Los tribunales orales de Corrientes, Paraná y Rosario definirán mañana con sus veredictos tres juicios por delitos de lesa humanidad. Son 11, en total, los represores imputados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar que escucharán antes de fin de año su sentencia en esas ciudades.

En Paraná, el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Marta Berros, juzga a siete imputados por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, torturas, asociación ilícita agravada y homicidio agravado por alevosía en el marco de la denominada “Causa Harguindeguy”, que reunió ante un mismo tribunal tres investigaciones diferentes sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. Se trata del debate que llevó al banquillo de los acusados por única vez al ya fallecido ex ministro del Interior de la última dictadura argentina, Albano Harguindeguy.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal, José Ignacio Candioti, solicitó penas de prisión perpetua para los imputados Juan Miguel Valentino y Naldo Miguel Dasso, mientras que evaluó condenas de entre 12 y 25 años de cárcel para los otros cinco represores.

También mañana, en Corrientes, los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro y Fermín Ceroleni, del Tribunal Oral Federal de esa ciudad, emitirán su veredicto en el juicio que le siguieron al coronel retirado Raúl Angel Portillo por crímenes en perjuicio de Eduardo Héctor Acosta, aún desaparecido. Portillo era jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de la ciudad correntina de Paso de los Libres al momento de la desaparición de Acosta.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que comenzó hace casi cinco meses también llegará a su fin mañana, con el veredicto que el Tribunal Oral Federal N0 2 de Rosario emitirá sobre la participación de tres imputados en los asesinatos y desapariciones de 14 víctimas.

La fiscalía solicitó que el coronel retirado Manuel Fernando Saint Amant y los ex policías Antonio Federico Bossie y Jorge Muñoz sean condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios.

El debate reunió tres causas, desarrolladas en primera instancia por el juez federal Carlos Villafuerte Russo. En una de ellas, conocida como la Masacre de Juan B. Justo, se investigaron los asesinatos de Ana María del Carmen Granada, el matrimonio de Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini y dos de sus pequeños hijos cometidos durante un operativo del Ejército y la Policía Bonaerense en noviembre de 1976. De esa matanza solo sobrevivió Manuel Gonçalvez, nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, quien entonces solo tenía cuatro meses de vida. Otra de las causas ventila la desa-parición, en San Nicolás, de ocho militantes de la Juventud Peronista ocurridas entre abril y mayo de 1978. La tercera causa que formó parte del juicio es la que investigó la privación ilegítima de la libertad que sufrió José María Mastroberardino.