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1.

El actual gobierno mantiene una diferencia que se hace notoria cuando crece la espesura de hechos que son portadores de cierta turbación y ambigüedad. Pero en las innumerables tensiones de la hora, permanece siempre un sentido decisorio ligado a un círculo efectivo de protección de las grandes reformas introducidas en la vida social, en la economía de los sectores populares, en las acciones que involucran al Estado asumiendo responsabilidades colectivas indelegables. Y, desde luego, en el tejido de la memoria nacional, como lo demuestran los juicios que siguen ensanchando las fronteras de la democracia activa, hijos del hiato que significó la decisión de que los símbolos del terrorismo de Estado caigan de las paredes del Colegio Militar en donde superponían la historia aciaga del pasado con las historias nuevas que debía vivir el país.

Así, el kirchnerismo es un implícito y explícito sentido de la historia basado en el igualitarismo político, social y de género; en el desarrollo nacional compartido con nuevas políticas ambientales, lo que aún debe perfilarse con vigor e imaginación nueva; en la modernidad basada en críticas pertinentes a la globalización; en el autonomismo de los movimientos sociales, aun cuando entre ellos y el Estado todavía deben generarse posibilidades más ricas de interrelación; en la promoción científica y técnica bajo el doble resguardo de la soberanía nacional y la autonomía del pensamiento crítico; en un latinoamericanismo activo que se inspire en los legados más que centenarios y pueda concretarse en el siglo XXI en nuevas sociedades mancomunadas sobreponiéndose a las acciones desestabilizadoras que son un acecho permanente, como lo demuestra el caso del Paraguay. Y tantos otros hechos, operantes en la memoria pública, que no se pueden oscurecer por los tropiezos y obstáculos que se ciernen en el horizonte. Pero el kirchnerismo es también una actuación posible, necesariamente creativa, en un mundo capitalista en quiebra, que como decían viejos y respetables escritos, surge y crece con sangre entre sus poros, arrastrando a los procesos populares, muchas veces, en su ordalía de decadencia y servidumbre.

Brecha, pausa, fisura, hendija, diferencia. Quedémonos con esta última palabra, aunque las demás son parecidas. En todos los casos se desea significar la figura de una innovación en la espesura de hechos, y como se ha dicho, de una peculiaridad irreductible que subsiste en el movimiento político que gobierna el país a pesar de que se lo quiere ver inmerso en el manejo de arbitrariedades, como disuelto en retrocesos y pequeñas maniobras de subsistencia. Decir diferencia presupone una fórmula para volcar los hechos hacia la percepción de las novedades, que los hace distinguibles a pesar del cúmulo de incidentes circunstanciales y con apariencias contradictorias con el significado que los origina. Es que el kirchnerismo, en primer lugar, es un modo de tomar decisiones bajo el acoso de severas circunstancias políticas. Hay en la Argentina un rompecabezas que no se descifra con los conocimientos clásicos, aunque muchos de sus tramos son sabidos. Continúa entre nosotros la tarea de desfondar el núcleo principal de creencias que selló, hace casi una década, la voluntad de revertir en el país los daños inferidos por una revolución conservadora indefendible, aunque sus consignas destructivas todavía se resistían a salir de escena luego de la formidable crisis del 2001, como lo prueba la votación del 2003, donde Menem aun ocupaba el primer lugar y el no muy conocido Néstor Kirchner el segundo. Para percibir lo que mencionamos como desfondamiento o violentación, basta leer los diarios, porque en ellos está la noticia y también el ariete que las recrea a la manera de un bonapartismo mediático.

¿Cómo se produce el permanente quebrantamiento de la institución gubernativa a partir de los procesos contemporáneos de la justicia y del bonapartismo mediático? Podemos ver que bajo el acoso de un impresionante aparato comunicacional se emplean estilos profundamente corrosivos. Toda inmediatez es promovida como si no hubiera diferencia entre las ocurrencias desdichadas en una sociedad compleja –accidentes varios, hechos de sangre, vulnerabilidad de derechos, todos los sucesos lamentables de la vida injusta, que no han desaparecido de ninguna de las grandes metrópolis mundiales, incluso las nuestras– y lo que podríamos llamar la Culpa Estatal. Tan sólo los que insisten machaconamente con que la Presidenta no distingue entre su vida privada y los asuntos públicos son quienes presentan la imagen de una sociedad quebrada por la inseguridad, la corrupción y la inflación. Para mostrar esta tesis, una batería de imágenes de situaciones de criminalidad se encarga cotidianamente de privar de contextos y de marcos explicativos singulares a acontecimientos que parecerían emanar de un gran hueco donde las vidas están en peligro constante y la responsabilidad de todo ello recaería sobre el Estado.

Todo gobierno de raíz popular hoy está en riesgo y debe partir de esa premisa. Y para disminuir esos riesgos sólo vale acentuar y promover un sentido de realidad tan efectivo e histórico, como empírico e intelectual. Este reclama una nueva visión crítica de los modos comunicacionales que no sólo por ideología y voluntad, sino también por su configuración tecnológica, encarnan una suerte de gobierno de las almas, donde se infunden las nociones fundamentales de miedo, el primitivismo justiciero del vengador y el pensamiento descartable y rápido, basado en golpes pulsionales que anulan toda mediación entre sociedad e instituciones. No se trata de negar la existencia de problemas, pero todos ellos, pasados por los tejidos conceptuales y redes mediáticas, adquieren un estatuto fantasmal, son generalizables como juego inmediatista de las conciencias, infundiendo un sentido de ciudadanía aterrorizada, dispuesta –frente al abismo conceptual que se les presenta– a darles sustento a ideologías de mano dura, securitistas, planes de ajuste, pedagogías del pánico; en suma, derechización de las sociedades.

Contra eso nos expresamos y luchamos. Sabemos que para atacar al gobierno, se ataca la diferencia que encarna. Y para eso se recurre no apenas a los grandes mitos comunicacionales de la vida segura y purificada –mito despolitizador, pues sólo la política pública y colectiva puede dar seguridad democrática a las poblaciones sin artificializar las formas de vida–, sino a enviar sus arietes de izquierda a las zonas de superposición con los grandes aglutinantes de la globalización –por ejemplo, la política minera, que aún no cuenta con suficientes resguardos en cuanto a las exigencias ambientales y, más todavía, a las exigencias de vida de las comunidades cercanas a los establecimientos extractivos–, sabedores de que allí hay tareas incumplidas, definiciones que deben transitarse. Pero al señalarse que se está frente a un gobierno que sostiene esquemas económicos atravesados por las dificultades de la hora, los grandes medios han decidido el esfuerzo máximo de travestismo. Mientras acusan al gobierno de apócrifo, deciden ser de derecha cuando atacan los horizontes avanzados en cuanto a las políticas de derechos humanos; deciden ser de izquierda cuando atacan las políticas extractivas; deciden ser lo contrario de lo que fueron en el 2008 cuando en el 2012 sugieren una sojadependencia; deciden ser libertarios cuando atacan a los periódicos oficiales por ser “pautadependientes”, abandonando como una ilusión adolescente su situación real de ser los grandes medios de comunicación que, a su vez, son empresas del capitalismo internacionalizado, siempre dispuestas a asociarse a las causas más retrógradas del vasto mundo.

Todo, con tal de atacar la diferencia, aquello que hace del kirchnerismo una instancia que se sitúa en el terreno de la decisión nueva. Nueva por guardar el espíritu de cambio de generaciones anteriores, nueva porque navega en las aguas inciertas de una humanidad sometida a poderes coercitivos e inhumanos, y preserva el hilo esperanzado de una sociedad con derechos y libertades redescubiertos para innovar las prácticas políticas. La lucha por mantener y ampliar la brecha está a la orden del día. No se ha oscurecido esa diferencia por la serie de obstáculos que surgen transversalmente de las afueras y del propio interior de ese movimiento político, si lo definimos como colector de amplias modalidades del ser político, tal como se ejerce en los partidos populares argentinos. Ante ello, son necesarios nuevos procedimientos, o la conciencia de nuevos procedimientos que eviten que la distancia de hecho y de derecho producida respecto de la política tradicional sea devorada por esa misma política tradicional que tiene a su disposición toda clase de máscaras para su oficio de desfondamiento: máscaras de moralidad abstracta y de izquierdas que no son lúcidas ante la paradoja.

Una nueva derecha quiere que se olvide que lo que da fuerzas a esta experiencia contemporánea es el modo en que, desde sus comienzos, se ligó a la idea de resistencia en los ’90, a las movilizaciones sociales inaugurales del siglo XXI y a las tenaces luchas por la memoria y por los derechos, para entonces sumergir la diferencia que organizó el espacio político de esta década. Lo suyo es el aplanamiento cultural a las formas más establecidas de un optimismo comunicacional y sentimentaloide, la legitimación de políticas de criminalización social ejercidas por policías bravas que siguen utilizando la tortura como brutal método represivo, la despolitización enunciada como horizonte de la gestión estatal, la realización de medidas de contención social sin vocación transformadora. Se erige, explícitamente, como alternativa de un tipo de concepción de la política que es conflictiva porque se pretende transformadora, que es reapertura de problemas porque se sabe disruptiva, que por muchos momentos parece apenas balbuceada pero porque no renuncia a su propia invención.

No puede haber, para nosotros, continuidad entre la experiencia política de la que somos parte y esa nueva derecha que quiere erigirse como heredera. Porque si apoyamos la ley de medios es también porque debatimos el formato bajo el cual se forjan subjetividades a la orden de la sociedad del espectáculo. Porque si habitamos el presente con angustia y entusiasmo es porque no creemos que el horizonte pueda ser definido por una idea de felicidad colectiva centrada en el consumo y en la reproducción del capital. Porque si hacemos política es porque vemos, en la escena contemporánea, los intersticios a expandir no sólo para la reparación de los muchos daños que vivió nuestro pueblo, sino también para la creación de formas de vida emancipadas. Nada de eso persistirá si triunfan aquellos que quieren acotar el kirchnerismo a una etapa casual del peronismo, transitoria y renunciable, declarando sucesores naturales a las derechas internas. Lo que está en juego no es poco. Y no se trata de una oscura disputa de poder sino de la posibilidad de que lo sucedido y lo realizado no sea liquidado por los agentes de la repetición, ni conjurado por las fuerzas –múltiples y extendidas– del conservadurismo argentino, presente tanto al interior como fuera de la alianza electoral triunfante.

La situación en el movimiento obrero organizado deja en evidencia el enorme retraso que existe en el campo nacional y popular con respecto a superar viejas modalidades de organización corporativa y de connivencia con las patronales que hoy se transforman en un lastre para el proceso que vivimos. Durante décadas se amasó en Argentina un modelo de sindicalismo que si bien defendía, en algunos casos, los derechos de los trabajadores que representaba, al mismo tiempo fue constituyendo lógicas empresariales en su interior y cercenando alternativas. De allí el nombre de “corporación” que se ha arrojado a la discusión pública. Si la actual hora argentina es, como creemos, de profundas transformaciones, y si está en juego la democratización de cada vez más esferas de la vida social, entonces lo que alumbra este conflicto es la posibilidad de modificar las antiguas organizaciones sindicales. Hoy necesitamos de la participación de los trabajadores, representados democráticamente, en la convocatoria a discutir la participación activa en la construcción conjunta del proyecto nacional.

La ruptura de un sector de la CGT con el gobierno, y su sorprendente alianza con la derecha, contrasta tanto en prácticas sindicales como en posicionamientos políticos con la experiencia que expresan los gremios nucleados en la CTA que conduce Hugo Yasky. A esta constatación no son ajenos ciertos sectores de la clásica central obrera, pero su rol minoritario diluye las posibilidades de incidir en los grandes trazos de la política que se construye desde Azopardo.

En el mundo sindical, las viejas conducciones no pueden admitir que la incorporación de más de cuatro millones de jóvenes trabajadores al circuito productivo acentúe la urgencia de un modelo sindical distinto, con democracia interna y mayores libertades de actuación y representación. La actual legislación no ha podido impedir la fragmentación política de las estructuras tradicionales, ni garantizar que alguno de esos fragmentos sea genuino apoyo para el proyecto que gobierna la Argentina desde 2003. La ruptura de su alianza con el gobierno no acredita, para Hugo Moyano, el papel que tampoco pueden acreditar para sí aquellos que claman para sucederlo.

La crisis del viejo modelo sindical seguirá siendo una atmósfera propicia para el conservadurismo y la reacción si no es superada con la promoción de leyes que garanticen la plena participación de los trabajadores, que establezcan métodos transparentes de elección, que ilegalicen los procedimientos y prácticas que naturalizan el fraude y la proscripción de listas opositoras, que aseguren la incorporación y representación de las minorías y que, en definitiva, preserven la autonomía sindical y la plena libertad de agremiación.

En esta escena el juicio y castigo a los culpables materiales e intelectuales del asesinato del joven Mariano Ferreyra, cuyo principal acusado es José Pedraza, constituye un inédito hecho contemporáneo que, paradójicamente, surge de un reclamo social, de las actuaciones estatales y de los giros político-culturales profundos de la etapa política, más que de una impostergable revisión del propio sindicalismo en crisis. Un antes y un después quedará sellado por el resultado de este juicio en el que no puede quedar habilitada ningún tipo de impunidad.

Por eso insistimos: son necesarios nuevos procedimientos, porque la diferencia que el kirchnerismo encarna está a la vista. Como ciertas constelaciones, en el agitarse de los días, a veces se ve más nítida y otras no, se balancea entre las zonas penumbrosas de un país difícil para las grandes transformaciones. Para los que hace mucho entienden qué es lo que está en juego, es precisamente por eso –por la diferencia, que es la forma de la esperanza– que lo atacan.

2.

Si algo se viene construyendo como identidad del proyecto en despliegue es lo democrático-nacional-popular. La frase no es un cliché, pues está abierta a la vida cotidiana, a las clases sociales productoras, a los intelectuales de todas las corrientes que interpretan con pluralidad de estilos las necesidades de un cambio civilizatorio. Lo recorrido desde el 2003 instituyó a la autonomía financiera como raíz de la política económica y también de la propia cultura de esta etapa histórica. Desendeudarse y ser libres para formular nuestros planes, establecer nuestra fiscalidad, direccionar nuestro crédito, manejar nuestra moneda, disponer de nuestras reservas, controlar los movimientos del capital especulativo, evitar la fuga de divisas. Una libertad que, articulada con valores patrióticos, resiste las imposiciones de las hegemonías mundiales, de amarrar con una lógica unívoca las institucionalidades nacionales, naturalizando un pensamiento único con un lenguaje hecho de palabras que hoy las mayorías populares perciben como penurias, mientras ellos las pronuncian como dogma de la virtud: mercado, ajuste, austeridad, clima de negocios. La nueva época fomentó el renacer de la industria y el vigor del consumo popular, lo que hubiera sido imposible sin el reencuentro de la economía y la política, de la mano de las decisiones distributivas.

El tránsito de años y de esfuerzos ha dejado una marca en la conciencia y la sensibilidad popular: no hay vuelta atrás, no se atará más el destino nacional al capital financiero internacional y sus préstamos usurarios. Ser dueños de lo nuestro conduce a otros debates y objetivos peliagudos: definir el proyecto de país, de estructura productiva, de diversificación sectorial, de innovación tecnológica, de modelo extractivo, de articulación en la integración regional; nada de esto puede ser agenda del mercado ni de decisiones de corporaciones oligopólicas, sino una cuestión de ciudadanía. Así, la determinación del ingreso de inversiones extranjeras reclama ser involucrado en esa esfera, con la discriminación estatal de cuáles son virtuosas y cuáles son innecesarias e indeseadas.

El ingreso indiscriminado de inversiones extranjeras vivido en otras épocas de nuestra historia significó desarrollismo sin desarrollo, restricción externa en lugar de aporte genuino de divisas, dependencia y no autonomía de la tecnología, estructura económica deformada cuando se la requiere integrada, polarización social que frustraba el anhelo de justicia distributiva, acentuación de las brechas entre regiones que conspiraba contra la unidad nacional. No hay proyecto de desarrollo conducido por una plétora de inversiones extranjeras descontroladas y con destinos errantes. Así, entre un desarrollismo mercantil y un proyecto nacional de desarrollo hay un abismo. El segundo necesita de un plan ejecutado por los liderazgos y representantes populares, apoyado en la participación social, y su conducción descansa en la dinámica de un bloque social diferente.

La nacionalización de YPF es un hito hacia la conquista de la autonomía económica. Junto al Correo, AYSA, la estatización de la administración de los fondos previsionales, Aerolíneas Argentinas, son decisiones políticas que revierten la descalificación que sobre la capacidad empresaria del Estado introdujo, en el sentido común popular, la hegemonía neoliberal. La subsistencia de ese prejuicio es un lastre, una rémora del desprecio por la política, un residuo del elogio de lo privado sobre lo público. Recuperar –revitalizado, mejorado y corregido– ese papel del Estado es vital para profundizar los cambios. Por eso, todo error en la conducción de la gestión estatal, toda desidia o interés particularista en este ámbito, revista una doble gravedad, la que significa en sí misma, y lo que carga en ella como desprestigio de la llave maestra de la reconstrucción popular: la democratización operativa del ámbito de la acción colectiva pública, encarnada en sus instituciones estatales para las cuales ser mejoradas es su obligación inherentemente ética y política.

Sin esa recuperación resulta imposible contrapesar la extranjerización heredada del neoliberalismo, uno de los ejes principales para la apropiación de los activos y su renta nacionales de la globalización financiera. La YPF previa a la nacionalización, la administración y el estado de las concesiones ferroviarias con sus episodios trágicos y los comportamientos oportunistas en la fuga de capitales son muestra acabada, por sus falencias, limitaciones y degradaciones, de la ausencia de una gran burguesía nacional que pueda jugar –por sí– ese rol. Más productivos y justos resultarán esfuerzos en apoyo y fomento del despliegue de un empresariado mediano ligado al empuje de mejoras en la productividad, a la redistribución de ingresos y a un destino propio comprometido con la suerte del proyecto. De la misma manera, deberán seguir profundizándose los esfuerzos por sostener y ampliar las experiencias de economía social que hoy recorren el país más allá y pese a la invisibilización a las que son sometidas.

El abordaje de la cuestión minera, que se entrecruza en los mismos nudos problemáticos, no puede resumirse en un productivismo que omita que toda producción es un acto social responsable, ni por una concepción purista de la naturaleza que omita que es el trabajo humano el que la transforma en habitable; sólo que la habitabilidad colectiva regida por el trabajo debe hacer de éste un núcleo que albergue por igual las grandes funciones de la tecnología y las conquistas del pensamiento crítico, según las cuales toda relación social, y toda relación del hombre con la naturaleza y sus dones, es en última instancia de carácter ético. Por eso se demandan justamente enfoques integrales que contemplen tanto la explotación de riquezas con potencia generadora de divisas, como el cuidado del ambiente y la integración de cadenas productivas que eliminen la lógica de persistentes economías de enclave, en las cuales la explotación se reduce a extraer y exportar minerales sin una doble mediación: tanto la mediación industrializadora autónoma como la mediación ética ambiental, de interés de los pueblos, no sólo los que habitan las regiones afectadas por esa explotación, sino de las naciones en su conjunto. Nada mejor que el ejemplo de YPF para avanzar hacia una minería sustentable aceptada por los pueblos a través de eficaces mecanismos de consulta: una empresa nacional que tenga centralidad en el desarrollo de la actividad y cuya racionalidad exceda la acotada mira de la eficiencia basada en la rentabilidad de los grupos oligopólicos.

Esa centralidad y revitalización de las instituciones del Estado es requerida también para revertir el deterioro producido por años de reacción conservadora en el sistema de salud. Sistema fragmentado, ineficiente e injusto, resultado de los sucesivos e intencionados golpes destinados a destruir lo público y dejar el campo libre a la voracidad del mercado. Y aunada a una noción de derecho a la salud, pero en igual relevancia a la expansión de derechos civiles que hoy atraviesa el debate público, se presenta la necesidad de legalizar el aborto y haciéndolo de alcance libre y gratuito, salvando vidas que por condición social no acceden hoy a intervenciones adecuadas, y realzando el derecho a la maternidad por sobre la servidumbre de la mujer.

3.

Una de las palabras que todos los pueblos aprenden a pronunciar con prudencia es la palabra tragedia. En este caso podemos decirla. La verdadera hecatombe económico-social internacional que proviene de la crisis de la financierización construye un momento trágico de la historia contemporánea: destrucción de servicios públicos que devienen en la desatención de derechos económicos y sociales; organismos internacionales de crédito interviniendo como policía financiera para garantizar las acreencias de los bancos en las periferias europeas; Estados nacionales del centro del mundo puestos al servicio de los intereses de las entidades bancarias de sus países; emisión desenfrenada de divisas para el salvataje de las ganancias y los capitales de los especuladores.

Personajes mediocres gobiernan potencias como sombríos espantajos que balbucean lenguas susurradas, cuando no directamente dictadas por el poder financiero, y emiten discursos que reclaman mayores ajustes y penurias a los pueblos y regiones mundiales ya acosados por la globalización del capital bajo una implacable estrategia especuladora, mientras los propios esquilmadores se solicitan a sí mismos la continuidad de las políticas que condujeron al desastre. Ni una luz, ni una idea, ni un asomo de inteligencia estratégica en las entrañas de un poder mundial cada vez más tentado y familiarizado con las lógicas de la impunidad. Impunidad de las guerras injustas, de los ajustes despiadados, de los racismos, de las fronteras para los pobres y el internacionalismo para los capitales. Se está construyendo, ante nuestros ojos, un destino que bordea un sentimiento aterrador, con nuevas formas de vigilancia mundial, operaciones clandestinas e intervenciones militares que provocan lo mismo que dicen querer combatir, rediseñándose en las sombras un nuevo código penal sigiloso que internacionaliza puniciones, regula su misma ilegalidad e introduce en el propio campo civilizatorio nuevas formas de violencia disciplinadora, que incluye acciones militares selectivas que no quieren abandonar la conciencia humanista de Occidente, por lo que se consuelan creyendo que son acciones de la razón los más bárbaros atropellos contra la condición humana. Por eso, nosotros, también actuamos para rescatar un legado filosófico y moral, que aun con sus renunciamientos y deficiencias, todavía puede construir un destino colectivo basado en libertades irreductibles y consideraciones últimas de la razón política inspiradas en las raíces de autodeterminación que tiene toda vida colectiva.

La crisis que hoy se vive es una concurrencia compleja de discursos, sistemas y políticas. Es la evidencia de un fin de época de retrocesos servidos con palabras edulcoradas que velaban la realidad mientras subterráneamente el proceso avanzaba hacia el actual desastre: fin de la historia, globalización, aldea global. La idea que pudo ser generosa de una humanidad intercomunicada a través de sus mundos de vida puede quedar en manos de monopolios mediáticos que operan una forma de gobiernos sobre los pueblos, sostenida en el terror subjetivo, el miedo al futuro, el abismo de la historia que solo impondría un refugio en el oscuro placer de la sospecha, en una sociedad del espectáculo que en vez de hacer crecer las artes visuales con el recurso de las tecnologías vistas desde su lado emancipatorio, las ofrecen como circuitos de control de los símbolos de éxtasis, dándole una mísera resolución a la cuestión de la representación, el juego y la felicidad pública.

Como herida expuesta queda la característica estructural de la época y su actual desemboque: la hegemonía del capital y su despliegue revanchista contra el trabajo, manifestada en una redistribución regresiva del ingreso que facilitó la expresión extrema de la contradicción entre producción y consumo. Sin riesgo para esa hegemonía, el capital apuesta a una mayor financierización y dramáticos recortes de derechos humanos a los pobres. Una ruta a la barbarie. Sin embargo, las luces frente a las tinieblas del mundo central asoman en la periferia. La más prometedora, la más desafiante, la más transformadora es la de la nueva América latina y el Caribe, que en la situación mundial actual se constituye en lo que podríamos denominar un bloque de resistencia contra la barbarie.

El concepto de barbarie fue solicitado en múltiples ocasiones para juzgar las paradojas de la historia. Se lo usó para visualizar lo extraño o lo extranjero, aun cuando fuese portador de virtudes que no encajaban en la mochila de los vencedores. Ahora, como un envío de los tantos sacrificados por culturas políticas que cometieron el profundo error de sentirse superiores solamente por gozar del imperio de la fuerza, surge de los horizontes latinoamericanos un dictamen que viene de lejos y se escucha de múltiples maneras: la lucha contra la barbarie implica revisar historias, construir conceptos nuevos que en la maraña de horas de violencia que vive el mundo, rescate nociones arcaicas de libertad creadora con los lenguajes de una modernidad de los pueblos, que muestre que no cortar el hilo de la memoria es lo más avanzado que pueda ejercerse en materia de liberaciones políticas, intelectuales y artísticas.

Vaya paradoja de nuestros tiempos, reminiscentes como siempre de otros que se presenciaron en el pasado, y que sólo divergen de estos porque la astucia de la historia ha cambiado uno o dos nombres propios; los voceros de esa Europa que parecía ilustrada e inclusiva, cuna de todas las artes y las ciencias y de toda protección social, no trepidan en calificar de populistas a gobiernos democráticos latinoamericanos que han vuelto sus miradas a procederes más ajustados a los deseos y necesidades de sus pueblos. He aquí que si el voto en Latinoamérica y el Caribe está menos “bancarizado” y responde más aproximadamente a lo que necesitan sus indigentes y sus pobres, si crea trabajo en lugar de destruirlo, si sus empresas son más controladas por los Estados y los créditos bancarios se inclinan hacia los pequeños y medianos emprendimientos en lugar de como siempre, a oligo y monopolios, es porque los acogió el demonio. Pero el pacto con el diablo, gran fábula literaria de todos los pueblos, y que diera tanto en Europa como en Latinoamérica obras literarias ejemplares, desde Goethe hasta Guimaraes Rosa, puede interpretarse hoy como una nueva alianza entre ejércitos tecnológicos y tecnologías financieras, la que usurpando la libre decisión de los pueblos, da curso a una nueva camada de administradores de emergencia que suponen que las poblaciones agredidas canjearán su futuro entrando en las nuevas burbujas del ilusionismo en el nombre de lo que ya no puede pensarse a sí mismo: el capitalismo mundial, en todos sus aspectos.

Consideran honorable gesta atacar a numerosos gobiernos latinoamericanos, con la rara persistencia de un bombardeo continuo, porque se les ha ocurrido dar pasos hacia la autonomía de los países centrales. Estos herejes han decidido crear y fortalecer la Unasur y crear la Celac –una renovada región con expansión de derechos y nuevas formas sociales y económicas– inspirados en las mejores tradiciones independentistas y patrióticas. Las diatribas son feroces y odiantes. Más aún cuando provienen de los medios de comunicación de la propia América latina que les son afines y los partidos locales de oposición. Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Dilma y Lula en Brasil, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la Argentina, Hugo Chávez en Venezuela y Mujica en Uruguay, tienen la gran oportunidad, aun en sus diferencias, para mostrar que las fuentes de la democracia que conciben como la mejor forma de organizar la sociedad implica una noción crítica frente a los que consideran que las naciones libres ya son artificios, meras superficies inventadas como efecto de los grandes negocios, tráficos clandestinos y dominio irracional de la naturaleza.

El más claro y reciente ejemplo de esta capacidad de la región es la sanción al gobierno ilegítimo que desplazó a Fernando Lugo, acrecentada con la decisión inmediata de incorporar Venezuela al Mercosur. Este hecho, que convierte a la región en la quinta potencia mundial, es la más dura derrota asestada a la diplomacia y a los servicios de inteligencia norteamericanos desde que el ALCA fuera liquidado en Mar del Plata en 2005.

Por eso es necesario preguntarse si este momento argentino y latinoamericano que se desenvuelve alrededor de los principios de la libertad, la justicia y la dignidad de los pueblos está en riesgo. ¿Es diferente este momento a otros, ya superados, donde se puso a prueba lo que se estaba logrando? Esta pregunta habita en los que han tomado la decisión de colocar sus esfuerzos alrededor de los principios legítimos que animan estos gobiernos de la transformación. No hay dubitación en nuestro apoyo, que se mantiene activo precisamente porque la pregunta por el riesgo, al hacerse, obtiene respuesta afirmativa. Si hay riesgo, que lo hay, hay redoble de la circunstancia solidaria con los gobiernos democráticos de la región. Por eso tomamos la palabra junto con nuestro pueblo, que busca, recuperando antiguas memorias y experiencias, atesorar en sus manos el destino colectivo, cuando pasa del uno aislado al múltiple, contradictorio y expresivo, diletante y combativo, crítico sin razón o con fundamento, que habita en el corazón de toda realidad. De ese pueblo somos parte. Este es el que ha decidido estar, en su mayoría, junto a nuestro gobierno, porque la historia marca su lugar.

Desde los ’70, cuando todo nuestro continente hervía en los pueblos movilizados por una historia diferente de la que labraron durante décadas la alianza entre las oligarquías locales, los grandes multimedios y los representantes de los intereses norteamericanos, la lucha dejó miles de muertos, cuya memoria destella como reclamo incesante por la justicia. En los ’90 el carnaval alegre del salvaje capitalismo festejó el triunfo de los poderosos y el de la miseria económica y moral de los pueblos. Aunque no es la historia esa mochila cargada con anécdotas y fechas, actos heroicos y traiciones, frases célebres y olvidadas, nombres de hombres que figuran con los datos del vencedor y del vencido. Hay una historia que se repite y vuelve a lo mismo. Pero hay otra, la que nos muestra lo que se repite en la historia cuando esta repetición proviene del futuro, y conservando lo más innovador, el acontecimiento del pasado, introduce una diferencia que resitúa ese acontecimiento, le da dimensión y sustancia, lo convierte en poder para realizar esas transformaciones que se pusieron en juego y fueron derrotadas.

No es una cuestión casual, aunque admite porciones importantes de anomalías en lo que nunca es el trazado lineal de una historia. Algunos, como Néstor Kirchner, pusieron en juego la capacidad de captar el momento y hacer lo necesario para la reparación del olvido que había caído sobre el pueblo, para recuperar la política como arma de transformación. No haremos el recuento de lo logrado y que se continúa, sin duda, en lo que Cristina Fernández produce en medio de las inclemencias de la hora y que es la continuidad histórica de una posición, de una decisión que transforma las luchas de los ’70 en un accionar sin tregua por la igualdad, la justicia social y económica de este tiempo, convirtiendo las heredadas utopías en el poemario laico y complejo de la acción popular. La entrada de cientos de miles de jóvenes a la política anticipa el rostro del futuro, porque sin una movilización masiva, en los momentos necesarios, queda sin soporte un proyecto que busca aún su tono, sus palabras justas, en medio de decisiones que tomadas siempre en tiempo de urgencia han cambiado la manera y la intensidad de la discusión política en el país.

Si hablamos de riesgo sin mordaza alguna, sin ningún condicionamiento a nuestro apoyo irrestricto a este proyecto popular, es porque el bloque del poder tradicional puede aparecer como vencido, pero simplemente posterga, hasta encontrar el momento adecuado para golpear sobre estas jóvenes democracias populares. En nuestro país lo intentaron con la Resolución 125, y no pudieron. Pero han logrado voltear, utilizando los recursos cínicos del republicanismo constitucional y en nombre del rescate de la propia democracia de las manos de sus supuestos pervertidores, la incipiente democracia paraguaya e instalaron, nuevamente, en Bolivia, la idea de un golpe contra el presidente Morales. Como si de una recurrente pesadilla se tratase, la instalación en Mariscal Estigarribia, Paraguay, de la base militar de los EE.UU., con 1500 marines con inmunidad diplomática y un aeropuerto donde pueden aterrizar sus gigantescos aviones, recuerdan la evidente injerencia norteamericana en tramos aciagos de una historia no tan lejana que reclama de nosotros, y de nuestros gobiernos, el estado de alerta y denuncia que garantice la continuidad de los proyectos democráticos populares.

Pero sabemos que este escenario no es todo. Hay debates que nos corresponden a nosotros, como argentinos. La potencia imperial es previa a sus representantes, a las alianzas históricas con ese sector que representa lo inmóvil de la historia y más aún, el lánguido reclamo de retroceso de lo tanto que se ha logrado en la Argentina en estos años de gobierno popular. Ese sector nunca se dará por vencido. En la defensa de sus intereses, que radica fundamentalmente en sus tasas de ganancias. Por esto, es necesario afirmar, continuar, debatir, la lógica y hasta diríamos la epistemología que haga imposible ese retroceso del país, respecto del avance formidable de estos últimos años, con la única arma posible: profundizar, corregir, proponer, movilizar.

Por otra parte, los pueblos y los gobiernos de Suramérica son navíos en la tormenta que asumen la responsabilidad de rediseñar las magnas normas para que coincidan con los procesos de transformación que suceden en varios países de la región viabilizando, en algunas de esas experiencias populares, la eventual continuidad democrática de liderazgos cuando estos aparecen como condición de esta inédita etapa regional. Ello configura un “momento constitucional”, apropiado para ligar las transformaciones en curso y el andamiaje legal. No se trata de imponer normas, sectorizar gobiernos, arbitrar en causa propia en cuestiones de grave significación institucional, sino de pensar en forma completa el decurso de una historia. Si las formas más relevantes de los cambios deben ser protegidas, un armazón novedoso de normas debe legislar a una escala constitucional admisible y nueva las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre la producción y el consumo, entre la economía y la política, entre la república y la nación, entre los derechos particulares y los derechos sociales.

Es posible que no se resista a utilizar la fácil calificación de nombrar el fenómeno como “constituciones de última generación” por la obviedad imperiosa de aparecer como nuevas, pero conviene descubrir y destacar que lo que las distingue es tanto el proceso que las genera como las definiciones con que rediseñan a las naciones. No se trata del antiguo constitucionalismo que lanzaba sus dictámenes luego del crepúsculo, luego de que las guerras terminaran y permitieran que “el búho de Minerva alzara vuelo”, sino que ahora el propio saber constitucional es parte de las acciones políticas reales. El proceso que aquí se desea es envolvente, popular, participativo, no se reduce a la mera emisión de un voto eligiendo a los que en la situación serían los constituyentes. El mandato se cuece en un intenso debate democrático y masivo, en algún caso entremezclado con innovaciones más sensibles de las formas de representación.

Un nuevo cuerpo normativo, realizado y sostenido por un sujeto constituyente popular, debe establecer una barrera antineoliberal, en el reconocimiento de la multiculturalidad, la reconstrucción de la geometría del Estado, la inclusión de nuevas formas de propiedad, el dominio nacional-estatal de los recursos naturales, la protección del ambiente humano y natural, el reconocimiento de la salud como derecho y la responsabilidad del Estado para ofrecer respuestas integrales a la necesidad de salud de las poblaciones con eje en servicios públicos, el respeto a la heterogeneidad lingüística del territorio nacional, las relacionales colaborativas entre sociedad y Estado: en suma, el reconocimiento de áreas que requieren un gran debate imprescindible.

¿Cómo no reconocer que Argentina necesita una nueva Constitución? El proceso de transformación en curso que en nuestro país reconfigura la nación es parte del fenómeno que recorre Suramérica. Y este fenómeno, sea que atraviese momentos de bonanza como de riesgo, merece una altura constitucional diferente. Esta es nuestra convicción y nuestro compromiso.