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El jefe de Gobierno porteño enfrentará otra demanda en la Justicia. Será denunciado hoy a la mañana por legisladores porteños de la oposición por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por revelar un secreto (artículo 157 del Código Penal), al haber dado a conocer el jueves pasado en el marco de una cena organizada por Consenso Republicano, que dirige el ex presidente de la Sociedad Rural Guillermo Alchouron detalles del aborto no punible que estaba previsto realizarse ayer en el Hospital Ramos Mejía. Esa infidencia derivó en una intervención arbitraria de una jueza que ordenó la suspensión de la práctica médica (ver nota central).

La denuncia será presentada ante la Cámara del Crimen a las 10. Firman la presentación los diputados de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, Delia Bisutti y Edgardo Form; del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, Francisco “Tito” Nenna y María Rachid; de Proyecto Sur, Adrián Camps, Jorge Selser y Virginia González Gass; del Frente Progresista Popular, María Elena Naddeo y Susana Rinaldi, y del MST, Alejandro Bodart. La diputada María José Lubertino presentará otra denuncia contra Macri.

“Hay un tema de mucha irresponsabilidad del Estado de la Ciudad porque que este caso sea público y que esta organización haya presentado este amparo tiene que ver con los datos que reveló Macri”, dijo Cerruti.

“Como anticipamos el viernes pasado, cuando el jefe de Gobierno detallaba datos de lugar y día donde se realizaría el aborto ponía en riesgo la efectiva realización de la intervención además de violar un deber básico de confidencialidad protegida por la Constitución”, señaló Alegre. “La principal responsabilidad es de Mauricio Macri, lo que configuraría un incumplimiento de sus deberes como funcionario público por haber violado la ley básica de salud, la de protección de datos personales y la ley de nacional de violencia contra las mujeres”, agregó Alegre.

Al jefe de Gobierno se le imputa también haber violado el artículo 157 del Código Penal, que establece que “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos”.

Tras el anuncio de la vicejefa María Eugenia Vidal, quien confirmó que el gobierno porteño apelará el fallo que suspendió el aborto no punible, Alegre dijo: “Tendrían que privilegiar la salud de la mujer y no continuar dilatando con acciones judiciales la realización del aborto”.

En tanto, Bodart denunció que un cura junto a un grupo de católicos le realizaron un escrache en la casa de la mujer que solicitó practicarse el aborto y la agredieron diciéndole que “iban a tocar todas las campanas de la ciudad cuando ella asesinara a su hijo”.

Eduardo Peduto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, informó ayer que “la vulneración de la intimidad y la privacidad de la mujer comenzó cuando, desde el Ejecutivo, se publicitaron los datos del lugar y el día de la práctica médica”.

“La ley de protección de datos personales local considera toda la información referente a la salud como un dato sensible que requiere de la máxima protección”, recordó Peduto, quien por la mañana envió una nota al director del hospital, recordándole la vigencia de la norma 1845. Esta legislación es la que protege los datos personales y, en un apartado, habla del secreto profesional que deben guardar los médicos, el cual “no fue cumplido debidamente”, afirmó el representante de la Defensoría. También recordó que la Ley Básica de Salud 153 establece “la obligación de guardar intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con el proceso salud-enfermedad”.

Además, el diputado Nenna consideró que la conducta de Macri vulneró el inciso “e” del artículo 3º de la ley 26.485 sobre violencia de género. “Ese artículo garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva, pero el ingeniero Macri lo pasó por alto”, aseveró.

La legisladora por Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón, repudió la violencia ejercida por el Gobierno de la Ciudad al abandonar e impedir a una mujer el acceso a un aborto no punible. “Se incumple la ley respecto del acceso a un aborto no punible y el jefe de Gobierno desconoce las leyes sobre violencia y contra la trata de personas, que son claras respecto de la protección de las víctimas. Con este impedimento, Macri revictimiza a la mujer, no la protege y la expone, además, a los medios y a los grupos antiderecho que la acosaron. Se violó también el espacio del hospital público”, expresó García Tuñón.