio duró cerca de un año y abarcó 242 privaciones ilegales de la libertad, torturas y seis homicidios cometidos al amparo del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Incluyó casos como el asesinato del uruguayo Zelmar Michelini, los secuestros de María Fernanda Martínez Suárez (sobrina de Mirtha Legrand) y su esposo; el de Carmen Lapacó (Madre de Plaza de Mayo y una de las fundadoras del CELS), el escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman (hijo del poeta Juan Gelman).

Olivera Róvere encabezaba la llamada subzona Capital Federal y era mano derecha de Carlos Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo. Por debajo estaban los jefes de área, quienes daban instrucciones para que actuaran los grupos de tareas y manejaban la liberación de zonas en coordinación con la Policía Federal. El TOF5 –que durante las audiencias componían, además de Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo– sostuvo que las responsabilidades llegaban hasta los jefes de subzona. Fue una sentencia que marcó un retroceso en el proceso de justicia por los crímenes dictatoriales. Pero la Sala IV de Casación sostuvo que “la exorbitante gravedad de los hechos” “no posibilita alejarse en demasía de los márgenes del máximo de la escala aplicable”.

A Lobaiza, que fue jefe del Regimiento de Infantería Patricios, Casación lo encontró culpable de 45 hechos y lo condenó a la pena máximo, de 25 años de prisión. A Saa, que tuvo el mismo cargo, le imputaron 16 hechos y le tocó una pena de 22 años de prisión, lo mismo que a Alespeite, segundo jefe del Regimiento Patricios. La resolución confirmó, además, las condenas a prisión perpetua de Olivera Róvere y de Menéndez. Este último, al estar libre, aprovechó para oficiar de abogado del represor fallecido Rubén Visuara. Anoche eran trasladados a la cárcel de Ezeiza.