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Tres organismos de derechos humanos impugnaron ayer ante los tribunales tucumanos la candidatura de Antonio Domingo Bussi a la intendencia de San Miguel de Tucumán. El fundamento de la presentación fue la falta de idoneidad moral del represor. “Fue partícipe y ejecutor directo de un plan sistemático de exterminio masivo, en virtud del cual hoy continúan desaparecidas más de dos mil personas que son de su principal responsabilidad. Quedó impune por la ley de punto final, pero con causas penales pendientes en el país y un pedido de captura internacional”, repasaron en el escrito judicial la fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“A Tucumán le cupo el triste y doloroso papel de ser el primer campo de experimentación de aberrantes técnicas represivas aplicadas por algunos jefes militares y policiales”, aseguraron los organismos de derechos humanos en referencia a la represión del Operativo Independencia, que comenzó en Tucumán antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. En la presentación ante la Justicia Electoral, los organismos de derechos humanos repasaron el currículum genocida de Bussi. Recordaron que, como comandante de la V Brigada del Ejército, durante dos años, tuvo responsabilidad directa sobre al menos 18 centros clandestinos de detención. Además, mencionaron que las desapariciones producidas mientras era interventor de Tucumán equivalen a un caso cada 30 horas.
Otra faceta de la inhabilidad ética del ex gobernador introducida por Andhes, APDH y CELS, fue la falaz declaración jurada que presentó Bussi ante la Cámara de Diputados en 1994, en la que omitió mencionar que era titular de cuentas bancarias en el exterior, hecho que fue descubierto en 1998 al ser investigado por el juez español Baltasar Garzón. Esto le valió una sanción de las Fuerzas Armadas y la suspensión por sesenta días en su cargo como gobernador. A la amonestación del Ejército, contestó con el argumento de que él no mintió en su condición de militar, sino en la de político.
Bussi planea ser elegido para la intendencia de San Miguel de Tucumán, ya que el cargo de candidato a gobernador por Fuerza Republicana lo reservó para su hijo Ricardito. Sería difícil que intentara ser diputado ya que en diciembre de 1999 –ante una reclamo de la APDH– la Cámara se negó a incorporarlo y cinco meses después rechazó su pliego por considerarlo inhábil moralmente, tanto por las graves violaciones a los derechos humanos como por mentirle a los diputados sobre su patrimonio. Bussi hizo una presentación judicial por este hecho y, actualmente, el tema está en la Justicia.
En su dictamen sobre el diploma de Bussi, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados aseguró que “en la Argentina pos reforma constitucional de 1994 ya no es posible tener por idóneo para el ejercicio de un cargo público de gobierno a quien se haya alzado en armas contra los poderes constitucionales o a quien hubiera participado en actos de masivas violaciones a los derechos humanos. Esto no es poética política sino legalidad operativa derivada de la nueva Constitución argentina”.