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La designación del fiscal de Cámara Norberto Quantín como secretario de Seguridad causó sorpresa: se trataba de un área sensible y su nombre estaba asociado a la Justicia. No obstante, la mayoría interpretó ese nombramiento como la voluntad de dar una señal. Quantín no había sido santo de la devoción del menemismo, preocupado y molesto por su firmeza en las causas que involucraron a Carlos Grosso, al concejal José Manuel Pico y sobre todo a la ex presidenta de PAMI Matilde Menéndez. Sus enemigos se multiplicaron dentro y fuera de la política, dentro y fuera de la Justicia cuando se tomó en serio la misión de investigar al empresario postal Alfredo Yabrán. De raíz conservadora, profundamente religioso, el fiscal suma a su perfil una imagen de austeridad y honradez. Tras cuarenta años de carrera judicial y estando “más cerca del arpa que de la guitarra”, afirma, tenía que darse la oportunidad de encarar algo nuevo. Sabe que lo nuevo es, además, difícil: delitos con altas cotas de violencia y un cúmulo de dudas respecto de los encargados de combatirla. Podría parecer la cuadratura del círculo. Pero Quantín, entre otras habilidades, es mago, una pasión casi más fuerte que el Ministerio Público.
–¿Cuáles son sus prioridades en la secretaría?
–Hay dos cosas que debemos abordar con fuerza: la cuestión de la eficacia, con controles de gestión, ganando en esclarecimiento de delitos y atendiendo al damnificado del delito, sobre todo si es violento. Un poco lo que hicimos en la Fiscalía de Saavedra con la oficina de atención a la víctima. El otro aspecto fundamental a cambiar es que no haya actitudes de prepotencia sino de servicio. De esa forma la policía será respetada. Tenemos que remontar una historia, porque desde que éramos chicos y jugábamos al “poliladron” todos queríamos ser el ladrón. Uno tiene la obligación de preguntarse por qué. Necesitamos una policía honesta y eficaz. Si es honesta solamente no me sirve, porque es como tener un boy scout. Si es eficaz hay que ser cuidadoso porque a veces el más eficaz no es el más honesto. Por supuesto que hay que encontrar un equilibrio en este tipo de afirmaciones. Es injusto cargar las tintas con la corrupción policial y no hacer referencia a la gente que muere en servicio. Yo creo que a la par que se exige hay que respaldar. Hay que estar en las malas y en las buenas. El policía, sobre todo el de baja graduación, vive en un sistema de semiesclavitud. Me consta que muchos de ellos no pueden estar en familia más que una vez a la semana. Una de las cosas que vimos con el ministro Gustavo Beliz y ya se ha conversado con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, es la posibilidad de pequeños créditos blandos para que los efectivos puedan acceder a una vivienda.
–Un punto espinoso es el tratamiento de la protesta social...
–La protesta social no es estrictamente un tema de seguridad. Tengo la impresión de que después de los hechos trágicos del Puente Pueyrredón y excepción hecha de un par de situaciones, la policía, en líneas generales, se ha manejado con prudencia. De acuerdo con el discurso y el espíritu que ha marcado el Presidente, si hay más equidad esto se irá resolviendo solo. Una parte de la sociedad tiene el derecho a manifestarse y otra tiene derecho a llegar a su casa después de una jornada de trabajo. Tenemos que tratar de compatibilizar esos intereses que parecen estar, por momentos, en conflicto.
–¿Es partidario de la derogación del Código de Convivencia Urbana?
–Mire, hace años que voy a dar charlas a colegios, a sociedades de fomento y hay quejas de los propios vecinos respecto del Código. Los policías también se quejan. Y tengo la impresión de que en el mismo gobierno que lo impulsó, el Gobierno de la Ciudad, hay una nueva forma de encarar las cosas. El Código contiene ciertos elementos de un garantismo un poco ingenuo que hacen que sea más fácil condenar a un tipo por homicidio que por venderle cerveza a un chico. Y se debe tener en cuenta el daño que se hace y el que se puede evitar, porque en el origen de muchos delitos graves está la contravención.
–¿Cree que disminuir la edad de imputabilidad es un recurso eficaz?
–Yo no soy totalmente contrario a eso. Me parece que incluso la Unicef ha dicho algo sobre el asunto. A los 16 años, en especial respecto de delitos graves, como homicidios y secuestros, se sabe lo que se hace y no puede ser que quienes los cometen queden automáticamente en libertad. No obstante, yo no me atrevería a hacer ningún cambio en ese aspecto sin una seria política de institutos de menores, con establecimientos para menores, de reeducación y no universidades de delincuencia, de degradación. No se debe ser concesivo con la delincuencia, pero a un condenado hay que reeducarlo, alimentarlo, enseñarle un oficio o una carrera, devolverle la dignidad. Es lo que manda el artículo 18 de la Constitución. Las cárceles no pueden ser un depósito de seres humanos. Cuando eso sea así, se podrán pensar otras medidas. Hay problemas que deben ser tratados de conjunto y sobre todo entender que de una sociedad que no ofrece trabajo, donde un chico ve a su padre paseándose en la casa como una fiera enjaulada porque no tiene una actividad útil, al abuelo cobrando una jubilación (en el caso de que la cobre) de 150 pesos mensuales y a la madre saliendo de limpiar una casa para ir a otra ¿qué se puede esperar? La sociedad condena a esos chicos a la cárcel. Es cierto que no todos los pobres son delincuentes, pero es una verdad grande como una catedral que casi todos los que están en la cárcel son pobres. No me gusta hacer demagogia, pero hay una deuda de la sociedad con ellos. Empecemos a cumplir con la educación, con la alimentación y ya veremos. Ni más ni menos que lo que dijo el Presidente en su discurso inaugural. Así que creo que no hay nada nuevo para inventar: tengo aliento, tengo entusiasmo, pienso que cuando el doctor Kirchner dijo que quiere un futuro de progreso y de justicia social no fue retórico. Si hay ejemplos de arriba, unas cuantas cosas van a cambiar. No es cuestión de meter preso a un chico porque roba comida en un supermercado y hacer la vista gorda con los banqueros. Eso también lo dijo el Presidente: quiere a los grandes ladrones con traje a rayas. ¿Qué resolvió la Justicia con el caso Samid? Son 90 millones de dólares que se imputan, tiene auto de procesamiento dictado por la Cámara Federal de La Plata en el año ‘98 o ‘99. Estamos en el 2003 y no se hizo nada.
–¿Cómo lo convencieron de aceptar este cargo?
–A Gustavo Beliz lo conocí cuando visitó la Fiscalía de Saavedra. Después nos encontramos en alguna actividad, no conozco su casa. Y vea qué curioso: después de 44 años en Tribunales, un viernes me desperté con la idea de que era sábado, Cuando me ubiqué sentí un malestar espantoso. No tenía ninguna gana de ir a trabajar y me dije: “Yo me tengo que ir de acá”. Bueno, una ducha calma muchas cosas, falté a la Fiscalía y me quedé en casa. Esa misma mañana recibí una llamada de Beliz diciendo que quería consultarme. Pensé que sería por alguna cuestión de seguridad. Y no, me planteó esta posibilidad. Hablamos cuatro horas y me decidí.
–Hacía rato que usted sentía un cierto malestar, una cierta frustración con su actividad.
–Sí, porque así como uno sueña con un país distinto también sueña con una Justicia distinta, más ágil, más cercana a la gente, donde no haya causas para ricos y causas para pobres. Y quiero decir que respeto a la mayor parte de los jueces. A veces no es culpa de ellos, hay un sistema. El estafador, el que se lleva el dinero del país tiene tiempo para planificar su delito, tiene los mejores abogados, los mejores estudios contables. Contra eso, la Justicia cuenta con pocos instrumentos. Yo intenté hacer una reforma. Puse mucha expectativa en las fiscalías de distrito. Trabajamos cinco años y funciona una sola. Es como en esas pesadillas en las que uno corre y nunca llega, se le va la vida y no llega.
–¿No es una especie de salto al vacío?
–Es posible. Sin embargo, también incide que estoy en la Justicia desde los 18 años. ¡Ojo! Me gusta la Justicia y la quiero. Pero me parecía un poco aburrido despedirme –uno está más cerca del arpa que de la guitarra– sin haber hecho alguna otra cosa. Lo importante es conservar el espíritu de independencia que uno tuvo en el Poder Judicial, aunque deba adaptarme a una realidad distinta. Mi vida pasó sin jefes desde los 27 años. A los 31 fui juez. Estaba la Cámara, por cierto, pero nadie me mandaba. Ahora tengo al menos dos jefes inmediatos: el ministro y el Presidente y estoy subordinado a su discurso. Lo contrario sería una deslealtad, una infamia. El día que no lo comparta, me iré. Pero tengo que acostumbrarme a que ya no soy yo quien toma la decisión final. En mi fiscalía la tomaba yo, aunque después no me dieran bolilla; como juez la tomaba yo. Eso se acabó.
–¿Cuánto va a durar en el cargo?
–Lo que Sancho en la isla de Barataria.