El Triángulo es un pedazo de tierra pegado al Ingenio Ledesma, 15 hectáreas de las poquísimas que quedaron sin plantaciones de caña de esa empresa. Hace un año fueron reprimidas allí unas 700 familias que lo habían ocupado y hubo cuatro muertos. A los pocos días las tomas de tierras comenzaron a sucederse en todas las localidades de la provincia. Mientras la causa que investigó aquel sangriento procedimiento policial carece de imputados y detenidos, y la empresa insiste en acusar a los ocupantes por usurpación, el terreno fue expropiado y ahora las familias pelean para poder construir sus casas. “La decisión es que todo quede en la impunidad”, dice sin vueltas la abogada querellante Mariana Vargas.

En la última década el Ingenio de los Blaquier amplió sus negocios y ocupó casi todas las tierras disponibles en Libertador General San Martín. Uno de esos terrenos, llamado El Triángulo por su forma, había sido cedido para la construcción de viviendas que el gobierno jujeño nunca concretó. El miércoles 20 de julio del año pasado un grupo de pobladores decidió tomarlo, con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa. Ocho días después, cuando parecía que las negociaciones estaban encaminadas, despertaron en sus precarias carpas con los gases y las balas de plomo de la policía. Cuatro muertos –Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan José Velázquez y el policía Alejandro Farán–, 60 heridos y 20 detenidos fue el saldo del brutal desalojo que la policía local ejecutó a pesar de que la Justicia lo había suspendido.

Mientras la noticia ganaba titulares a nivel nacional, quedaba expuesto el déficit de vivienda no sólo de Libertador, sino de toda la provincia, y comenzaron a multiplicarse las tomas en Perico, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Los Lapachos, La Mendieta y Caimancito, entre otras localidades. “Era impresionante, si había un pedazo verde al costado de un camino ya veías que instalaban carpas”, recuerda la letrada de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), que representa a heridos de El Triángulo. En este aspecto, su balance es positivo porque las familias consiguieron la expropiación de la tierra y ahora están peleando para construir sus viviendas. “En todas partes hubo tomas y sólo se produjeron dos desalojos más, algo se resolvió”, dice. De hecho, el ex gobernador Walter Barrionuevo apuró varios proyectos de expropiación. El de Libertador data de la época en que el desaparecido ex intendente Luis Arédez exigió al Ingenio el pago de impuestos y el traspaso de tierras a la municipalidad, porque consideraba que no podía ser dueña de todo el valle de San Francisco.

En cambio, la evaluación sobre la investigación judicial resulta negativa para los familiares de las víctimas: no hay policías imputados, menos aún responsables políticos o ideológicos. Los jefes policiales de Libertador, de la provincia y el ex ministro de Gobierno Pablo Lavilla siguen ausentes en el expediente. “La jueza Carolina Pérez Rojas nos hace lugar a nuestros pedidos, pero el fiscal Carlos Parentis tiene la firme decisión de no avanzar, ni siquiera por lo mínimo que está acreditado: esta misma jueza ordenó la suspensión del desalojo a las 9.30 y los jefes policiales desobedecieron, se lo dije cuando hicimos la inspección ocular, pero ni siquiera se bajó del auto”, afirma Vargas. “Cuando pedimos copia de los documentos secuestrados en el allanamiento a Ledesma nos respondieron que nos darían un informe. Ni siquiera hemos logrado que identifiquen al batallón que combatía a las 12.30 en la puerta de la comisaría de donde salieron la balas que mataron a tres de los cuatro muertos”, describe la abogada. Se refiere al destacamento que luego fue incendiado y ahora está vacío, sobre una calle donde los ocupantes se habían replegado. Los únicos imputados de la causa están acusados por el asesinato del policía Farfán.

Para Vargas, el “colmo” es que la empresa Ledesma, en su rol de querellante, haya logrado que en la causa por las muertes también se investigue a los ocupantes por el delito de usurpación, algo que ya tramitaba en el expediente de donde surgió la orden de desalojo. La abogada recordó que “citaron a nuestro dirigente, Quique Mosquera, y aunque no lo acusaron fue interrogado durante horas en una audiencia en la cual había más abogados que empleados, y Ledesma lo presionaba para que hablara de la usurpación, pero la jueza los paró y se fueron ofendidos”.

Julio Gutiérrez, de Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez) había relatado a este diario que la empresa abrió un camino interno para que pasara la policía durante el desalojo. Sin embargo, la causa parece encaminada en otro sentido. Y la comisión investigadora que armó la Legislatura tampoco alumbró esclarecimiento alguno: se disolvió una semana después de creada.