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Ninguno de los acusados en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra quiso prestar declaración indagatoria, aunque todos amagan con que quizá lo hagan más adelante. El Tribunal Oral Criminal Nº 21 (TOC21) comenzó a convocarlos uno a uno al banquillo la semana pasada, empezando por el líder la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y la ronda continuó ayer con su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, los ocho integrantes de la patota y dos comisarios. El resto de los policías federales implicados anticiparon que tampoco hablarán por ahora, excepto uno que duda. Ante esta situación, lo que hace el tribunal es leer lo que declararon en la etapa de instrucción del caso. Si bien hay relatos contrapuestos, aparecen datos relevantes, como la confirmación, entre otros, del barrabrava Cristian Favale, acusado de dispararle a Ferreyra, de que habían sido convocados especialmente para frenar una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca y agrupaciones políticas. El jueves comienzan a desfilar testigos del PO, entre ellos uno de los heridos de bala, Nelson Aguirre.

Pedraza no fue ayer al juicio. “Está resfriado”, lo excusó su abogado. Fernández, su amigo, secretario administrativo de la UF, de pelo blanco, fue el primer convocado del día a pasar ante el tribunal. Igual que Pedraza, dijo que gana 25 mil pesos. Al negarse a declarar, se leyó su declaración ante la jueza de instrucción Wilma López, que apuntaba a la teoría de que el grupo de matones del gremio había ido por iniciativa propia a evitar un corte de vías de los tercerizados. “En ningún momento nosotros ordenamos esto, no es un ejército, no hay obediencia debida”, decía Fernández. Alegaba que se había enterado por televisión de que habían matado a Ferreyra y que había heridos de bala, a pesar de que su teléfono celular delataba comunicaciones con el delegado Pablo Díaz, acusado de reclutar a la patota y coordinarla en el lugar, durante toda la mañana. Díaz, quien tampoco quiso declarar ayer, le dijo al presidente del tribunal –Horacio Días– que no iba a dar datos de su familia porque tiene “temor por la seguridad” de su esposa y sus hijas. Dijo ganar 10 mil pesos y su indagatoria incorporada a la causa también aludía a la presencia “espontánea” de los ferroviarios, y acusaba a los tercerizados de agredirlos con tuercas, piedras y bulones.

Favale, alias “Harry”, fue detenido a fines de octubre de 2010, unos días después del asesinato de Mariano. Ayer vestía camisa y corbata. Hubo por lo menos trece testigos que lo incriminaron en la causa y su presencia, sin ser ferroviario sino barrabrava de Defensa y Justicia, fue considerada por la Justicia como un dato relevante al momento de mostrar la planificación del ataque. El propio Favale en su indagatoria decía que Díaz le había pedido que fuera y era quien le prometía hacerlo ingresar como empleado ferroviario. Para defenderse, acusó a Gabriel Sánchez, guarda de Constitución, de haber sido quien efectuó disparos. Sánchez también quedó comprometido por otros testigos. Ayer se leyó el careo entre ambos. “Te vi matar con mis propios ojos”, decía Favale. “Vos no sos ferroviario. Yo no le saqué la vida a ningún pibe”, replicaba Sánchez.

Jorge González, Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Claudio Alcorcel y Juan Carlos Pérez tampoco quisieron responder preguntas de los jueces. Pérez, acusado de recoger las armas para ocultarlas, fue otro de los que había dicho ante la jueza de instrucción que lo habían convocado para impedir la protesta de los tercerizados. También había señalado a Favale como tirador y sostuvo que estaba con otros “muchachos que no parecían ferroviarios”. Dijo que “se comentaba que Harry decía ‘le di, le di’” y que se fue con Alcorcel. Este, en la declaración leída, negaba su relación con Favale, pese a que tenía 40 llamados telefónicos con él.

A diferencia de otros acusados, Luis Osvaldo Mansilla, uno de los comisarios procesados por haber liberado la zona, en lugar de negarse a declarar se remitió a su declaración durante la instrucción, pero no aceptó preguntas. Dijo que estaba en disponibilidad, pero sigue cobrando 16 mil pesos. Igual que Hugo Lompizano, quien cobra 18 mil pesos. La extensa lectura de sus declaraciones hizo cabecear incluso a uno de los jueces.