En su primer discurso como reelecto secretario general de una de las cinco fracciones en que quedó dividido el movimiento sindical, Hugo Moyano corrió el último velo que ocultaba las motivaciones de su conducta del último año y medio: lejos de exponer una agenda gremial, describió un horizonte ya no sólo político sino electoral, en el que sus fuerzas restarían apoyo a la presidente CFK en los comicios legislativos de 2013. Moyano se hizo elegir con el 54 por ciento de los votos dibujados en su congreso de fantasía. Este mal no es exclusivo de su sector. El otro computa como propios a renunciantes, procesados y difuntos. El intento de incluir en esta nota un cómputo objetivo de las fuerzas respectivas fracasó, porque el Ministerio de Trabajo confesó que no existen registros oficiales, actualizados y confiables. Moyano también dio señales acerca del tipo de representación gremial que invoca, al elegir como acompañante en la secretaría adjunta de su agrupamiento al dirigente de los petroleros Guillermo Pereira; como vocal al secretario de la Asociación de Pilotos de Aviones, Jorge Pérez Tamayo y como secretario de prensa al dueño de una parada de diarios, Omar Plaini. Curiosa superposición de decisiones: en el mismo momento en que decide volcarse de lleno a la política, Moyano segmenta su representatividad gremial y se aventura en un terreno desconocido, seguido por los menos: camioneros, petroleros, pilotos y patrones quiosqueros integran el diez por ciento de la aristocracia obrera que resopla contra el gobierno porque debe pagar el impuesto a los ingresos de las personas. (Aristocracia obrera no es una descripción de Carlos Zannini sino de Carlos Marx). La solicitada que con la mejor intención inspiraron Plaini, Juan Carlos Schmid, Facundo Moyano y Héctor Recalde el miércoles decía que “apoyamos el modelo que comenzó en mayo de 2003 y que transformó una penosa realidad en cambios de enorme trascendencia como la liberación del FMI, el no endeudamiento, la política de derechos humanos, la defensa del mercado interno, las paritarias, el salario mínimo vital y móvil, la nacionalización de empresas públicas, de los recursos previsionales, la movilidad jubilatoria y un etc. importante. Pero ello no significa que no reclamemos por lo que falta, por la profundización necesaria, por el diálogo, las explicaciones sobre la coyuntura”. Estos buenos propósitos naufragan cada vez que Moyano compara a la presidente con la dictadura militar o atribuye las dificultades del gobernador bonaerense para pagar sus obligaciones a un golpe de Estado del mismo gobierno nacional al que Daniel Scioli no se cansa de agradecer su ayuda, que al menos le permitió pagar los sueldos. El dirigente de los albañiles (y ex personal civil de Inteligencia del Ejército) Gerardo Martínez, hizo un intento de último momento por evitar la fractura y propuso a Moyano prorrogar su mandato unos meses hasta alcanzar un acuerdo entre todos los sectores. Fracasó porque aquellos sindicatos comprometidos con el desguace del Estado en la década de 1990, como los electricistas de Oscar Lescano, los mercantiles de Armando Cavalieri y los paramédicos de Carlos West, no quieren saber nada con Moyano. Pero también Moyano declinó la propuesta con un argumento sorprendente: “Este gobierno no llega a fin de año”. Expresiones similares de deseos repite ante interlocutores más discretos el aún arzobispo de Buenos Aires pero ya no hombre fuerte de la Conferencia Episcopal, Jorge Bergoglio, enfurecido por las reformas progresistas al Código Civil propuestas por una comisión que encabezaron el presidente y la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton. La ratificación por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la fecha del 7 de diciembre para que las grandes cadenas se adecuen de una vez a la ley sancionada hace ya tres años, incentiva todas esas urgencias y calienta tapas de diarios y pantallas de televisión. El hombre clave en el entramado que organizó Moyano es el secretario de interior Gerónimo Venegas. Titular de la asociación de trabajadores con los más altos niveles de informalidad del país, Venegas perdió una caja de 500 millones de pesos cuando el Congreso sancionó la nueva ley de trabajo rural, que devuelve a los trabajadores del agro derechos históricos perdidos y encomienda al Estado verificar su cumplimiento, en lugar del contubernio entre el sindicato y los patrones que creó Menem al finalizar su gobierno. Venegas transmite a Moyano su obsesión por el esquema de caos social, vacío de poder y salida anticipada de la presidente, proyecto que el ex senador Eduardo Duhalde delineó aún antes de la primera elección de Cristina y que sus dispersos partidarios mantienen como utopía reaccionaria y módico consuelo ante las contrariedades de la dura realidad. Venegas es también el puente de Moyano con las cámaras patronales agropecuarias, que amenazan con nuevos lockouts y movilizaciones, ante las medidas impositivas que preparan los gobiernos provinciales y el nacional, según la precisa lección de economía política que Cristina le asestó a Scioli: “Muchas veces hay que discutir cuando uno administra en nombre del pueblo; tenés que enfrentarte muchas veces con intereses, siempre hay que optar, sobre todo en economía, porque en la economía, como lo saben los empresarios, nada es neutro, lo que se le da a uno es porque lo pone otro”. Scioli va comenzando a comprender que antes de 2015 viene 2013. En ese año podría librarse del tormento de la administración y encabezar la lista de candidatos legislativos del Frente para la Victoria, con la lealtad a la presidente que proclama cada vez que se enciende una cámara y por la cual ha sido candidato a tres cargos distintos en 2003, 2007, 2009 y 2011.