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“Saquen sus rosarios/ de nuestros ovarios.” El cantito resonó ayer una y otra vez en los oídos de la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lazcano. La magistrada, que la semana pasada prohibió la producción y venta de los anticonceptivos en todo el país, fue blanco de un ruidoso escrache en el que confluyeron mujeres y varones de sectores medios y barrios pobres, organizaciones de derechos humanos, sindicales, universitarias y católicas de la ciudad de Córdoba. “No queremos medidas de la Inquisición”, decían algunos de los carteles que agitaron los manifestantes, bajo la ventana del despacho de Lazcano, frente a los tribunales federales de la capital provincial. La ola de repudio hacia la jueza siguió sumando adeptos: ayer expresó su rechazo al fallo la secretaria de Desarrollo Social del gobierno porteño, Gabriela González Gass, y la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Hoy a las 12 se hará efectiva la presentación del pedido de juicio político en su contra, en el Consejo de la Magistratura, por la supuesta comisión de los delitos de “mal desempeño” y “prevaricato”, según pudo saber Página/12.
Sin embargo, la insólita medida cautelar por la cual la jueza dispuso terminar con los anticonceptivos en todo el país, todavía no entró en vigencia: Lazcano exigió a la Fundación 25 de Marzo –la entidad ultraconservadora que inició la causa judicial–, como caución juratoria, la presentación de 20 firmas de abogados, de las cuales sólo lograron reunir siete. Por ese motivo, la magistrada aún no pudo notificar el fallo al Ministerio de Salud de la Nación que, sin embargo, ya está trabajando en la fundamentación de su apelación.
Paradójicamente, lo que sí entró en vigencia ayer es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, al publicarse en el Boletín Oficial. El texto –cuyo alcances adelantó este diario– reglamenta la ley sancionada el 30 de octubre por el Congreso, a la que la misma Lazcano, en su cruzada contra los contraceptivos, pretendió declarar inconstitucional en febrero.
El escrache contra la magistrada comenzó poco después de las 11. La mañana soleada pero fría reunió frente a los tribunales federales a más de doscientas personas “contra todos los fundamentalismos”. “Es un hecho histórico en la provincia, por la masividad que ha tenido el repudio”, destacó Liliana Vázquez, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, una de las organizaciones convocantes. A su lado podían verse numerosos carteles que bailaban con el viento: “Sí a la distribución gratuita de anticonceptivos y preservativos”, reclamaban algunos. “La intromisión de sectores fundamentalistas de la Iglesia Católica en nuestras vidas nos retrotrae a la época de la Inquisición, haciendo que los católicos nos sintamos cada vez menos representados por nuestros sacerdotes”, comentó, ofuscado, Miguel Luque del Movimiento de Organizaciones de Base, mientras los manifestantes coreaban: “Saquen sus rosarios/ de nuestros ovarios”. Del escrache también participaron representantes de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la CTA, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Hijos, agrupaciones universitarias y varias entidades del movimiento de mujeres local.
“Hay que destacar la confluencia de distintos sectores, de gente de sectores humildes y de clase media. Todos han coincidido en la condena unánime a la jueza”, señaló la concejal socialista Laura Sesma, que en su carácter de abogada se encargó de redactar el pedido de jury que hoy al mediodía se presentará en el Consejo de la Magistratura, en la Capital Federal, con la firma de más de una docena de diputados nacionales, entre ellos el socialista Eduardo García, quien también se sumó al escrache.
El pedido de enjuiciamiento se fundamenta en la supuesta comisión de dos delitos, explicó Sesma a este diario: el mal desempeño y el prevaricato, esto es, dictar resoluciones al margen de la ley o fundada en hechos falsos, “lo que presupone un nivel de connivencia, y parcialidad a favorde sectas o grupos fundamentalistas que sin ninguna razón pretenden arrogarse la representación de gran parte de la sociedad poniendo en grave riesgo la salud de la población y en particular de las mujeres”.
Lazcano se ganó la ola de repudio al hacer lugar al recurso de amparo presentado por la Fundación 25 de Marzo, identificada con los sectores más extremistas de la Iglesia Católica, que pidió prohibir la fabricación y comercialización de los dispositivos intrauterinos (DIU) y de “los medicamentos con componentes de drogas consideradas abortivas”. Sin ningún fundamento científico, la magistrada definió como tales a todos los anticonceptivos que contienen progesterona y estrógenos, que son el 97 por ciento de los que se venden en el país.