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Los obispos católicos iniciaron ayer su primera asamblea plenaria del año con una agenda que formalmente apunta a los asuntos internos, pero que sin lugar a dudas tiene su mirada puesta en las primeras definiciones del gobierno de Néstor Kir-
chner, en particular en aquellos temas que más interesan a la Iglesia: exclusión, pobreza y educación. El presidente del Episcopado, monseñor Eduardo Mirás, instó a sus pares a renovar el compromiso de luchar contra “toda corrupción”, y rechazó la “ruindad” con la que reaccionan algunos sectores contrarios al accionar de la Iglesia.
Aunque no se adelantó nada sobre el particular, no se descarta que durante la semana se produzca algún contacto entre los obispos reunidos en San Miguel y las nuevas autoridades de la Nación.
En el trasfondo de la asamblea resuenan las afirmaciones del cardenal Jorge Bergoglio en la ceremonia de acción de gracias (Tedéum) realizada el domingo en la catedral metropolitana con la presencia del nuevo presidente. Allí el cardenal porteño y vicepresidente de la Conferencia Episcopal pidió que “resurja nuestra vocación de ciudadanos constructores de un nuevo vínculo social”. De esta manera el cardenal hizo suya una perspectiva que bien podría ponerse en boca de buena parte de los obispos, quienes, mirando cada uno sus propias realidades, suelen expresarse con angustia frente a los reclamos y demandas que reciben de quienes sobreviven en condiciones de exclusión.
Uno de los ámbitos en los que la Iglesia Católica tiene mayor intervención tiene que ver con las políticas sociales, particularmente a través de Cáritas –el organismo de solidaridad que preside el obispo Jorge Casaretto–, pero también mediante la Comisión de Pastoral Social, encabezada por el arzobispo Carmelo Giaquinta. Antes de la asunción de Kirchner el propio Casaretto advirtió que la continuidad de la colaboración entre Cáritas y el Estado en materia social está supeditada a una evaluación de los programas, a que se haga lo posible por llegar a sectores excluidos y a la erradicación de cualquier forma de clientelismo político.
El temario de la asamblea episcopal que sesionará hasta el próximo sábado incluye –como es habitual– informes e intercambios de los obispos respecto de su “visión pastoral” sobre la realidad. De este diálogo surgirá la determinación sobre un posible pronunciamiento público al término de las deliberaciones.
Un tema que puede suscitar debate en el seno de la asamblea es el informe que presentará el obispo castrense, Antonio Baseotto, acerca de la gestión que realizó meses atrás ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia para pedir la declaración de constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tal gestión provocó profundo malestar entre muchos obispos que no sólo desautorizaron lo realizado por Baseotto sino que lo increparon seriamente en diálogos y correspondencia privada.