Las sospechas sobre la mano de sectores del PJ en la organización de los saqueos pusieron bajo la lupa a las intendencias donde ocurrieron los hechos de mayor gravedad, y el más complicado es el jefe comunal de Bariloche, Omar Goye. El intendente fue citado para el miércoles a presentarse en la gobernación de Río Negro a una reunión en la que podría definirse su futuro político. El gobernador Alberto Wereltineck y el senador Miguel Piche-tto van a transmitirle allí los alcances de las críticas que el gobierno nacional hace a su actuación.

El intendente fue además acusado por el ministro de Desarrollo Social provincial, Ernesto Paillalef, de haber actuado “con impericia e irresponsabilidad” frente a los saqueos del 20 de diciembre. “En Bariloche no hubo una situación de desborde social como la del 2001”, dijo ayer Paillalef a Página/12, “sino una mezcla de conspiración política, impericia y falta de responsabilidad”.

El ministro apuntó en ese sentido que la Justicia secuestró “una cantidad importante de vehículos con patentes posteriores al año 2000 que colaboraron con los saqueos” y que “las denuncias dicen que se entregó dinero para su organización”.

En ese marco, lo que le cuestionan al intendente es su manejo político de la crisis, porque en los días previos al 20 de diciembre estuvo haciendo declaraciones públicas sobre que los supermercados debían dar alimentos y eso creó un clima de “presaqueo”, en el sentido de las profecías autocumplidas.

Paillalef no acusó a Goye de organizar el ingreso a los supermercados, pero dijo que se lo cuestiona por “su forma de relacionarse con algunas organizaciones sociales, particularmente con una de ellas, de características duras, que fue la que tomó la decisión de entrar al supermercado Chango Más”, iniciando los saqueos, después de que el intendente declarara en un programa de televisión que ese supermercado no había colaborado con la entrega de alimentos.

La gobernación no tiene facultades para intervenir la intendencia, pero está claro que la audiencia del miércoles estará centrada en resolver la crisis institucional.

Después de los saqueos, parte del gabinete provincial se instaló en Bariloche para atender los reclamos sociales de la población, pero los funcionarios de la provincia trabajaron sin entrar en contacto con el intendente, que debió enfrentar la renuncia de parte del gabinete municipal. En esa situación, el ministro de Gobierno rionegrino, Luis Di Giácomo, sostuvo que el intendente “deberá decidir qué hacer de su vida en esta soledad en que se encuentra”.

Goye, a quien se atribuyen vínculos con dirigentes gremiales relacionados con Luis Barrionuevo, no dio hasta ahora señales de una eventual renuncia. Una de las alternativas posibles es que el Concejo Deliberante avance en su destitución.

Según el diario Río Negro, el intendente, un contador que asumió en el cargo hace menos de un año, tiene un procesamiento por presunta estafa agravada contra la administración pública por el manejo de un subsidio del gobierno nacional a la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (Arbos).

El caso se remonta a 1999, cuando la Arbos estaba muy mal económicamente, a punto de quebrar, y recibió como subsidio del gobierno nacional 2.022.989 pesos para obras en el policlínico.

Según la publicación, “los tres aportes que hizo el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Administración de Programas Especiales no tuvieron rendición de cuentas ni aparecieron en el activo de la Asociación cuando se analizó su patrimonio en el proceso de quiebra”.

En la causa, junto con Goye fueron procesados dirigentes de los sindicatos de Gastronómicos, Comercio y la Uocra de Bariloche. El sindicato de Comercio es uno de los sospechados de haber participado en los saqueos de la semana pasada.