Desde Rosario

Los militantes del Movimiento Evita baleados el jueves pasado por personas ligadas a la venta de drogas en Nuevo Alberdi declararon ante un fiscal federal y acusaron al jefe de la subcomisaría 2ª de actuar en complicidad con esos traficantes, y de ser el “responsable intelectual” de la amenaza de muerte que sufrió Ramón Ferreyra, padre de dos de los jóvenes atacados. El policía denunciado, no obstante, sigue en funciones. Desde el Ministerio de Seguridad se informó que no habría relevos por el momento, pero que “están estudiando la situación”.

La agrupación kirchnerista difundió mediante un comunicado que sus militantes baleados, Carlos y Ariel Ferreyra, prestaron declaración ayer ante un fiscal federal fuera de la provincia de Santa Fe. Por razones de seguridad, eligieron no revelar precisiones acerca de la jurisdicción judicial ni del funcionario que les tomó declaración. Lo hicieron ante la instancia federal porque, explicaron, “los hechos denunciados se encuadran dentro de la figura de narcotráfico”.

El documento, firmado por los diputados Eduardo Toniolli y Gerardo Rico, y por los dirigentes José Luis Berra y Fernando Rosúa, expone que el titular de la seccional policial, Marcelo Fabián Mendoza, fue “sindicado por los testigos ante el fiscal federal por su relación con el bunker de venta de estupefacientes del barrio Nuevo Alberdi, y el responsable intelectual de las amenazas a Ramón Ferreyra, cuya primera declaración ante una sumariante de la Sub 2ª fue reproducida con precisión por quienes lo encañonaron con un arma en la cabeza el viernes a la noche”.

Los hermanos Ferreyra y su compañero Gastón Arregui cayeron bajo las balas de tres hombres de la familia Romero, apuntados como responsables de un kiosco de drogas en el Barrio Municipal, en el enfrentamiento con los custodios de otro bunker situado en Somoza y Luzuriaga, vecino al domicilio de los tres militantes. Una agente le tomó declaración a Carlos Ferreyra en el hospital y a la noche siguiente el padre fue amenazado por los sicarios, que habrían estado al tanto del contenido de la declaración del joven herido. Por esa razón, los Ferreyra debieron mudarse del barrio.

Requerido el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, acerca de las medidas a tomar para con un funcionario policial que acaba de ser denunciado ante un fiscal federal como presunto cómplice de narcotraficantes, desde la cartera se planteó que “la Justicia ya tiene una investigación en marcha” para la que el Ejecutivo “colabora a los fines de determinar responsabilidades”. Una fuente ministerial dijo que la remoción preventiva del jefe de la subcomisaría 2ª, Marcelo Fabián Mendoza, es una medida “que están estudiando” pero que, hasta la tarde de ayer, no se había resuelto. “No por el momento”, dijo el portavoz.

En su declaración de ayer, Carlos Ferreyra “detalló el procedimiento, a todas luces irregular, en el cual la sumariante (Luciana Quiroga) le tomó declaración en el hospital mientras lo intervenían por las heridas recibidas, sin leerle el escrito antes de firmarlo, y desmintió haber enunciado afirmaciones que los diarios reseñan como de su autoría en el citado documento”, señaló el Movimiento Evita.

Por esa filtración, la agrupación política disparó contra el secretario de Seguridad, Matías Drivet, por lo que consideraron “una actitud miserable”: “Operó durante cuatro días para instalar que la agresión sufrida por nuestros compañeros se debía a que estaban involucrados en la venta de estupefacientes. Lo más grave es que Drivet filtró a algunos periodistas y a un portal de ex policías provinciales exonerados las actuaciones sumariales llevadas adelante por la subcomisaría 2ª, y un pseudo informe de inteligencia de esa dependencia, cuyo titular, el subcomisario Mendoza, acaba de ser sindicado por su relación con el bunker de venta de estupefacientes de Nuevo Alberdi, y el responsable intelectual de las amenazas a Ramón Ferreyra”.

La agrupación kirchnerista encontró coincidencias entre la operación atribuida al subcomisario Mendoza “para encubrir su responsabilidad”, y la maniobra adjudicada a Drivet “para salvar la ropa de su gestión al frente del ministerio”. “Decidieron jugar fuerte y no les importó, para ello, ensuciar a cuatro militantes, cuatro laburantes”, reprobaron los dirigentes en el comunicado. Y destacaron el compromiso social de las víctimas y testigos. De Ferreyra padre subrayaron que “encabezó en los últimos meses el reclamo por las obras necesarias para parar las inundaciones en el barrio, y por la reposición de la luminaria pública, rota por los narcos para poder operar sin sobresaltos por la noche”. Sus hijos Carlos y Ariel, ocupados en changas de carpintería y venta ambulante, respectivamente, y Gastón Arregui como albañil. “Después de trabajar colaboraban con Ramón en la militancia social.” El Evita añadió que cuando Arregui se sumó a sus filas, “dijo que lo hacía siguiendo el ejemplo de su madre, militante peronista de Río Gallegos, y de su tío, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios del Industrial de Santa Fe, desaparecido durante la última dictadura cívico militar”. Y concluyeron: “Los Ferreyra se tuvieron que ir de la provincia de Santa Fe, Gastón Arregui está en una cama de terapia intensiva peleando por su vida. La seguridad, el alojamiento y la alimentación de ambas familias están, desde el viernes a la noche, a cargo de nuestra fuerza política. Ni el gobernador (Antonio) Bonfatti, ni (el ministro de Reforma de Estado, Rubén) Galassi, ni Lamberto se comunicaron con nosotros. Mientras tanto, los compañeros de la JP Evita están pintando el comedor de Ramón y trabajando en la realización de una jornada solidaria en Nuevo Alberdi”.