El fiscal Hernán Schapiro recordó lo que dijo una testigo durante el juicio. El momento en el que Magdalena Perdighé explicó cómo había entendido de chica eso que el dictador Jorge Rafael Videla decía sobre los desaparecidos: “Cuando de chiquita escuchaba ‘no están’, son una ‘entelequia’, a uno le parecía que era hija de fantasmas, todo eso cambió muy positivamente cuando identificaron el cuerpo de mi madre”. Con esos modos de entender lo que significó la recuperación de los cuerpos de las víctimas para sus familias, con los elementos que aportó sobre los asesinatos el Equipo Argentino de Antropología Forense y para tratar de “abarcar la magnitud que tuvieron los hechos”, la fiscalía federal de La Plata pidió ayer, en el juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps, ampliar las imputaciones de catorce acusados e incluir el delito de homicidio por 33 de las víctimas. Como lo empezaron a hacer la semana pasada las querellas, el pedido alcanzó a los responsables máximos del accionar militar en la provincia de Buenos Aires: Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, gobernador y ministro de Gobierno, que hasta ahora no están acusados por asesinato. De prosperar el pedido, también ellos podrían ser condenados a prisión perpetua. Hacia el final del día, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se sumó a la solicitud. El Tribunal postergó las audiencias hasta el 28 de agosto para que respondan las defensas.

“Cuando uno ve cosas como las que todos pudimos ver acá, y hablo de todos, hacen falta palabras que uno no encuentra para explicar tanto horror”, dijo Schapiro. “En parte, la misión nuestra como fiscalía, como también la del Tribunal, es reparar estos hechos que no sólo significan identificar los restos (de las víctimas), sino también determinar la verdad histórica, la aplicación de la responsabilidades penales que a cada uno de los imputados les cabe y la aplicación de una sanción correspondiente, procurando abarcar la magnitud de esos hechos atroces: éste es el sentido de la ampliación que estamos pidiendo.”

La jornada del juicio se abrió tras largas demoras por los traslados de los prisioneros. El Servicio Penitenciario Federal debía llevar a Rodolfo Aníbal Campos, el segundo de Ramón Camps, hasta la cárcel de Ezeiza para escuchar la ronda de acusaciones, pero en el camino se desvió a recoger al médico de policía Jorge Bergés. El Tribunal no quería. Les había dicho que todo estaba demorado y ese traslado no hacía falta. “Quiero que se tenga en cuenta”, repitió el presidente del TOF, Carlos Rozanski, notoriamente molesto cuando se enteró. En la sala del Teatro de la ex AMIA de La Plata, sede del debate, se sentó temprano Saint Jean, que habitualmente no está. Llegó en la silla de ruedas para escuchar la acusación en su contra. Esta vez estaba ahí por el homicidio de Jorge Rubinstein, abogado y hombre de confianza de David Graiver, secuestrado y torturado en Puesto Vasco. Saint Jean quedó sentado en una esquina del escenario, cerca del escuadrón de acusados que sigue el juicio. Apenas lo vio, el ex comisario Miguel Etchecolatz caminó, se puso enfrente y lo saludó efusivamente con la mano.

Schapiro y el fiscal ad hoc Gerardo Fernández tomaron la palabra. Schapiro explicó cuestiones de doctrina y, entre otros antecedentes, una del Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio por los crímenes cometidos en El Vesubio, que habilitó pedidos similares. Con esos elementos intentó abrir lo que reaparece en cada uno de los últimos juicios como dilema, que es cómo hacer para poder incluir la figura de homicidio cuando no fue planteada en la etapa de instrucción. Los argumentos intentan demostrar la vitalidad de la etapa oral y la capacidad de aportar nuevos elementos. En ese sentido, Schapiro habló de nuevos elementos y contó cómo esas pruebas aportaron información de contexto para entender, por ejemplo, en toda su dimensión la dinámica de los centros clandestinos del Circuito Camps, “con mayor conocimiento e información más rigurosa que la instrucción”. Habló de los homicidios como “segunda desaparición”: intentaron “crear un estado de anulación de las personas provocado para causar la muerte sin riesgo alguno para los agresores”.

Los pedidos fueron los mismos que la semana pasada hizo Justicia Ya! Abarcaron tres grupos de víctimas. Entre ellas, veintidós identificadas por el Equipo de Antropología Forense. Otro es el llamado “Grupo de los siete”, aquellas víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones de La Plata y por las cuales el capellán Christian von Wernich fue condenado en 2007. La condena incluyó el homicidio pese a la ausencia de los cuerpos. La sentencia quedó firme en 2010 por un fallo de la Corte Suprema y ahora se lee como prueba documental para sostener la constancia de los asesinatos.

El caso que podría llevar a las perpetuas de Saint Jean y Smart es el de Jorge Rubinstein. Es complicado jurídicamente porque la causa 44/85 consideró que fue secuestrado y torturado, pero no probó el homicidio. Para eso tenía en las manos un informe de la morgue que decía que la muerte era “natural” y consideró que para rebatirla no era suficiente el único testimonio que evaluó, el de Lidia Papaleo, que dijo haberlo escuchado gritar en las torturas, que luego escuchó un silencio y a continuación que arrastraban su cuerpo. Todo eso se puso en discusión en este juicio a partir de la declaración, entre otros, de Isidoro Graiver, que permitió entender que el homicidio se produjo como consecuencia de las torturas sumadas a un grave cuadro de salud. “Jorge Rubinstein era abogado y hombre de confianza de mi hermano”, recordaron los fiscales que dijo él. “Había sufrido un accidente y había sufrido una operación del corazón. Las pastillas que necesitaba no se las daban regularmente. No estaba en condiciones de resistir una sesión más de tortura... Lo llevaron igual. Después de un cierto tiempo escuchamos unos pasos, como arrastrando un cuerpo. (Francisco) Fernández Bernárdez (secuestrado en Puesto Vasco con ellos) puso el ojo en la mirilla y nos dijo que había visto pasar el cuerpo de Rubinstein arrastrado por dos personas.”

En ese contexto, el fiscal Fernández recordó el nuevo testimonio de Lidia Papaleo. Y dijo que los testimonios demostraron que el abogado era una persona de edad avanzada, con “una salud deteriorada”, que fue sometido a tortura y que eso provocó su muerte. Y “contrariamente” a lo que dijeron los peritos, aseguró que “ha quedado demostrado fehacientemente que Rubinstein ingresa a Puesto Vasco en mal estado de salud, con necesidad de medicación controlada y permanente y que, pese a dichas circunstancias conocidas por sus captores, fue sometido sistemáticamente a tormentos”.

Los fiscales pidieron como medida cautelar la detención inmediata y la prisión de todos los imputados y de los que están con domiciliaria por mayoría de edad, entre ellos la de Smart. Los jueces dijeron que el 28 volverá el debate para que se descarguen las defensas y decidir también las cautelares.