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Al menos eso pensamos la enorme mayoría de la población porteña y del país. Pero hay un ministro de Educación, un jefe de Gobierno y varios funcionarios de la Ciudad que van por lo opuesto.

Para Mauricio Macri y Esteban Bullrich, toda voz crítica debe ser sancionada, silenciada. Así lo demuestra su Resolución 2711/12, que separa de sus cargos a la directora, la vice, la secretaria, dos docentes y un bibliotecario de la Escuela 3 del barrio de Monte Castro.

La historia es simple. Meses atrás, Bullrich dispuso el cierre de cursos. La comunidad educativa se movilizó y protestó. En ese contexto, en la Escuela 3 se hizo una teatralización crítica. Ante la resistencia, Bullrich tuvo que reabrir la mitad de los cursos que pretendía cerrar. Ahora, rencoroso, sanciona a seis docentes. Al respecto, presentamos en la Legislatura una declaración de rechazo y una resolución para citar al ministro al recinto a dar explicaciones.

El significado de la sanción es grave. Con el castigo a estos docentes se busca amedrentar a todos. Y tal actitud no es nueva. Ya antes la gestión macrista dispuso que ante un conflicto escolar los maestros no puedan hablar con la prensa. También se ordenó hacer listas de los docentes y estudiantes que tomaran medidas. Y en tiempos de Ciro James hasta parece que se los espió...

Con Macri y Bullrich, la libre expresión corre riesgo. Y aunque no compartimos la actitud de alguna agrupación juvenil del oficialismo nacional, ya que la actividad política en las escuelas debe ser democrática y plural, la apertura del 0-800 que dispuso Bullrich es directamente digna de un buchón. Quieren reemplazar la diversidad ideológica, que es un rasgo distintivo de la escuela pública, por el pensamiento único. En igual sentido va la reciente Disposición 40/12 del Ministerio de “Modernización” de Macri, que vulnera el derecho de asamblea de los trabajadores de la Ciudad.

Si Bullrich se siente habilitado a perseguir es porque su jefe político se dice inocente de haber integrado una asociación ilícita para hacer escuchas ilegales, por lo que además del juicio penal en curso debería ir a juicio político. Pero volviendo al tema sanciones, lo que hace falta es la más amplia unidad de acción para frenar todas estas medidas persecutorias.

Las escuelas públicas, claro está, no son cuarteles.

* Diputado de la Ciudad - MST - Mov. Proyecto Sur.