“Pusimos plata para sacar del medio gente molesta.” La frase habría sido pronunciada por altos gerentes de Ledesma y quedó plasmada ayer ante la Justicia. Esto, sumado a la existencia de listas de personas a detener en manos de personal jerárquico del Ingenio de los Blaquier y la descripción de prácticas ilegales de la medicina en el hospital que manejaba esa empresa, fueron los aportes más impactantes que hicieron los hijos de Luis Arédez, al declarar ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy en el juicio oral por su desaparición. En el demorado proceso, que unificó cinco de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esa provincia, hubo una agitada y extensa audiencia que incluyó la identificación de un imputado in situ, quien insultó a las hermanas Arédez y terminó perdiendo el arresto domiciliario. “Siento que termina una parte muy importante y empieza otra, es el comienzo de un final porque éstos son los esbirros de la dictadura, luego viene la parte brava que es Blaquier, la pata empresaria que como vemos da pelea, no se queda quieta así nomás”, dijo a Página/12 Adriana Arédez en un cuarto intermedio.

Su testimonio duró casi seis horas. Empezó pidiéndole a uno de los imputados, el oficial de Inteligencia del Ejército Rafael Braga, que se quitara los lentes, la bufanda y las curitas que usa para disimular una cicatriz que permite a las víctimas reconocerlo. En ese momento, la testigo aseguró que lo vio en el penal de Gorriti cuando fue con su madre a visitar a su padre, que estaba allí detenido. “Ese es Braga”, dijo Adriana que le dijo Olga, su mamá, que lo conocía porque era quien atendía a las víctimas en una dependencia del Ejército. Braga no estaba ahí de casualidad, revistaba como segundo del principal imputado, el teniente del Ejército e interventor del penal, Antonio Orlando Vargas.

No sería el único incidente con Braga. Durante el testimonio de las hermanas Arédez lo escucharon decir “esta vieja de mierda” y otros insultos cada vez que lo nombraban. Por ese motivo, al finalizar las declaraciones, los abogados querellantes Juan Manuel Sivila y Oscar Alberto Rodríguez, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, respectivamente, pidieron que le fuera revocado el beneficio del arresto domiciliario por “obstrucción de prueba, dado que intimidó a una testigo” y lo enviaran a una cárcel común. Se abrió un “incidente” en el que tuvo que declarar el diputado provincial Miguel Angel Tito, quien en su condición de víctima estaba presenciando la audiencia, y como se ubicó detrás de Braga pudo confirmar sus insultos hacia las Arédez. La decisión del tribunal llegó pasadas las 20 y fue festejada por los Arédez y sus abogados como un triunfo.

Otro de los tramos salientes de la jornada fue cuando Adriana Arédez relató que escuchó decir a personal de alta jerarquía de la empresa Ledesma que hicieron importantes aportes económicos antes del golpe de Estado de 1976. “Pusimos mucho dinero a cambio de sacar del medio a gente que molestaba”, dijo la testigo que dijeron los gerentes del ingenio. Y también de esas mismas fuentes supo de la existencia de las “listas de personas a detener que estaban en poder de personal jerárquico de la empresa”. Adriana Arédez estuvo casada con Raúl Paz, que era sobrino de Mario Paz, el ex capataz del ingenio que de no haber fallecido estaría en el banquillo junto a los demás imputados. Además, la existencia de estas nóminas la comprobó a través de su madre, a quien Paz le dijo: “Déjese de andar moviendo gente que usted está en la lista y también va a desaparecer”. Adriana aportó cartas que su padre escribió en prisión en la que les pedía que vieran a Paz y a Alberto Lemos, porque ellos sabían sobre su situación.

Cuando fue el turno de Olga Arédez, contó lo que su padre le había dicho en reiteradas oportunidades, cuando ella era estudiante de medicina, sobre lo que sucedía en el hospital de Ledesma. “Médicos recién recibidos realizaban prácticas antiéticas, sin respetar el consentimiento y la información al paciente, que no eran necesarias y las hacían sólo como entrenamiento y aprendizaje sobre el cuerpo de los zafreros”, dijo Olga a Página/12 reconstruyendo sus palabras ante el tribunal. “Ellos no se animaban ni a preguntar y los médicos se iban especializando a costa de tomarlos como conejillos de indias, y como mi padre cuando fue intendente quiso poner normas a ese servicio hospitalario, le pasó todo lo que le pasó”, agregó. La mayor de los cuatro hermanos, que es psiquiatra, afirmó que era un hospital privado que recibía dinero de organizaciones internacionales para investigación, que hay médicos que lo saben y podrían ser citados, y que algunas prácticas sobre el mal de Chagas se hicieron allí. Consultada sobre si hay alguna constancia escrita de estas prácticas, la mujer respondió: “Era todo ilegal, no dejaron huellas”. Según el abogado Rodríguez, “usaban a los obreros y sus hijos, llegaban con dolor de cabeza y los suturaban para practicar”. El letrado anticipó que pedirán que estas declaraciones sean incorporadas a la causa que tiene el juez Fernando Poviña, en la que está imputado Blaquier.

La audiencia había comenzado temprano, con la negativa del tribunal a incorporar varias declaraciones de Olga Márquez de Arédez, la fallecida esposa del ex intendente de Libertador General San Martín. Pero la presión de la querella logró que fuera leída al menos una de esas testimoniales. Sus hijos reiteraron ayer la participación del ex entrenador Juan Kairuz como chofer de la camioneta de Ledesma con la que secuestraron a su marido.

“Me siento aliviado, queremos justicia sin odio, hasta los defensores de Braga se conmovieron porque relaté todo lo que sufrí cuando hice el servicio militar en 1978, y ni me hicieron preguntas”, dijo Ricardo Arédez, del brazo de sus hermanas y ya camino a descansar tras la jornada que esperaron durante tres décadas.