Tras la medida del gobierno argentino de suspender la licitación para el dragado del canal Martín García hasta que Uruguay despeje sus “dudas” sobre la regularidad del proceso, la Cancillería del país vecino salió a aclarar que en realidad “no existe siquiera la apariencia de un delito” y pidió a la Casa Rosada que continúe adelante con la selección de la empresa que realizará los trabajos. La denuncia había tenido gran despliegue, alentada inicialmente por los medios uruguayos, pero ayer las autoridades del país vecino le bajaron el precio. En ese marco, el presidente José Mujica salió al cruce de los que lo critican por su política negociadora con Buenos Aires, y advirtió: “Parece que la relación fuera cuestión de guapos, que hay que golpearse el pecho para ver quién es más guapo. No hay derecho a tener esa frivolidad”.

El dragado del canal es un tema clave para los uruguayos, que necesitan darle profundidad para que puedan ingresar a su puerto barcos de gran calado. El canal está a cargo de un organismo binacional uruguayo-argentino, que debe decidir qué empresa realizará los trabajos de profundización y cuál, hasta entonces, quedará a cargo de las tareas de mantenimiento.

Las versiones surgieron el martes, en Montevideo, con la difusión de una auditoría del Tribunal de Cuentas en la que el organismo mencionó que tenía “dudas” sobre la regularidad de los procedimientos con los que se extendió el contrato de mantenimiento a la empresa Riovía. Al argumentar las razones de estas dudas, señaló que existió una reunión entre el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán y Francisco Bustillo (el representante uruguayo en la comisión binacional), a la que el argentino llevó al representante de la empresa Riovía, Sergio Cetera. En esa reunión, según la auditoría, el empresario le habría esbozado a Bustillo la posibilidad de una coima para que su compañía fuera beneficiada.

Conocido este informe, la Cancillería uruguaya dijo que debería evaluar si presentar una denuncia a la Justicia. Ante esto, la Cancillería argentina decidió suspender toda actuación sobre el canal “hasta tanto el gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas”. La cartera que encabeza Héctor Timerman se quejó porque el Tribunal de Cuentas citó “información reservada” para hacer su auditoría, a la que no dio acceso a la Argentina. Luego argumentó que era “importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas”.

Sin embargo, ayer el gobierno de Mujica rechazó suspender las actividades. La Cancillería uruguaya evitó quitarle respaldo al Tribunal de Cuentas, anticipando que “se atendrá estrictamente a su informe”, pero aclaró que en ese documento se señala que “la extensión del contrato fue estrictamente ajustada a derecho”. Agregó que, según el Tribunal de Cuentas, “el precio acordado fue considerado como totalmente razonable”. Finalmente, aunque no descarta la presentación de una “eventual denuncia”, señala que “desde el punto de vista jurídico no existe siquiera la apariencia de un delito, especialmente del que se hizo eco la prensa”. Por esto, su conclusión es que el informe del Tribunal de Cuentas no impide continuar el proceso para llamar a licitación.

Al tiempo que la Cancillería emitía sus aclaraciones, el presidente Mujica destacó la importancia para Uruguay del comercio exterior, especialmente con Argentina, y defendió la postura negociadora de su gobierno con el de Cristina Kirchner. “Cada vez que tenemos bronca y peleas (con Argentina) lo único que hacemos es perder. ¿Entonces cuál es el camino?” Mujica dijo estas palabras en un encuentro en la Unión de Exportadores del Uruguay. “Yo tengo la obligación como gobierno de pensar en el trabajo de los uruguayos y tragarme las culebras y los sapos que me tenga que tragar”, enfatizó. “No tenemos otra receta” mejor que negociar.