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Hoy se cumplen dos meses del día en que Fernando de la Rúa desató una masacre en Plaza de Mayo y dejó la Presidencia. También dos meses desde que huyó de la Presidencia tras ser repudiado, la noche anterior, con un cacerolazo espontáneo que ridiculizó su estado de sitio. Dos meses en que estuvo vigente el corralito financiero, con su carga de irritación en aumento, y fue evaporándose la economía informal como único recurso de los más pobres. Y dos meses con cinco presidentes, incluido el actual, Eduardo Duhalde, colocado en medio del conflicto más complejo y trabado de la historia argentina contemporánea.
Piqueteros de todas las tendencias, más y menos dialoguistas, se proponen recordar el 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en Congreso (ver aparte). Muchas asambleas barriales, fruto de aquellos cacerolazos, también ocuparán la calle. Es posible que vuelva a producirse la mezcla de desocupados con quienes tienen miedo de serlo, como el día en que la columna de piqueteros entró a la Capital Federal al grito de “Piquete y cacerola, la lucha es una sola” y recibió a cambio, en lugar de insultos, pebetes y mate cocido para el desayuno en medio de un cacerolazo de apoyo.
Para el Gobierno, el desafío es que este miércoles termine sin represión ni víctimas. Que todos puedan expresar su bronca sin violencia, y que la policía soporte esa descarga con profesionalismo incluso si ella misma es atacada. No será fácil porque está el recuerdo nítido de la Policía Montada cargando como una brigada de cosacos y el de los comandos policiales disparando al torso de sus blancos, en distintos puntos del centro de Buenos Aires, a la misma hora, entre cuatro y cinco de la tarde. Ese temor explica que ayer cayeran mal dentro del propio gobierno unas palabras del vocero Eduardo Amadeo. Cuando el periodista Charly Fernández le indicó su preocupación por la violencia creciente de los ahorristas acorralados, dijo Amadeo:
–Me preocupa. Nosotros hemos seguido una escala que tiene tres etapas: la primera es diálogo, la segunda es persuasión con la colocación de las fuerzas de seguridad, y la tercera es represión.
Y siguió:
–El problema más complejo que hay es que por un lado tenemos que defender los derechos de las personas que quieren ir al banco, que quieren circular, que quieren llegar a su trabajo, y si esto no se respeta tenemos que reprimir. Pero a la primera represión nos convertimos en una especie de asesinos.
Cuando Página/12 lo llamó para que precisara las etapas de la represión, Amadeo respondió:
–La verdad, me equivoqué. No debí decir “represión” porque ésa no es la doctrina del Gobierno. Debí decir “intervención policial”.
–¿Qué es “intervención policial”?
–Que la policía impide la rotura de bancos pero de ninguna manera impide la expresión libre de los manifestantes.
Por lo que pudo saber este diario, Amadeo también reconoció su equivocación ante miembros del gabinete. Pero ni siquiera sus disculpas lograron calmar, por ejemplo, al secretario de Seguridad Juan José Alvarez.
“El uso de la violencia por parte del Estado es la última instancia, nunca una de las primeras”, fue la réplica que Alvarez deslizó en privado ante colegas suyos. Funcionarios de Duhalde lo vieron ayer notoriamente enfadado. Uno de ellos le escuchó una frase: “Amadeo justo vino a hablar de represión cuando yo estoy dando órdenes precisas a la policía de que la prioridad es dejar que se exprese la protesta, y además cuando están por cumplirse dos meses de la represión en Plaza de Mayo”. Otro citó una más: “La Argentina no vive un problema de orden público, sino una crisis política; entonces, nada se soluciona con más policía o más represión”.
Si ese diagnóstico es cierto, el test no está solo en la Capital Federal y las principales ciudades del país sino también en la Patagonia. Como se informa aparte, los petroleros reunieron ayer en Ramón Santos, el sitio que marca el límite entre Chubut y Santa Cruz, el record de siete mil manifestantes.
El periodista Carlos Acosta, del diario Chubut, precisó anoche en diálogo telefónico que la de ayer fue la protesta más masiva y también la más pacífica de los últimos años. Añadió que la apoyaron, con sus máquinas, los contratistas de los tres grandes operadores petroleros de la zona, Repsol, Panamerican y Tecpetrol. Y explicó que cualquier protesta en el área queda siempre reforzada por la percepción de que “los porteños se llevan todo”. Porteño sería, en este caso, también el lomense Duhalde, y llevarse todo podría consistir en imponer retenciones a la exportaciones de las petroleras si eso pone en peligro, a su vez, las fuentes de trabajo en la Patagonia.
El cuadro petrolero es intrincado como pocos:
- Si Duhalde no impone las retenciones, perderá una fuente de ingresos.
- Si lo hace, otros pedirán retenciones al agro, medida resistida por ejemplo por José Manuel de la Sota.
- Si no lo hace y lo cambia por un impuesto, los ingresos serán probablemente menores.
- Las petroleras resisten los nuevos impuestos apoyándose en los sindicatos (que reaccionan a la amenaza de despidos), en las pymes contratistas (que dejarán en la calle a sus propios operarios) y en los gobiernos patagónicos (que temen explosiones sociales y nuevos pueblos fantasmas).
- El riesgo potencial, a ojos del Gobierno, es la familiaridad de los que protestan con el manejo de explosivos y su capacidad de cortar la llave de gas de la Patagonia hacia la Pampa Húmeda.
- Con impuestos en lugar de retenciones, o con cualquier gravamen no absorbido por las mismas empresas, la inflación puede dispararse. Si sube un poco puede reactivar. Si despega como un misil y vuelve la híper, no habrá más gobierno, y costará ver si habrá país.
Por eso el discurso antiporteño resulta unificador. No implica la defensa abierta de intereses económicos y disimula las diferencias sociales de quienes protestan. Eso sí: fragmenta aún más la Argentina y muestra la extrema debilidad del Estado que casi no existe –alguno podrá hablar de falta de voluntad– para arbitrar entre intereses contrapuestos sin beneficiar demasiado a uno de ellos.
En este panorama, cualquier pedido de más represión suena ilegítimo y, además, ineficaz. Ayer mismo, piqueteros manifestaron en Almirante Brown, municipales marcharon contra el intendente Gustavo Posse en San Isidro, 80 personas cortaron rutas en Mercedes, otro tanto en Florencio Varela, 50 ahorristas comieron pizzas en el hall del Boston de La Plata, hambrientos pidieron planes Trabajar en Posadas y cientos de ahorristas marcharon en Rosario frente al HSBC y el Banco Francés.
Cuando terminaba la reunión de gobernadores, el catamarqueño Oscar Castillo y el salteño Juan Carlos Romero preguntaron por el orden al ministro del Interior Rodolfo Gabrielli. No fue un pedido formal, y por eso Gabrielli solo lo tomó como un comentario al pasar. Después de todo, si la histeria se extendiera igual no alcanzaría la OTAN para satisfacerla.