A través de un documento titulado “Reflexiones de fin de año”, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), entidad que agrupa a la mayoría de las iglesias protestantes históricas, hizo un balance de la situación del país, en el que rescata los avances en lo económico y social, plantea la necesidad de seguir construyendo con base en la justicia, condena los atropellos, la soberbia y los abusos de poder, y reitera su pedido histórico de separación de la Iglesia y el Estado, que debería plasmarse en la próxima reforma del Código Civil y Comercial.

El texto resalta que “los datos objetivos muestran un crecimiento económico y una mayor distribución entre los diversos sectores” y que “esto no debe ocultarse bajo sensaciones subjetivas que tratan de imponer ciertos intereses comunicacionales”. Pero al mismo tiempo se señala que no “debemos conformarnos con estos logros aún parciales”, porque “el crecimiento económico no puede obtenerse a costa de un equilibrio ambiental necesario para una vida sustentable” y porque los “mecanismos de distribución deben ser ecuánimes y progresivos”.

Con la firma de su presidente, el pastor Néstor Miguez, los evangélicos de la FAIE aseguran también que “debe asegurarse la actividad productiva frente a la especulación financiera”, y en esto “caben responsabilidades compartidas, tanto del Estado y del gobierno como de las entidades de la actividad económica y de la sociedad civil”. Sostienen que “hay un largo camino a recorrer para un mejoramiento de las condiciones de vida, laborales y salariales, de los sectores más vulnerables”, subrayando que “el mensaje de los profetas nos recuerda que la justicia de una sociedad debe valorarse por la situación de los más necesitados y débiles, la viuda y el huérfano, el pobre y el extranjero, en el lenguaje bíblico”.

La FAIE observa “una realidad nacional donde se mezclan esperanzas y conflictos, donde conviven entusiasmo y desazón, donde se manifiestan esfuerzos por avanzar en una mejor calidad de vida y a la vez reclamos sectoriales, donde las mismas medidas son vistas como democráticas por unos o como autoritarias por otros”.

Agradecen a Dios los evangélicos “aquellas actitudes y expresiones que hacen a la construcción de una nación libre” y se alegran por “la creciente participación de las generaciones más jóvenes en la vida nacional, asumiendo sus responsabilidades cívicas y sociales con entusiasmo y actuando solidariamente, más allá de las distintas opciones que puedan tomar”. En ese sentido, dicen que “sabemos que es un avance el hecho de que distintos sectores sociales expresen sus ideas, aun aquellas con las que no acordamos, sin temor de represión o censura”, aunque “ciertamente ello no justifica los hechos de insulto e incluso la agresión física que se han dado en algunas de ellas”. Sostienen los evangélicos “el derecho a discrepar y disentir, a buscar alternativas, a no aceptar un discurso único”, pero “no aceptamos la distorsión de la verdad o el discurso falto de sinceridad y transparencia”.

Afirma también la FAIE que “la libertad de manifestación no debe confundirse con un supuesto derecho a la amenaza o la agresión” y que “la soberbia del poder y el afán desmedido de riquezas traen corrupción y generan injusticia, sea en los diversos estamentos del Estado o de las corporaciones privadas”.

En otra parte del documento la FAIE se lamenta porque “personas malintencionadas se hayan escudado bajo el título de pastor, o en la fe evangélica para engañar, delinquir y defraudar” y “sin negar que podemos tener ciertas diferencias con algunos elementos incluidos en leyes que hacen a las prácticas de género o a la bioética, a la vez que apoyamos toda la legislación que avance en ampliación de derechos y nos ayude a superar cualquier forma de discriminación”.

Reiteran los evangélicos un reclamo histórico: “Afirmamos la necesaria separación de Iglesia y Estado, así como la libertad de las iglesias, asociaciones y comunidades de fe para cumplir sin distingos las funciones sociales que les son propias, desarrollar su misión y formación de fieles, darse su propio gobierno, sin desconocer nuestra responsabilidad hacia el conjunto social”. Por eso y sin pretender privilegios, dicen, piden que la separación entre la Iglesia y el Estado “se considere en el nuevo Código Civil y Comercial y en la inmediata derogación de la Ley de Registro de Culto sancionada por la dictadura militar (decreto-ley 21.745)”.