El ex vocero de los gendarmes que se rebelaron en octubre, Raúl Maza, fue dado de baja en la mañana de ayer. Voceros de la Gendarmería sostuvieron que Maza continuaba –un mes después del conflicto– tratando de revivir el motín, convocando a reuniones de efectivos, por ejemplo en Entre Ríos. Inicialmente el gendarme-enfermero encabezó el reclamo por la mala liquidación de los sueldos de septiembre, pero aun cuando el Ministerio de Seguridad dio marcha atrás en la liquidación y reintegró lo que se pagó de menos, Maza y otros oficiales y suboficiales de Gendarmería y Prefectura continuaron impidiendo el funcionamiento de los edificios Centinela y Guardacostas. Por ello fueron puestos en disponibilidad. Como Maza seguía con su movida a favor de un nuevo motín, ayer recibió el telegrama y concurrió a la Gendarmería a firmar la baja. Se fue diciendo que iniciará acciones legales.

El conflicto tuvo como trasfondo una mala implementación de un decreto sobre adicionales en la Gendarmería y Prefectura, pero develó una insólita situación en la que gran parte de los efectivos tenían judicializados los sueldos, con cautelares que llevaban sus ingresos a cifras injustificadas. Se descubrió una verdadera industria de las cautelares contra el Estado en que dos jueces, uno en el norte y otra en el sur, firmaron medidas que les daban adicionales inexplicables a 20.000 gendarmes y prefectos. Lo asombroso es que los magistrados dictaban las cautelares y después se declaraban incompetentes. Y buena parte de las presentaciones provenían de los mismos estudios de abogados, algunos de los cuales tenían como integrantes a jefes de las fuerzas o a sus familiares. La jueza Graciela Beatriz Duarte fue destituida después de que se comprobó que dio curso a 7000 cautelares que favorecieron a prefectos de todo el país: no se explicaba por qué recurrían a un juzgado correntino que, además, ni siquiera tenía competencia por su fuero. Otro juez de la misma ciudad, Humberto de Biase Echeverría, también fue destituido: otorgó 17.000 cautelares.

De todas maneras, la liquidación de los sueldos de septiembre, que buscó regularizar la situación, estuvo mal hecha. Quien supervisó ese proceso, Raúl Garré, hermano de la ministra de Seguridad, presentó la renuncia. Y respecto de la liquidación de los sueldos de octubre se corrigieron las anomalías anteriores, aunque obviamente hubo quejas, sobre todo de quienes contaban con adicionales irregulares.

Durante el conflicto de octubre, Maza fue el principal vocero. Las autoridades de la Gendarmería no tomaron inicialmente ninguna medida contra él, pero cuando se dispuso dar marcha atrás en la primera liquidación, pagando la misma cifra que el mes anterior, el gendarme siguió encabezando la protesta. El conflicto tomó un cariz distinto, convirtiéndose prácticamente en un motín. Las dos cúpulas, la de la Gendarmería y la de Prefectura, debieron pasar a retiro y los nuevos jefes enderezaron la situación. Fueron varios días en que Maza y otros líderes de la revuelta impedían el ingreso a los edificios y hasta mantuvieron en un virtual secuestro a algunos de los oficiales superiores.

Ayer, Maza recibió el telegrama en el que se lo daba de baja y concurrió al edificio Centinela a realizar el trámite correspondiente. Ya antes, había convocado a una concentración para este domingo, con lo que quedaba claro que seguía en la misma actitud de incitar a la rebelión. En declaraciones radiales tildó de cobarde al nuevo jefe de la Gendarmería, Enrique Zach, por tomar una medida que consideró arbitraria. “Me dan de baja por la manifestación de la otra vez, porque la idea es callarnos la boca”, sentenció. Sin embargo, Maza sigue sin poder explicar por qué continuó con el motín, una vez que el Ministerio de Seguridad, la Gendarmería y la Prefectura revieron la liquidación de principios de octubre.

Al retirarse del edificio Centinela, el ex vocero adelantó que iniciará acciones legales contra el Estado. Será una causa judicial más originada en el conflicto de octubre. Por lo pronto, la ministra Garré denunció penalmente a ex jefes de las fuerzas por el manejo irregular de los adicionales y la connivencia con el sistema de cautelares. También fueron denunciados algunos de los líderes de la protesta por agresión contra los jefes e incluso contra algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que habían concurrido a tratar de solucionar los diferendos. Maza, por su parte, tratará de que la Justicia revea su baja, algo que no será fácil porque desde el punto de vista estrictamente legal incurrió en ruptura de la disciplina.