En un trámite irregular, la jueza en lo Civil Nº 106 Myriam Rustán de Estrada frenó ayer por la mañana un aborto no punible que estaba programado para ser realizado en el curso del día en el Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires. La magistrada tomó la decisión al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por una organización ultracatólica. La entidad promovió la maniobra para obstaculizar la interrupción legal del embarazo, luego de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la semana pasada diera detalles de la intervención –entre otros datos, el lugar y el día– y de la historia de la joven que lo solicitó, una víctima de trata que resultó embarazada durante su cautiverio a manos de redes prostibularias, de donde pudo escaparse. Por la tarde, la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, anunció que el gobierno porteño apelará la resolución de la jueza. El caso podría llegar a la Corte Suprema, que ya avaló el derecho que tiene una mujer violada a practicarse un aborto. Al mismo tiempo, por dar información de la mujer violando su intimidad, Macri será denunciado hoy penalmente por legisladores de la oposición por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” (ver nota aparte).

Tanto el fallo de la jueza como la conducta del jefe de Gobierno generaron una catarata de cuestionamientos de referentes de la política y de organizaciones de la sociedad civil. Entre otras voces, el ministro de Salud, Juan Manzur, consideró que la magistrada “se ha sublevado contra una acordada de la Corte” y señaló que el pedido de aborto no punible lo tiene que resolver Macri (ver recuadro). El interventor del Inadi, Pedro Mouratian, manifestó su preocupación por la medida judicial. Y los senadores por la Ciudad Daniel Filmus, Samuel Cabanchik y María Eugenia Estenssoro, entre otros legisladores nacionales, manifestaron su rechazo ante la suspensión del aborto no punible. También criticaron la decisión de Macri de vetar la ley que había aprobado la Legislatura porteña dos semanas atrás y que reglamentaba la atención de los abortos no punibles siguiendo los criterios que marcó la Corte Suprema. Esa ley reemplazaba la regulación que firmó el ex ministro de Salud Jorge Lemus, que es sumamente restrictiva y exige requisitos que el máximo tribunal había considerado ilegales como la opinión, ante cada pedido, de un comité de expertos.

La mujer que pidió ejercer su derecho a un aborto tiene 32 años y anoche permanecía en el Hospital Ramos Mejía, acompañada por especialistas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas en Situación de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, según pudo saber Página/12. Desde la mañana, fue hostigada por integrantes de grupos fundamentalistas que se plantaron frente al hospital, con pancartas que la acusaban de asesina. Cerca del mediodía, organizaciones de mujeres se hicieron presentes para apoyar su derecho a interrumpir una gestación forzada (ver aparte).

La causa judicial que derivó en la obstrucción del aborto no punible siguió un trámite irregular, que la misma jueza Rustán de Estrada reconoció en su fallo. El abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, promotor de la maniobra, no hizo su presentación por la mesa de entradas de la Cámara Civil, donde se realiza el sorteo del juzgado que debe intervenir. En cambio, eligió a la magistrada y llevó a su juzgado el recurso de amparo para que se suspendiera el procedimiento médico programado –seguramente porque conocía de antemano su posición y cómo se pronunciaría–, luego de que el viernes un juez del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar del mismo abogado, tal como informó Página/12 el sábado.

“No exijo la presentación por parte del peticionario ante la mesa de entradas de la Excelentísima Cámara, para el sorteo de la causa a fin de evitar un daño irreparable en absoluto, como la pérdida de la vida de un niño que aún no ha nacido, pues se trata de un aborto que se llevaría a cabo en estos momentos conforme lo anunciara el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la jueza para fundamentar la admisión de amparo y decretar la medida cautelar de no innovar, por la que ordenó “la suspensión del aborto programado para el día de hoy en el Hospital Ramos Mejía o cualquier otro hospital de la Ciudad”.

El pedido del aborto no punible, según había dicho el propio Macri la semana pasada cuando se refirió al caso en una cena convocada por la asociación Consenso Republicano, siguió los pasos legales previstos en la resolución del ex ministro Lemus, que reglamentó la atención de estos casos. En los fundamentos de su sentencia, la jueza Rustán de Estrada afirmó que “no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de otra”. También señaló que “si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto el niño nazca, mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la Tierra”. Tras hacer lugar a la medida cautelar “de carácter urgente” para impedir la intervención, Rustán de Estrada remitió el expediente al Juzgado en lo Civil Nº 56, a cargo de Miguel Ricardo Güiraldes.

La decisión de la jueza pasa por encima el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo, en el que el máximo tribunal ratificó la constitucionalidad del aborto en caso de violación y consideró ilegal la exigencia de una autorización judicial para realizarlo. “Un juez de la Ciudad ya dictó sentencia avalando el aborto. No puede haber una decisión distinta de dos jueces sobre un mismo caso. Hay una cuestión de competencia que tiene que resolver la Corte Suprema”, evaluó anoche el abogado de la mujer, Pablo Vicente, vinculado con la ex diputada porteña y dirigente del MST, Vilma Ripoll. Vicente evaluaba llevar hoy el caso al máximo tribunal, para que se expida.

“De acuerdo con el Derecho Civil, ese niño por nacer es persona y tiene derecho a ser oído”, puntualizó Andereggen, abogado de la Asociación Pro Familia. Consideró que “no puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo” y añadió que desde la asociación que representa “sin perjuicio de la obligación del Estado, se compromete a brindarle a la madre y al niño toda la asistencia médica, psicológica y la ayuda para su inserción social”.

La información que permitió obstruir la práctica médica la dio el propio Macri, que erróneamente habló incluso de que se trataba del “primer aborto no punible” de la Ciudad, cuando en realidad se vienen practicando desde hace tiempo en distintos hospitales públicos con una regulación vigente desde 2007. Macri pretendió dar cuenta de que se cumplía con el fallo de la Corte Suprema, cuando ya estaba decidido a vetar la ley que aprobó la Legislatura para reglamentar la atención de esos casos de acuerdo con los lineamientos que marcó el máximo tribunal, a la cual se opusieron férreamente el bloque del PRO y sus aliados. Luego de la trascendencia que tuvieron los dichos de Macri el viernes, el gobierno porteño emitió un comunicado de prensa donde anunció el veto a la flamante norma, impulsada por la oposición al macrismo, y precisó que quedaría vigente la regulación firmada por el ex ministro Lemus, que ha sido fuertemente cuestionada por su carácter restrictivo y violatorio de fallo de la Corte.

“Macri tiene que hacerse cargo de que su decisión de no promulgar la ley desencadenó en la suspensión del primer aborto no punible que se iba a realizar hoy en el Hospital Ramos Mejía, tras una presentación judicial realizada por la Asociación Pro Familia. Si el jefe de Gobierno de la Ciudad avanza en su intención de vetar la ley, se sucederán muchos más casos como éste”, señaló el senador Filmus. También la diputada de la UCR María Luisa Storani responsabilizó a Macri por “brindar información para que actúen los grupos fundamentalistas”. Storani consideró que “Macri es responsable de la decisión de la Justicia por ventilar este caso sin tener respeto al derecho de esta mujer pobre, de poder acceder al aborto no punible”. El diputado por Proyecto Sur, Jorge Cardelli, condenó la actitud de la magistrada. “Es inaudito que la propia Justicia contradiga a su máxima autoridad que es la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo, entre otras voces, críticas de la decisión de la magistrada y de la actitud de Macri.